En estas elecciones ganó la capacidad contra el amauterismo, las propuestas concretas contra la falta de propuestas, la estatura presidencial contra el liderazgo moral, la promesa de seguridad y mano dura contra la honestidad y la cercanía, la France profonde contra la France des intellectuels, la derecha contra una izquierda que no termina de renovarse después del fracaso electoral del 2002 (porque aritméticamente desde la primera vuelta la derecha tenía más votos que el conjunto de la izquierda), los barrios ricos contra les banlieux (los suburbios), el cambio traducido en un proyecto tecnocrático contra el cambio traducido en "soyez audaz votez pour une femme", el machismo contra el feminismo, la mercadotecnia contra la movilización social, el deseo de seguridad contra el multiculturalismo, la figura del padre contra la figura de la madre, la cursilería del lema "ensemble tout est possible" contra el vacío del lema "La France Présidente", la estatura presidencial contra la denuncia moral y la indignación en el debate de la 2da vuelta (hace falta más que eso para ser Presidente de Francia), la provincia contra Paris (en Paris Sarkozy ganó por tan solo 3,800 votos, en el resto del país por 3 millones), el estridentismo de las declaraciones contra los jóvenes de las banliex y el 68 contra el "aimez vous les una aux autres".
Los franceses se reconcilairon con la política pues salieron a votar en un 83%, cifra récord, la diferencia de Sarkozy contra Ségolène es bastante cómoda, de 6 puntos, 53 contra 47. En junio habrá elecciones legislativas, el 3ème tour como le llama el PS., en donde habrá que estar al tanto del desempeño del centro que sorprendió en la primera vuelta de esta elección. ¿Será Bayrout el factotum en la formación de la nueva mayoría presidencial?
Ségolène no se retira como lo hizo Jospin en el 2002, ahora el reto es transformar a la izquierda. A pesar de la derrota, Ségoléne tiene un gran mérito que es el de haber levantado al PS después de la debacle del 2002 en la que ni siquiera llegó a la segunda vuelta en la elección presidencial, y haber iniciado la transformación de la izquierda cuya vida ha estado dominada por los llamados "elefantes" socialistas. Su gran mérito es haber obtenido 17 millones de votos, numéricamente superior a los obtenidos por Jospin, y el haber enfrentado a Sarkozy en una campaña que se antojaba más desigual.
Sarkozy no la tiene fácil, hasta ahora ningún Presidente francés ha podido transformar el modelo francés, no lo hizo Miterrand quien gobernó durante 14 años: mejor se dedicó a construir la Europa y a hacer obras faraónicas, y tampoco lo hizo Chirac, quien gobernó durante 12 años, y en donde se agravó la fractura social, tampoco lo hizo Jospin quien cohabitó como Primer Ministro con Chirac, y a quienes los franceses culpan de laxismo contra los migrantes, del fracaso de la semana de 35 horas, y del aumento de la inseguridad (la carga negativa que no ha abandonado a la izquierda francesa).
Hay quién dice que el 6 de mayo del 2007 es para la derecha como el 10 de mayo del 81 cuando ganó la izquierda por primera vez en la V República, pero los franceses ya no creen en "les lendemains qui chantent", la esperanza del cambio con la izquierda no se hizo realidad, y ahora el cambio que le toca encabezar a Sarkozy es un cambio mucho más doloroso, un cambio que implica para los franceses mucho sacrifico, sudor y lágrimas.
Hay quienes dicen que Sarkozy hará en Francia lo que hizo Blair en el Reino Unido, pero lo que hace falta en Francia no es una política blairista sino la serie de reformas que la Thatcher introdujo para evitar el declive inglés.
Hay una gran oportunidad de que Sarko se convierta en el gran modernizador de Francia después de De Gaulle, pero también un gran riesgo de que sus medidas polaricen a una sociedad en la que nadie, en los últimas décadas, ha podido desatar el nudo gordiano del cambio, y en la que las protestas y la movilizaciones sociales se apoderan de las calles (o incendian los coches en las banlieux) al más pequeño indicio de retroceso social.
lunes, 7 de mayo de 2007
domingo, 12 de noviembre de 2006
Primero la experiencia
Para Winston Churchill "la democracia es el gobierno de los expertos dirigidos por un amateur". Churchill trazó el ideal de todo sistema de gobierno democrático: contar con un equipo de servidores públicos expertos, dirigidos por un político elegido en un sistema de competencia electoral.
En una democracia avanzada difícilmente se puede dar la práctica de integrar servidores improvisados en puestos clave de la administración. Que un Alcalde de una gran capital nombre a su chofer como secretario de administración es difícil de imaginar en los países europeos.
En México, este tipo de nombramientos es posible gracias a los rasgos patrimoniales y discrecionales de nuestro sistema, que permite al político manejar a la administración como si fuese de su propiedad.
Lo ideal para México es poder combinar en un mismo sistema la expertise que asegura un servicio civil de carrera y, al mismo tiempo, garantizar la apertura del sistema a todos los niveles sociales.
El sistema de reclutamiento de los servidores públicos en México se formó paralelamente a la consolidación del régimen político priista en los años 30 y 40 del siglo pasado. Es un sistema híbrido y único en el mundo. Divide a los servidores en dos categorías: "trabajadores de confianza" y "trabajadores de base".
La categoría de "trabajadores de confianza" asegura el reclutamiento de la élite gobernante mientras le da al sistema una extraordinaria rotación del personal de alto nivel. Los estudios señalan que cada sexenio cambia por lo menos el 30 por ciento de los altos funcionarios, mismos que son sustituidos por el equipo del nuevo gobernante.
El lado positivo de este sistema es su enorme movilidad, ya que en 18 años se asegura la renovación de la casi totalidad de la élite en el poder. A diferencia de las violentas purgas estalinianas en la antigua URSS, el sistema ideado por el PRI "sacude el árbol" y permite la renovación de la clase política de manera pacífica. El lado negativo es que mantiene el sistema patrimonial y discrecional que hace posible que el gobernante en turno lleve a sus compadres y choferes en los altos mandos de la administración. La categoría de los "trabajadores de base", a su vez, mantiene la supeditación corporativa de los burócratas al partido en el poder.
El sistema ha funcionado porque "democratiza la corrupción", como escribió Gabriel Zaid, pues con la extraordinaria movilización y rotación del personal se institucionaliza una larga "cola" de aquellos que pacientemente esperan "que la Revolución les haga justicia" cada tres o seis años.
En el 2000, Vicente Fox puso en práctica un sistema de reclutamiento al estilo empresarial a través de "headhunters" pero, en los hechos, salvo muy contadas excepciones, terminó incorporando a su gabinete, como en el viejo régimen, a sus principales colaboradores de campaña.
A niveles estatales y municipales, la alternancia en el poder tampoco ha derivado en transformación del servicio civil. PRI, PAN y PRD participan de la corrupción del sistema. El sistema del viejo régimen se mantiene intacto.
La idea de un servicio civil de carrera como en los países europeos parece un sueño difícil de alcanzar en México por dos razones: primero, porque es sumamente caro y quebraría al Gobierno al querer financiar los sistemas de retiro de toda la burocracia; y, segundo, porque en un país con una estructura poblacional joven como la nuestra, un sistema de carrera crearía una burocracia rígida con poca permeabilidad social.
El efecto de la movilización y de la rotación del personal de alto nivel que mantiene el actual sistema es bueno para inyectar sangre fresca cada tres o seis años al servicio público, siempre y cuando se elimine el efecto perverso de la corrupción. Sin corrupción ya no habría incentivos para los servidores improvisados como los compadres, choferes, amigos del gobernante en turno y viejos políticos que esperan en la "cola" beneficiarse de la corrupción.
Lo anterior se puede lograr estableciendo una comisión anticorrupción autónoma, que ha operado con éxito en Honk Kong, y que permite transparentar el manejo de recursos y una más estrecha supervisión ciudadana del desempeño de los servidores públicos.
En el otro extremo, se tiene que eliminar el arcaísmo en el que se encuentran los llamados "trabajadores de base". El nuevo sistema tiene que erradicar el corporativismo sindical que aún existe en sectores como el educativo y garantizar el reclutamiento de cuadros profesionales en sectores como el policiaco.
En una democracia avanzada difícilmente se puede dar la práctica de integrar servidores improvisados en puestos clave de la administración. Que un Alcalde de una gran capital nombre a su chofer como secretario de administración es difícil de imaginar en los países europeos.
En México, este tipo de nombramientos es posible gracias a los rasgos patrimoniales y discrecionales de nuestro sistema, que permite al político manejar a la administración como si fuese de su propiedad.
Lo ideal para México es poder combinar en un mismo sistema la expertise que asegura un servicio civil de carrera y, al mismo tiempo, garantizar la apertura del sistema a todos los niveles sociales.
El sistema de reclutamiento de los servidores públicos en México se formó paralelamente a la consolidación del régimen político priista en los años 30 y 40 del siglo pasado. Es un sistema híbrido y único en el mundo. Divide a los servidores en dos categorías: "trabajadores de confianza" y "trabajadores de base".
La categoría de "trabajadores de confianza" asegura el reclutamiento de la élite gobernante mientras le da al sistema una extraordinaria rotación del personal de alto nivel. Los estudios señalan que cada sexenio cambia por lo menos el 30 por ciento de los altos funcionarios, mismos que son sustituidos por el equipo del nuevo gobernante.
El lado positivo de este sistema es su enorme movilidad, ya que en 18 años se asegura la renovación de la casi totalidad de la élite en el poder. A diferencia de las violentas purgas estalinianas en la antigua URSS, el sistema ideado por el PRI "sacude el árbol" y permite la renovación de la clase política de manera pacífica. El lado negativo es que mantiene el sistema patrimonial y discrecional que hace posible que el gobernante en turno lleve a sus compadres y choferes en los altos mandos de la administración. La categoría de los "trabajadores de base", a su vez, mantiene la supeditación corporativa de los burócratas al partido en el poder.
El sistema ha funcionado porque "democratiza la corrupción", como escribió Gabriel Zaid, pues con la extraordinaria movilización y rotación del personal se institucionaliza una larga "cola" de aquellos que pacientemente esperan "que la Revolución les haga justicia" cada tres o seis años.
En el 2000, Vicente Fox puso en práctica un sistema de reclutamiento al estilo empresarial a través de "headhunters" pero, en los hechos, salvo muy contadas excepciones, terminó incorporando a su gabinete, como en el viejo régimen, a sus principales colaboradores de campaña.
A niveles estatales y municipales, la alternancia en el poder tampoco ha derivado en transformación del servicio civil. PRI, PAN y PRD participan de la corrupción del sistema. El sistema del viejo régimen se mantiene intacto.
La idea de un servicio civil de carrera como en los países europeos parece un sueño difícil de alcanzar en México por dos razones: primero, porque es sumamente caro y quebraría al Gobierno al querer financiar los sistemas de retiro de toda la burocracia; y, segundo, porque en un país con una estructura poblacional joven como la nuestra, un sistema de carrera crearía una burocracia rígida con poca permeabilidad social.
El efecto de la movilización y de la rotación del personal de alto nivel que mantiene el actual sistema es bueno para inyectar sangre fresca cada tres o seis años al servicio público, siempre y cuando se elimine el efecto perverso de la corrupción. Sin corrupción ya no habría incentivos para los servidores improvisados como los compadres, choferes, amigos del gobernante en turno y viejos políticos que esperan en la "cola" beneficiarse de la corrupción.
Lo anterior se puede lograr estableciendo una comisión anticorrupción autónoma, que ha operado con éxito en Honk Kong, y que permite transparentar el manejo de recursos y una más estrecha supervisión ciudadana del desempeño de los servidores públicos.
En el otro extremo, se tiene que eliminar el arcaísmo en el que se encuentran los llamados "trabajadores de base". El nuevo sistema tiene que erradicar el corporativismo sindical que aún existe en sectores como el educativo y garantizar el reclutamiento de cuadros profesionales en sectores como el policiaco.
domingo, 30 de octubre de 2005
Chapulines políticos
Es más sano el "chapulineo" abierto y democrático que el "dedazo" burocrático y cerrado, pues al final de cuentas nos permite a los electores decidir en las urnas si premiamos o castigamos al chapulín, mientras que en el sistema del reclutamiento burocrático la opinión del elector no cuenta.
Lo primero que tendríamos que celebrar con humor es el ingenio mexicano en la invención del verbo "chapulinear", procedente de la palabra náhuatl chapulín, para describir el "salto" que hacen los políticos de un puesto a otro. Los franceses utilizan el término pantouflage: "cambiar de pantuflas", para describir el abandono del servicio público del Estado por un cargo de elección popular, o uno de una empresa privada.
Tanto en México como en Francia, el término tiene, de entrada, una connotación peyorativa. Pero veremos que, en la mayoría de los casos, el "chapulineo" no es tan malo.
Un sistema de reclutamiento democrático
El chapulineo está inherentemente ligado al reclutamiento de la clase política por medios democráticos, a través de la vía electoral. Se nos olvida que en la época que algunos llamamos del "autoritarismo burocrático" (1946-2000), el reclutamiento de la clase política en México se hacía a través de la burocracia. Para ser político había que ser funcionario o tecnócrata. En esta época, los requisitos para ocupar un puesto de elección popular eran pertenecer al PRI, tener estudios universitarios, de preferencia ser abogado o economista de la UNAM, tener un grado académico en el extranjero, y haber pasado por una larga trayectoria administrativa en la burocracia central. El contacto con los electores no era necesario. Hubo Presidentes de la República que llegaron al poder sin haber ocupado, siquiera, un cargo de elección popular, como Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari o Zedillo.
En este sentido, lo que describe el llamado "chapulineo" es un fenómeno reciente inherente a la democratización de la vida política mexicana. Por fortuna hemos dejando atrás el sistema del reclutamiento burocrático, centralista y unipartidista, y lo estamos sustituyendo por un sistema de reclutamiento democrático, descentralizado y plural.
Si tuviésemos que elegir entre regresar al método cerrado del reclutamiento burocrático, o seguir avanzando en el reclutamiento de nuestra clase política por un camino abierto, como es la vía electoral, pienso que, a todas luces, es más sano el "chapulineo" abierto y democrático que el "dedazo" burocrático y cerrado, pues al final de cuentas nos permite a los electores decidir en las urnas si premiamos o castigamos al chapulín, mientras que en el sistema del reclutamiento burocrático la opinión del elector no cuenta.
Ahora bien, el "chapulineo" en México, a diferencia de Estados Unidos, se ha acentuado por la prohibición expresa de reelección en los cargos de elección popular, principalmente en los casos de Diputados, senadores y presidentes municipales. En Estados Unidos, la reelección ha permitido el desarrollo de las carreras parlamentarias y políticas en las que el elector premia a aquellos que se han destacado por su eficiencia, profesionalismo y resultados.
Estoy consciente que el "chapulineo" se puede prestar a excesos cuando el político en cuestión abandona su puesto sin dar antes resultados. Si éste es el caso, es a los electores a quienes corresponde decidir si eligen o no al político chapulín en cuestión. Es claro que si el político que intenta saltar a otro puesto no dio resultados, lo más seguro es que sea castigado por un voto adverso.
Una profesión que rinde cuentas
La profesión de político chapulín es de alto riesgo. El político que accede a un puesto de elección popular sabe que si no salta a otro cargo de elección sus posibilidades de permanecer en la vida pública son limitadas. Pero también está consciente que su salto puede ser mortal, políticamente hablando, pues el elector puede emitir un voto de castigo si no ha incumplido con sus responsabilidades.
Por tal motivo y para avanzar en la profesionalización política en México, sería recomendable que se establezca la reelección para Diputados locales, Diputados federales, senadores y presidentes municipales. La reelección en estos cargos permitiría que los políticos mexicanos se especialicen en las áreas en las que han demostrado tener más talento, a juicio de los electores.
No menciono la reelección del Presidente de la República, ni de Gobernadores, pues en la opinión pública mexicana hay consenso para que en estos cargos ejecutivos, que se ejercen por seis años, prevalezca la no reelección.
Vemos con agrado que la democratización de la vida política en México esté planteando situaciones en las que Gobernadores, ex Gobernadores, y hasta ex Presidentes de la República buscan elegirse como senadores, lo cual bajo el viejo régimen era impensable, pues imperaba el principio no escrito de que el gobernante saliente no podía hacerle sombra a su sucesor.
Bajo la transición democrática que se vive en México, el reclutamiento de nuestra clase política ha regresado a cauces más abiertos y descentralizados en donde impera el principio de la rendición de cuentas al elector.
A diferencia de lo que sucedía antes del 2000, ahora el reclutamiento se hace por la vía electoral: antes de ser Presidente de la República, Vicente Fox fue Gobernador de Guanajuato. Los tres aspirantes más importantes a la Presidencia de la República en el 2006 han ocupado, previamente, cargos de elección popular, y tienen experiencia ya sea de gobierno o legislativa.
Muchos de los Gobernadores elegidos después del 2000 llegaron a sus cargos después de haber sido elegidos senadores o Diputados federales.
Para ser presidente municipal ya no basta con ser amigo del Presidente de la República, o del Gobernador en turno. Muchos de los que son, o aspiran ser, han sido senadores, Diputados o presidentes municipales de otros municipios.
Los que aspiran a ser senadores han sido Presidentes de la República, Gobernadores o Diputados federales.
Muchos de los aspiran a Diputados federales son Diputados locales.
El "chapulineo", a pesar de las críticas en su contra, tiene la virtud de ser democrático. Podrá no ser el mejor sistema de formación y reclutamiento de nuestra clase política, pero es al menos el más democrático.
(Este artículo fue publilcado en el periódico El Norte el 30-10-05)
Lo primero que tendríamos que celebrar con humor es el ingenio mexicano en la invención del verbo "chapulinear", procedente de la palabra náhuatl chapulín, para describir el "salto" que hacen los políticos de un puesto a otro. Los franceses utilizan el término pantouflage: "cambiar de pantuflas", para describir el abandono del servicio público del Estado por un cargo de elección popular, o uno de una empresa privada.
Tanto en México como en Francia, el término tiene, de entrada, una connotación peyorativa. Pero veremos que, en la mayoría de los casos, el "chapulineo" no es tan malo.
Un sistema de reclutamiento democrático
El chapulineo está inherentemente ligado al reclutamiento de la clase política por medios democráticos, a través de la vía electoral. Se nos olvida que en la época que algunos llamamos del "autoritarismo burocrático" (1946-2000), el reclutamiento de la clase política en México se hacía a través de la burocracia. Para ser político había que ser funcionario o tecnócrata. En esta época, los requisitos para ocupar un puesto de elección popular eran pertenecer al PRI, tener estudios universitarios, de preferencia ser abogado o economista de la UNAM, tener un grado académico en el extranjero, y haber pasado por una larga trayectoria administrativa en la burocracia central. El contacto con los electores no era necesario. Hubo Presidentes de la República que llegaron al poder sin haber ocupado, siquiera, un cargo de elección popular, como Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari o Zedillo.
En este sentido, lo que describe el llamado "chapulineo" es un fenómeno reciente inherente a la democratización de la vida política mexicana. Por fortuna hemos dejando atrás el sistema del reclutamiento burocrático, centralista y unipartidista, y lo estamos sustituyendo por un sistema de reclutamiento democrático, descentralizado y plural.
Si tuviésemos que elegir entre regresar al método cerrado del reclutamiento burocrático, o seguir avanzando en el reclutamiento de nuestra clase política por un camino abierto, como es la vía electoral, pienso que, a todas luces, es más sano el "chapulineo" abierto y democrático que el "dedazo" burocrático y cerrado, pues al final de cuentas nos permite a los electores decidir en las urnas si premiamos o castigamos al chapulín, mientras que en el sistema del reclutamiento burocrático la opinión del elector no cuenta.
Ahora bien, el "chapulineo" en México, a diferencia de Estados Unidos, se ha acentuado por la prohibición expresa de reelección en los cargos de elección popular, principalmente en los casos de Diputados, senadores y presidentes municipales. En Estados Unidos, la reelección ha permitido el desarrollo de las carreras parlamentarias y políticas en las que el elector premia a aquellos que se han destacado por su eficiencia, profesionalismo y resultados.
Estoy consciente que el "chapulineo" se puede prestar a excesos cuando el político en cuestión abandona su puesto sin dar antes resultados. Si éste es el caso, es a los electores a quienes corresponde decidir si eligen o no al político chapulín en cuestión. Es claro que si el político que intenta saltar a otro puesto no dio resultados, lo más seguro es que sea castigado por un voto adverso.
Una profesión que rinde cuentas
La profesión de político chapulín es de alto riesgo. El político que accede a un puesto de elección popular sabe que si no salta a otro cargo de elección sus posibilidades de permanecer en la vida pública son limitadas. Pero también está consciente que su salto puede ser mortal, políticamente hablando, pues el elector puede emitir un voto de castigo si no ha incumplido con sus responsabilidades.
Por tal motivo y para avanzar en la profesionalización política en México, sería recomendable que se establezca la reelección para Diputados locales, Diputados federales, senadores y presidentes municipales. La reelección en estos cargos permitiría que los políticos mexicanos se especialicen en las áreas en las que han demostrado tener más talento, a juicio de los electores.
No menciono la reelección del Presidente de la República, ni de Gobernadores, pues en la opinión pública mexicana hay consenso para que en estos cargos ejecutivos, que se ejercen por seis años, prevalezca la no reelección.
Vemos con agrado que la democratización de la vida política en México esté planteando situaciones en las que Gobernadores, ex Gobernadores, y hasta ex Presidentes de la República buscan elegirse como senadores, lo cual bajo el viejo régimen era impensable, pues imperaba el principio no escrito de que el gobernante saliente no podía hacerle sombra a su sucesor.
Bajo la transición democrática que se vive en México, el reclutamiento de nuestra clase política ha regresado a cauces más abiertos y descentralizados en donde impera el principio de la rendición de cuentas al elector.
A diferencia de lo que sucedía antes del 2000, ahora el reclutamiento se hace por la vía electoral: antes de ser Presidente de la República, Vicente Fox fue Gobernador de Guanajuato. Los tres aspirantes más importantes a la Presidencia de la República en el 2006 han ocupado, previamente, cargos de elección popular, y tienen experiencia ya sea de gobierno o legislativa.
Muchos de los Gobernadores elegidos después del 2000 llegaron a sus cargos después de haber sido elegidos senadores o Diputados federales.
Para ser presidente municipal ya no basta con ser amigo del Presidente de la República, o del Gobernador en turno. Muchos de los que son, o aspiran ser, han sido senadores, Diputados o presidentes municipales de otros municipios.
Los que aspiran a ser senadores han sido Presidentes de la República, Gobernadores o Diputados federales.
Muchos de los aspiran a Diputados federales son Diputados locales.
El "chapulineo", a pesar de las críticas en su contra, tiene la virtud de ser democrático. Podrá no ser el mejor sistema de formación y reclutamiento de nuestra clase política, pero es al menos el más democrático.
(Este artículo fue publilcado en el periódico El Norte el 30-10-05)
miércoles, 13 de julio de 2005
Elecciones Edomex: ¿Anticipo del 2006?
La elección de Gobernador del Estado de México es considerada por muchos como la antesala de la elección presidencial del 2006.
Sería demasiado aventurado concluir que el resultado de una elección local es un indicador de lo que será el desenlace de la elección presidencial: el probable triunfo del PRI en el Edomex no es un adelanto del regreso del PRI a Los Pinos en el 2006.
Me parece que los aspectos más destacables de la elección mexiquense en relación a la elección presidencial del 2006 son los siguientes:
1. Crisis de los partidos. En el Estado de México, el PRI arrancó su proceso de elección de candidato con la participación de aspirantes de mucho peso, como Carlos Hank Rhon e Isidro Pastor, y algunos no tan conocidos, como Enrique Peña. En el proceso interno se tradujo en un enfrentamiento entre las corrientes políticas locales, y entre la dirigencia nacional del PRI y el grupo político del Gobernador. El proceso generó tal fractura que se tuvo que abortar para dar cauce a un candidato de unidad. Como consecuencia, Isidro Pastor renunció al PRI.
El PAN, por su parte, celebró una elección interna en la que resultó triunfador el ex Alcalde de Tlalnepantla, Rubén Mendoza, pero ésta fue inmediatamente impugnada por su contrincante, el ex candidato a Gobernador por este partido en 1999, José Luis Durán, alegando que se había cometido fraude. A pesar de los intentos de reponer la elección, finalmente la dirigencia nacional del PAN decidió apoyar a Mendoza, pero con el repliegue de la corriente perdedora.
El PRD no celebró elecciones internas. La designación de una candidata apartidista, la ex dirigente nacional de la Canacintra, Yeidckol Polenvsky, surgió con el deseo de generar una alianza ciudadana a favor del PRD.
Los partidos políticos siguen detentando en México el monopolio de las candidaturas, pero llegan a la elección del 2006 con una asignatura pendiente: la democracia interna.
2. ¿Quién regula las precampañas? Las precampañas en el Estado de México se llevaron a cabo en medio de un vacío legal que impidió el control en cuanto a los tiempos y gastos. Lo mismo sucede a nivel nacional. Salvo excepciones muy contadas en algunos estados del País, las precampañas suelen extenderse indefinidamente ante el hastío de buena parte de la población.
3. ¿Quién respeta los topes de campaña? El tope de los gastos de campaña en el Estado de México es de 216 millones de pesos por cada candidato a Gobernador.
El problema de los topes de campaña es que el sistema de fiscalización se hace de acuerdo a reportes que se presentan una vez concluida la elección. Esto alienta a los candidatos a rebasar los topes bajo el argumento de que "es mejor defender la elección con el triunfo en la mano, que impugnarla como candidato perdedor".
Como el sistema de fiscalización es el mismo a nivel nacional, nada nos asegura que en el 2006 no se vuelvan a repetir las controversias en torno los amigos de Fox y el llamado Pemexgate.
4. Crisis de la video-política. Lo que más me ha sorprendido de la elección del Edomex y de las precampañas presidenciales actualmente en curso es la pobreza de los mensajes televisivos. La video-política en México es relativamente reciente, pero lo que estamos presenciando hoy en día es algo muy lamentable. No veo innovación por ninguna parte. Por el contrario, existe un retroceso con relación a campañas como la del PAN del 97 o la Fox del 2000.
Las campañas televisivas del Estado de México y las precampañas nacionales se encuentran atrapadas en el posicionamiento de la imagen de los candidatos en base a sus virtudes físicas. Explotan ilimitadamente la aparición del candidato frente a las cámaras. Sobredimensionan hasta el absurdo la importancia del lema, con frases muy desgastadas y sin sentido. Están plagadas de plagios y lugares comunes. La descalificación prevalece sobre las propuestas. Lo más grave de todo es que esto se traducirá, seguramente, en una importante abstención.
5. El triunfo local no asegura el presidencial. La tesis de los estrategas nacionales del PRI rumbo al 2006 consiste en sumar los triunfos locales como un pronóstico de lo que sucederá en la elección presidencial.
Aun cuando el PRI gane la elección del Edomex, está por verse que ésta sea la antesala del regreso a Los Pinos en el 2006. Para el PRI el reto es romper el estigma de ganar las elecciones locales y perder la presidencial, como sucedió en el 2000.
Para el PAN, la derrota en el Estado de México y Nayarit confirmará su pobre desempeño en las elecciones locales después del 2000. La gran paradoja del PAN es haber ganado la elección presidencial, y, sin embargo, perder la mayoría de las elecciones locales.
Este domingo, el PRD puede dar la sorpresa en el Edomex y Nayarit al desplazar al PAN en el segundo lugar de los resultados electorales. El ascenso electoral del PRD en el 2005 se explica por el factor López Obrador. Sin embargo, la elección del Edomex ha demostrado, también, que la popularidad nacional de Jefe de Gobierno del DF no es transferible al grado de garantizar el triunfo de sus candidatos. El PRD podría ganar la elección presidencial sin haber ganado la mayoría de elecciones estatales, ni contar con una base de movilización territorial como la que puede tener el PRI y el PAN, tal como sucedió con Fox en el 2000.
Con toda seguridad, la elección del Estado de México se decidirá en los tribunales, quienes tendrán que resolver la controversia en torno a los gastos de campaña.
Nos acercamos al 2006 no sólo en medio de la crisis de los partidos, sino también ante el agotamiento de las formas tradicionales de hacer política y con muchos vacíos jurídicos en materia de control de gastos y financiamiento de campañas y precampañas. El reto para el 2006 es evitar que las campañas se desarrollen ante el hastío e indiferencia generalizada de los electores, y que los ataques prevalezcan sobre las propuestas: la elección debe resolverse en las urnas, no en los tribunales.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 03-07-05)
Sería demasiado aventurado concluir que el resultado de una elección local es un indicador de lo que será el desenlace de la elección presidencial: el probable triunfo del PRI en el Edomex no es un adelanto del regreso del PRI a Los Pinos en el 2006.
Me parece que los aspectos más destacables de la elección mexiquense en relación a la elección presidencial del 2006 son los siguientes:
1. Crisis de los partidos. En el Estado de México, el PRI arrancó su proceso de elección de candidato con la participación de aspirantes de mucho peso, como Carlos Hank Rhon e Isidro Pastor, y algunos no tan conocidos, como Enrique Peña. En el proceso interno se tradujo en un enfrentamiento entre las corrientes políticas locales, y entre la dirigencia nacional del PRI y el grupo político del Gobernador. El proceso generó tal fractura que se tuvo que abortar para dar cauce a un candidato de unidad. Como consecuencia, Isidro Pastor renunció al PRI.
El PAN, por su parte, celebró una elección interna en la que resultó triunfador el ex Alcalde de Tlalnepantla, Rubén Mendoza, pero ésta fue inmediatamente impugnada por su contrincante, el ex candidato a Gobernador por este partido en 1999, José Luis Durán, alegando que se había cometido fraude. A pesar de los intentos de reponer la elección, finalmente la dirigencia nacional del PAN decidió apoyar a Mendoza, pero con el repliegue de la corriente perdedora.
El PRD no celebró elecciones internas. La designación de una candidata apartidista, la ex dirigente nacional de la Canacintra, Yeidckol Polenvsky, surgió con el deseo de generar una alianza ciudadana a favor del PRD.
Los partidos políticos siguen detentando en México el monopolio de las candidaturas, pero llegan a la elección del 2006 con una asignatura pendiente: la democracia interna.
2. ¿Quién regula las precampañas? Las precampañas en el Estado de México se llevaron a cabo en medio de un vacío legal que impidió el control en cuanto a los tiempos y gastos. Lo mismo sucede a nivel nacional. Salvo excepciones muy contadas en algunos estados del País, las precampañas suelen extenderse indefinidamente ante el hastío de buena parte de la población.
3. ¿Quién respeta los topes de campaña? El tope de los gastos de campaña en el Estado de México es de 216 millones de pesos por cada candidato a Gobernador.
El problema de los topes de campaña es que el sistema de fiscalización se hace de acuerdo a reportes que se presentan una vez concluida la elección. Esto alienta a los candidatos a rebasar los topes bajo el argumento de que "es mejor defender la elección con el triunfo en la mano, que impugnarla como candidato perdedor".
Como el sistema de fiscalización es el mismo a nivel nacional, nada nos asegura que en el 2006 no se vuelvan a repetir las controversias en torno los amigos de Fox y el llamado Pemexgate.
4. Crisis de la video-política. Lo que más me ha sorprendido de la elección del Edomex y de las precampañas presidenciales actualmente en curso es la pobreza de los mensajes televisivos. La video-política en México es relativamente reciente, pero lo que estamos presenciando hoy en día es algo muy lamentable. No veo innovación por ninguna parte. Por el contrario, existe un retroceso con relación a campañas como la del PAN del 97 o la Fox del 2000.
Las campañas televisivas del Estado de México y las precampañas nacionales se encuentran atrapadas en el posicionamiento de la imagen de los candidatos en base a sus virtudes físicas. Explotan ilimitadamente la aparición del candidato frente a las cámaras. Sobredimensionan hasta el absurdo la importancia del lema, con frases muy desgastadas y sin sentido. Están plagadas de plagios y lugares comunes. La descalificación prevalece sobre las propuestas. Lo más grave de todo es que esto se traducirá, seguramente, en una importante abstención.
5. El triunfo local no asegura el presidencial. La tesis de los estrategas nacionales del PRI rumbo al 2006 consiste en sumar los triunfos locales como un pronóstico de lo que sucederá en la elección presidencial.
Aun cuando el PRI gane la elección del Edomex, está por verse que ésta sea la antesala del regreso a Los Pinos en el 2006. Para el PRI el reto es romper el estigma de ganar las elecciones locales y perder la presidencial, como sucedió en el 2000.
Para el PAN, la derrota en el Estado de México y Nayarit confirmará su pobre desempeño en las elecciones locales después del 2000. La gran paradoja del PAN es haber ganado la elección presidencial, y, sin embargo, perder la mayoría de las elecciones locales.
Este domingo, el PRD puede dar la sorpresa en el Edomex y Nayarit al desplazar al PAN en el segundo lugar de los resultados electorales. El ascenso electoral del PRD en el 2005 se explica por el factor López Obrador. Sin embargo, la elección del Edomex ha demostrado, también, que la popularidad nacional de Jefe de Gobierno del DF no es transferible al grado de garantizar el triunfo de sus candidatos. El PRD podría ganar la elección presidencial sin haber ganado la mayoría de elecciones estatales, ni contar con una base de movilización territorial como la que puede tener el PRI y el PAN, tal como sucedió con Fox en el 2000.
Con toda seguridad, la elección del Estado de México se decidirá en los tribunales, quienes tendrán que resolver la controversia en torno a los gastos de campaña.
Nos acercamos al 2006 no sólo en medio de la crisis de los partidos, sino también ante el agotamiento de las formas tradicionales de hacer política y con muchos vacíos jurídicos en materia de control de gastos y financiamiento de campañas y precampañas. El reto para el 2006 es evitar que las campañas se desarrollen ante el hastío e indiferencia generalizada de los electores, y que los ataques prevalezcan sobre las propuestas: la elección debe resolverse en las urnas, no en los tribunales.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 03-07-05)
sábado, 2 de abril de 2005
Legalidad vs. democracia
“Aplicar el estado de derecho" se ha convertido en el principal argumento del gobierno de Fox y de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para desaforar a López Obrador. La "legalidad" está siendo utilizada para impedir que el principal representante de la izquierda -desde la elección de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88- participe en la elección presidencial del 2006.
¿Es correcto inhabilitar a un adversario político so pretexto de la aplicación de la ley? La respuesta es afirmativa cuando estamos en presencia de una situación clara, un hecho grave, o una violación sistemática de la ley. No se justifica cuando a partir de un hecho aislado, el poder público convierte la aplicación del derecho en una táctica para lograr objetivos electorales, y, menos aún, cuando los efectos son contraproducentes para la consolidación de nuestra incipiente democracia.
Las consecuencias de este tipo de maximalismo político son de diversos tipos: se provoca una ruptura en el proceso de transición a la democracia que en el 2000 permitió la alternancia en el poder a nivel presidencial; se genera un retroceso en la modernización democrática en México y se pone en riesgo la elección presidencial del 2006.
Una ruptura con la transición
Fox llegó al poder con la promesa de poner en marcha un proceso de transición democrática convocando al "Pacto de Chapultepec". Como en la mayoría de los procesos de transición, el pacto incluía negociar con la izquierda. Cinco años después, el pacto ha caído en el olvido. De la promesa de transición democrática hemos pasado a la ruptura con la transición.
Los estudiosos de los procesos de transición democrática coinciden en que una democracia requiere de varias condiciones para funcionar. Una de ellas es la división de poderes que garantice la correcta aplicación de la ley y la vigencia del estado de derecho. Pero, además, y como condiciones previas, se requiere el respeto a las minorías y reglas equitativas que garanticen a todos los candidatos y partidos igualdad de condiciones para participar en la contienda electoral.
Para que haya democracia es indispensable asegurar que las minorías puedan convertirse en mayorías: ¡que la oposición pueda, a su vez, gobernar! Las democracias que impiden la alternancia en el poder no son democracias.
Una contrarreforma política
El desafuero por motivos electorales tendría el efecto de un retroceso político que iría a contracorriente de la dinámica impulsada por la reforma de Jesús Reyes Heroles en 1977, uno de cuyos principales méritos fue la legalización de los partidos de izquierda y su inclusión al juego electoral. Gracias a esta dinámica modernizadora, la izquierda mexicana, después del 68, optó por decirle adiós a las armas para entrarle de lleno a juego electoral.
Basta con echarle un breve vistazo a la política comparada: la Quinta República francesa no se hubiese consolidado sin la alternancia en el gobierno de 1981 que le permitió a Franìois Mitterrand acceder al poder, después de 23 años de oposición. Lo mismo sucedió en España, cuya democracia no se hubiese modernizado sin la llegada al gobierno de Felipe González y el PSOE en 1982. En América Latina, pensemos en los casos de Lula en Brasil, o de Tabaré Vázquez en Uruguay. ¿Qué hubiese sido de estas democracias si se hubiese impedido a los candidatos de izquierda competir por el poder?
El derecho a la alternancia debe valer por igual tanto para la derecha como para la izquierda. La prueba de fuego de nuestra consolidación democrática consiste en permitir que la izquierda participe en las elecciones en igualdad de condiciones que el resto de los partidos.
Un bipartidismo excluyente
La elección presidencial del 2000 sirvió para consolidar a nivel nacional un sistema tripartidista más o menos equilibrado, conformado por el PRI, el PAN y el PRD. El desafuero de López Obrador tendría como efecto transformar el sistema de partidos en uno bipartidista en donde sólo participarían el PRI y el PAN, puesto que lo más seguro es que, sin López Obrador como candidato, el PRD tome la decisión de retirarse de la contienda del 2006.
La democracia mexicana sufriría un brutal retroceso hacia un modelo decimonónico de bipartidismo excluyente, como fue el caso de Colombia hace algunos años, o el caso de muchas otras democracias bipartidistas latinoamericanas, en donde la izquierda no participa en el juego electoral.
¿Qué motivación tendrían los electores para acudir a las urnas si en la elección del 2006 se presentasen tan sólo los candidatos del PRI y del PAN después de haber votado a favor de la eliminación del que va en primer lugar en las encuestas? La elección presidencial del 2006 podría convertirse en un juego sin interés, en donde predomine el abstencionismo.
Más que inhabilitarlo para impedir que participe en las elecciones, los adversarios de López Obrador deberían buscar la forma de ganarle en las urnas, por ejemplo, sometiendo a juicio de los electores la eficiencia de las políticas públicas aplicadas en el DF. ¡Esa es la esencia del juego democrático moderno!
El estado de derecho se construye a partir de una democracia electoral incluyente, en donde todos los actores políticos participan en igualdad de condiciones. En donde se respeta la voluntad de los electores para que las minorías lleguen al poder. Aplicar la legalidad como una táctica para eliminar al adversario atenta contra el estado de derecho en su sentido más amplio.
No hay que olvidar que la reina de las libertades es la libertad política: la que nos permite elegir a nuestros gobernantes mediante el sufragio libre, universal y secreto. Limitar el pluralismo político so pretexto de aplicar el estado de derecho nos llevaría a una nueva modalidad de autoritarismo que no estaba inscrito en el proyecto por el que la mayoría de los mexicanos votó el 2 de julio del 2000.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 02-04-05)
¿Es correcto inhabilitar a un adversario político so pretexto de la aplicación de la ley? La respuesta es afirmativa cuando estamos en presencia de una situación clara, un hecho grave, o una violación sistemática de la ley. No se justifica cuando a partir de un hecho aislado, el poder público convierte la aplicación del derecho en una táctica para lograr objetivos electorales, y, menos aún, cuando los efectos son contraproducentes para la consolidación de nuestra incipiente democracia.
Las consecuencias de este tipo de maximalismo político son de diversos tipos: se provoca una ruptura en el proceso de transición a la democracia que en el 2000 permitió la alternancia en el poder a nivel presidencial; se genera un retroceso en la modernización democrática en México y se pone en riesgo la elección presidencial del 2006.
Una ruptura con la transición
Fox llegó al poder con la promesa de poner en marcha un proceso de transición democrática convocando al "Pacto de Chapultepec". Como en la mayoría de los procesos de transición, el pacto incluía negociar con la izquierda. Cinco años después, el pacto ha caído en el olvido. De la promesa de transición democrática hemos pasado a la ruptura con la transición.
Los estudiosos de los procesos de transición democrática coinciden en que una democracia requiere de varias condiciones para funcionar. Una de ellas es la división de poderes que garantice la correcta aplicación de la ley y la vigencia del estado de derecho. Pero, además, y como condiciones previas, se requiere el respeto a las minorías y reglas equitativas que garanticen a todos los candidatos y partidos igualdad de condiciones para participar en la contienda electoral.
Para que haya democracia es indispensable asegurar que las minorías puedan convertirse en mayorías: ¡que la oposición pueda, a su vez, gobernar! Las democracias que impiden la alternancia en el poder no son democracias.
Una contrarreforma política
El desafuero por motivos electorales tendría el efecto de un retroceso político que iría a contracorriente de la dinámica impulsada por la reforma de Jesús Reyes Heroles en 1977, uno de cuyos principales méritos fue la legalización de los partidos de izquierda y su inclusión al juego electoral. Gracias a esta dinámica modernizadora, la izquierda mexicana, después del 68, optó por decirle adiós a las armas para entrarle de lleno a juego electoral.
Basta con echarle un breve vistazo a la política comparada: la Quinta República francesa no se hubiese consolidado sin la alternancia en el gobierno de 1981 que le permitió a Franìois Mitterrand acceder al poder, después de 23 años de oposición. Lo mismo sucedió en España, cuya democracia no se hubiese modernizado sin la llegada al gobierno de Felipe González y el PSOE en 1982. En América Latina, pensemos en los casos de Lula en Brasil, o de Tabaré Vázquez en Uruguay. ¿Qué hubiese sido de estas democracias si se hubiese impedido a los candidatos de izquierda competir por el poder?
El derecho a la alternancia debe valer por igual tanto para la derecha como para la izquierda. La prueba de fuego de nuestra consolidación democrática consiste en permitir que la izquierda participe en las elecciones en igualdad de condiciones que el resto de los partidos.
Un bipartidismo excluyente
La elección presidencial del 2000 sirvió para consolidar a nivel nacional un sistema tripartidista más o menos equilibrado, conformado por el PRI, el PAN y el PRD. El desafuero de López Obrador tendría como efecto transformar el sistema de partidos en uno bipartidista en donde sólo participarían el PRI y el PAN, puesto que lo más seguro es que, sin López Obrador como candidato, el PRD tome la decisión de retirarse de la contienda del 2006.
La democracia mexicana sufriría un brutal retroceso hacia un modelo decimonónico de bipartidismo excluyente, como fue el caso de Colombia hace algunos años, o el caso de muchas otras democracias bipartidistas latinoamericanas, en donde la izquierda no participa en el juego electoral.
¿Qué motivación tendrían los electores para acudir a las urnas si en la elección del 2006 se presentasen tan sólo los candidatos del PRI y del PAN después de haber votado a favor de la eliminación del que va en primer lugar en las encuestas? La elección presidencial del 2006 podría convertirse en un juego sin interés, en donde predomine el abstencionismo.
Más que inhabilitarlo para impedir que participe en las elecciones, los adversarios de López Obrador deberían buscar la forma de ganarle en las urnas, por ejemplo, sometiendo a juicio de los electores la eficiencia de las políticas públicas aplicadas en el DF. ¡Esa es la esencia del juego democrático moderno!
El estado de derecho se construye a partir de una democracia electoral incluyente, en donde todos los actores políticos participan en igualdad de condiciones. En donde se respeta la voluntad de los electores para que las minorías lleguen al poder. Aplicar la legalidad como una táctica para eliminar al adversario atenta contra el estado de derecho en su sentido más amplio.
No hay que olvidar que la reina de las libertades es la libertad política: la que nos permite elegir a nuestros gobernantes mediante el sufragio libre, universal y secreto. Limitar el pluralismo político so pretexto de aplicar el estado de derecho nos llevaría a una nueva modalidad de autoritarismo que no estaba inscrito en el proyecto por el que la mayoría de los mexicanos votó el 2 de julio del 2000.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 02-04-05)
domingo, 6 de junio de 2004
Precampañas: ¿Libres o reguladas?
¿Tiene razón Vicente Fox en reprender a su Secretario de Energía, Felipe Calderón, por acudir a un acto de proselitismo con miras a la elección presidencial del 2006? ¿Es válido que Felipe Calderón renuncie a su puesto, bajo el pretexto de "lo exagerado del regaño presidencial", o bien, debió haber renunciado por violación a la ética republicana que impide que un funcionario de gobierno sea, a la vez, precandidato a la Presidencia de la República?
¿Deben los partidos hacer precampañas con tanto tiempo de anticipación sin más límite que el interés de sus estrategias políticas para preservar el poder, como fue el caso del PAN en Nuevo León que, de febrero a noviembre del 2002, organizó la precampaña a la gubernatura más larga que se haya conocido en la historia del estado, o del PRI, a nivel nacional, que organizó sus elecciones primarias para candidato a la Presidencia de la República de septiembre a noviembre de 1999?
Esta es sólo una pequeña muestra de la necesidad que tenemos de acotar los tiempos electorales. Los mexicanos no podemos vivir bajo un sistema de deliberación constante. Hemos pasado, en unos pocos años, de la "campaña permanente", en la que los gobiernos se veían en la imperiosa necesidad de comunicar sus logros, a los tiempos de la "elección permanente" en la que los partidos y actores políticos dedican la mayor parte de su agenda a prepararse para triunfar en la pasarela del sufragio universal.
¿Puede una democracia subsistir cultivando la forma sin trabajar el fondo, privilegiando los medios y no los fines, las reglas y no los resultados?
La elección permanente altera el "equilibrio democrático" que presupone que hay un tiempo para elegir, y otro muy distinto para gobernar. Contrario a lo que sucede en los regímenes totalitarios, en las democracias representativas los ciudadanos no pueden vivir bajo el acoso de la eterna movilización política, sino -por paradójico que esto pueda parecer-, bajo la seguridad de que su participación política está acotada a los tiempos electorales.
En la mayoría de los países democráticos los periodos de campañas no suelen sobrepasar los seis meses, incluyendo la precampaña y la campaña constitucional. En la elección para Gobernador de Nuevo León en la que Natividad González Parás resultó triunfador, los periodos de precampaña y campaña constitucional se prolongaron por 18 meses -de enero del 2002 a julio del 2003-, el triple que en las democracias desarrolladas.
El riesgo es que estamos transitando de un "sistema autoritario" con participación política limitada, a uno democrático con "elecciones permanentes". La euforia de la transición democrática que se ha apoderado de nuestra clase política nos ha llevado a privilegiar la cantidad, mas no la calidad. Una cosa es comunicar logros de gobierno -la "campaña permanente"-, y otra muy distinta es cultivar las expectativas ciudadanas en base al ideal utópico de la sociedad que se puede alcanzar -"la elección permanente-".
Debemos preguntarnos: ¿el hecho de tener campañas electorales con el triple de duración que la mayoría de las democracias contemporáneas nos hace más democráticos?
Bajo el autoritarismo presidencialista no había necesidad de reglamentar las precampañas, ni limitar las aspiraciones de los funcionarios deseosos de ocupar un puesto de elección popular, pues se vivía bajo la regla no escrita, que resumió a la perfección Fidel Velázquez: "el que se mueve no sale en la foto". En el presidencialismo priista los actores políticos mantenían una férrea disciplina, pues la regla era que el Presidente saliente eligiera por "dedazo" a su sucesor.
Vicente Fox rompió esta regla para emprender, desde la oposición, una larga precampaña con dos años de anticipación. Ahora el principio que prevalece es el inverso: "para salir en la foto hay que moverse", imponiendo a nuestra clase política un activismo electoral que distorsiona el funcionamiento normal de la democracia. Al hacerlo se substituyó un sistema cuya premisa era la disciplina, por otro en el cual el principio es la ausencia de reglas.
Con un agravante adicional: heredamos del viejo régimen la larga duración de las campañas electorales, olvidando que bajo el presidencialismo priista las campañas políticas no estaban diseñadas para escenificar una auténtica contienda electoral, sino para plebiscitar al candidato oficial a través de sus recorridos a lo largo y ancho del país.
El diagnóstico es claro. Tenemos que rediseñar y reinventar los tiempos electorales. Al país no le conviene que los procesos electorales se prolonguen indefinidamente, o que pasemos más tiempo deliberando, que resolviendo los problemas que le aquejan.
Los mecanismos para avanzar hacia la normalidad democrática son dos: primero, limitar los tiempos electorales a no más de seis meses incluyendo la precampaña y la campaña constitucional. Y, segundo, impedir que tanto los partidos políticos como los servidores públicos hagan proselitismo fuera de los periodos electorales.
El principio que debe regir la relación entre los partidos políticos y gobierno es el de la estricta separación entre campañas electorales y gobierno. Si algún servidor público, como es el caso de Felipe Calderón, o de muchos otros más, aspira a ser candidato a un puesto de elección popular, debe renunciar a su cargo para evitar alterar la neutralidad política del gobierno.
Por encima de todos estos argumentos, existe una razón de índole práctica para dejar atrás el sistema de elección permanente: las campañas son muy costosas, y México no puede permitirse mantener una democracia onerosa: "pueblo pobre, democracia rica".
Tenemos que pasar de la euforia de la elección permanente, a la normalidad de los gobiernos eficientes. No podemos darnos el lujo de invertir cantidades estratosféricas en los procesos electorales, para que el resultado sea gobiernos mediocres con un desempeño por debajo de las expectativas suscitadas en la campaña electoral.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 06-06-04)
¿Deben los partidos hacer precampañas con tanto tiempo de anticipación sin más límite que el interés de sus estrategias políticas para preservar el poder, como fue el caso del PAN en Nuevo León que, de febrero a noviembre del 2002, organizó la precampaña a la gubernatura más larga que se haya conocido en la historia del estado, o del PRI, a nivel nacional, que organizó sus elecciones primarias para candidato a la Presidencia de la República de septiembre a noviembre de 1999?
Esta es sólo una pequeña muestra de la necesidad que tenemos de acotar los tiempos electorales. Los mexicanos no podemos vivir bajo un sistema de deliberación constante. Hemos pasado, en unos pocos años, de la "campaña permanente", en la que los gobiernos se veían en la imperiosa necesidad de comunicar sus logros, a los tiempos de la "elección permanente" en la que los partidos y actores políticos dedican la mayor parte de su agenda a prepararse para triunfar en la pasarela del sufragio universal.
¿Puede una democracia subsistir cultivando la forma sin trabajar el fondo, privilegiando los medios y no los fines, las reglas y no los resultados?
La elección permanente altera el "equilibrio democrático" que presupone que hay un tiempo para elegir, y otro muy distinto para gobernar. Contrario a lo que sucede en los regímenes totalitarios, en las democracias representativas los ciudadanos no pueden vivir bajo el acoso de la eterna movilización política, sino -por paradójico que esto pueda parecer-, bajo la seguridad de que su participación política está acotada a los tiempos electorales.
En la mayoría de los países democráticos los periodos de campañas no suelen sobrepasar los seis meses, incluyendo la precampaña y la campaña constitucional. En la elección para Gobernador de Nuevo León en la que Natividad González Parás resultó triunfador, los periodos de precampaña y campaña constitucional se prolongaron por 18 meses -de enero del 2002 a julio del 2003-, el triple que en las democracias desarrolladas.
El riesgo es que estamos transitando de un "sistema autoritario" con participación política limitada, a uno democrático con "elecciones permanentes". La euforia de la transición democrática que se ha apoderado de nuestra clase política nos ha llevado a privilegiar la cantidad, mas no la calidad. Una cosa es comunicar logros de gobierno -la "campaña permanente"-, y otra muy distinta es cultivar las expectativas ciudadanas en base al ideal utópico de la sociedad que se puede alcanzar -"la elección permanente-".
Debemos preguntarnos: ¿el hecho de tener campañas electorales con el triple de duración que la mayoría de las democracias contemporáneas nos hace más democráticos?
Bajo el autoritarismo presidencialista no había necesidad de reglamentar las precampañas, ni limitar las aspiraciones de los funcionarios deseosos de ocupar un puesto de elección popular, pues se vivía bajo la regla no escrita, que resumió a la perfección Fidel Velázquez: "el que se mueve no sale en la foto". En el presidencialismo priista los actores políticos mantenían una férrea disciplina, pues la regla era que el Presidente saliente eligiera por "dedazo" a su sucesor.
Vicente Fox rompió esta regla para emprender, desde la oposición, una larga precampaña con dos años de anticipación. Ahora el principio que prevalece es el inverso: "para salir en la foto hay que moverse", imponiendo a nuestra clase política un activismo electoral que distorsiona el funcionamiento normal de la democracia. Al hacerlo se substituyó un sistema cuya premisa era la disciplina, por otro en el cual el principio es la ausencia de reglas.
Con un agravante adicional: heredamos del viejo régimen la larga duración de las campañas electorales, olvidando que bajo el presidencialismo priista las campañas políticas no estaban diseñadas para escenificar una auténtica contienda electoral, sino para plebiscitar al candidato oficial a través de sus recorridos a lo largo y ancho del país.
El diagnóstico es claro. Tenemos que rediseñar y reinventar los tiempos electorales. Al país no le conviene que los procesos electorales se prolonguen indefinidamente, o que pasemos más tiempo deliberando, que resolviendo los problemas que le aquejan.
Los mecanismos para avanzar hacia la normalidad democrática son dos: primero, limitar los tiempos electorales a no más de seis meses incluyendo la precampaña y la campaña constitucional. Y, segundo, impedir que tanto los partidos políticos como los servidores públicos hagan proselitismo fuera de los periodos electorales.
El principio que debe regir la relación entre los partidos políticos y gobierno es el de la estricta separación entre campañas electorales y gobierno. Si algún servidor público, como es el caso de Felipe Calderón, o de muchos otros más, aspira a ser candidato a un puesto de elección popular, debe renunciar a su cargo para evitar alterar la neutralidad política del gobierno.
Por encima de todos estos argumentos, existe una razón de índole práctica para dejar atrás el sistema de elección permanente: las campañas son muy costosas, y México no puede permitirse mantener una democracia onerosa: "pueblo pobre, democracia rica".
Tenemos que pasar de la euforia de la elección permanente, a la normalidad de los gobiernos eficientes. No podemos darnos el lujo de invertir cantidades estratosféricas en los procesos electorales, para que el resultado sea gobiernos mediocres con un desempeño por debajo de las expectativas suscitadas en la campaña electoral.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 06-06-04)
viernes, 19 de diciembre de 2003
It's Democracy, Stupid!
El 2002 será recordado como el año en que el PAN perdió la enorme ventaja electoral que mantenía sobre el PRI.
¿Qué fue lo que sucedió para que se invirtieran las tendencias electorales, y para que el PAN pasará de estar veinte puntos arriba del PRI, en diciembre del 2001, a veinte puntos abajo, casi un año después?
Algunos analistas han querido encontrar la respuesta en factores externos a los partidos políticos, como el deterioro de la situación económica en el Estado, los errores del gobierno de Canales, que en este año no pasó, hay que decirlo, por su mejor momento, las ejecuciones con motivo del narcotráfico, el, para algunos, “elevado gasto de las precampañas del PRI”, la pérdida de popularidad de Fox, la desilusión por el “cambio”, y el llamado “efecto convención”, entre otros.
Sin embargo, yo quisiera llamar la atención sobre un elemento de explicación, interno a los partidos políticos, hasta ahora, poco destacado: mientras que el PAN diseñó una estrategia de precampaña equivocada, y cometió errores que lo han llevado a su nivel más bajo de popularidad en los últimos años, la ausencia de una estrategia definida de precampaña, en el caso del PRI, permitió que se diera la contienda interna más competida de toda su historia.
El error de origen del PAN, fue haber subestimado la capacidad de recuperación de un PRI que, hace un año, se encontraba desarticulado, en su piso más bajo en la intención del voto, sin recursos, y sin muchas perspectivas para ganar la elección de Gobernador del 2003.
En base a lo anterior se diseñó una estrategia para “ganar en el arranque” y mantener su superioridad organizando la precampaña electoral más larga en la historia de Nuevo León, con una duración de diez meses, más extensa, aún, que la campaña constitucional para Gobernador, que tiene una duración de cuatro meses y medio.
La estrategia de “ganar en el arranque” no es mala en sí misma. Le funcionó a Fox, quien comenzó su precampaña presidencial dos años antes de la elección, y le ha funcionado a muchos otros candidatos. Pero en este caso, la estrategia se vio nulificada por unas “reglas del juego” -el reglamento de precampaña -, que se convirtieron en una “camisa de fuerza” para los precandidatos panistas.
Para comenzar, se fijó un tope de gastos de precampaña muy bajo para las dimensiones de un esfuerzo de esta magnitud. Esto dio como resultado que ninguno de sus precandidatos utilizara los medios electrónicos de comunicación para hacer proselitismo, sino hasta un par de meses antes del diez de noviembre.
Enseguida, les hizo firmar un “pacto de unidad” que les impedía atacarse entre ellos mismos, y criticar a los gobiernos de Canales y Fox. Esto dio como resultado que la precampaña adquiriera un perfil de “baja competitividad”, y que ofreciera a los electores un espectáculo de poca relevancia por sus propuestas, y por su nivel de reconocimiento a los problemas de la población.
Otro factor que influyó en la naturaleza de la elección panista, es su colegio electoral, conformado por alrededor de 8 mil electores, lo que obligó a sus precandidatos a diseñar estrategias enfocadas a un electorado cautivo, y desatender, con ello, al resto de la población no militante.
Mientras esto sucedía en el PAN, Natividad Gonzlález Parás, en solitario, organizó un desayuno en febrero para anunciar “su deseo de participar” en la “contienda interna del PRI”, en esos momentos todavía “inexistente”. Y a partir de marzo, abril y mayo, dio inicio a una campaña televisiva informando a la población sobre sus logros como Senador. En un acto de “guerrilla marketing”, Natividad irrumpió en la fiesta panista.
El PRI no presentó su reglamento de precampaña sino hasta agosto, para fijar las bases de una elección primaria, abierta a todos los ciudadanos, que se llevaría a cabo durante dos meses. La diferencia con el PAN, es que la precampaña del PRI se organizó sin que existiera un objetivo claro, ni profundas investigaciones de por medio. El resultado sorprendió a muchos, comenzando por los propios priístas, ya que la precampaña alcanzó un nivel de “competitividad” nunca antes conocido en Nuevo León.
Con esto quiero apuntar que el éxito de la precampaña del PRI se debió, en gran parte, y por más paradójico que esto pudiera parecer, a la ausencia de una estrategia clara, a reglas del juego definidas tardíamente y negociadas sobre la marcha, lo que motivó que la acción circunstancial de todos los precandidatos creara un efecto de “sinergia” que puso a funcionar a las diferentes piezas del rompecabezas priísta . En la contienda interna del PRI funcionó lo que G. Sartori llama “la autonomía de los subsistemas”, factor indispensable para que opere una Democracia.
Esto me lleva a proponer que la ventaja que ahora mantiene el PRI sobre el PAN, se debe, en gran parte, a que al PAN, como partido en el gobierno, le afectó , en los hechos, el modelo de estructura centralizado, cerrado a los ciudadanos no militantes, poco inclinado a aceptar las críticas a su desempeño, y renuente a permitir los debates realmente abiertos entre sus precandidatos.
La elección para candidato a gobernador del PRI, por el contrario, fue, por primera vez, descentralizada en su organización, con autonomía de sus actores, ligera en estructura, crítica de los errores del gobierno en turno, y cercana a los problema de la población. El conjunto de todos estos factores dio como resultado que el PRI convocara a las urnas a 350 mil ciudadanos, y viviera, el 17 de noviembre, la experiencia de su “primavera democrática”.
¡Los papeles se invirtieron!. Y esto obliga a que en el diseño de sus estrategias rumbo al 6 de julio del 2003, así como de futuras elecciones, tanto el PAN como el PRI, estén obligados a revisar con detenimiento lo acontecido en el 2002.
¿Qué fue lo que sucedió para que se invirtieran las tendencias electorales, y para que el PAN pasará de estar veinte puntos arriba del PRI, en diciembre del 2001, a veinte puntos abajo, casi un año después?
Algunos analistas han querido encontrar la respuesta en factores externos a los partidos políticos, como el deterioro de la situación económica en el Estado, los errores del gobierno de Canales, que en este año no pasó, hay que decirlo, por su mejor momento, las ejecuciones con motivo del narcotráfico, el, para algunos, “elevado gasto de las precampañas del PRI”, la pérdida de popularidad de Fox, la desilusión por el “cambio”, y el llamado “efecto convención”, entre otros.
Sin embargo, yo quisiera llamar la atención sobre un elemento de explicación, interno a los partidos políticos, hasta ahora, poco destacado: mientras que el PAN diseñó una estrategia de precampaña equivocada, y cometió errores que lo han llevado a su nivel más bajo de popularidad en los últimos años, la ausencia de una estrategia definida de precampaña, en el caso del PRI, permitió que se diera la contienda interna más competida de toda su historia.
El error de origen del PAN, fue haber subestimado la capacidad de recuperación de un PRI que, hace un año, se encontraba desarticulado, en su piso más bajo en la intención del voto, sin recursos, y sin muchas perspectivas para ganar la elección de Gobernador del 2003.
En base a lo anterior se diseñó una estrategia para “ganar en el arranque” y mantener su superioridad organizando la precampaña electoral más larga en la historia de Nuevo León, con una duración de diez meses, más extensa, aún, que la campaña constitucional para Gobernador, que tiene una duración de cuatro meses y medio.
La estrategia de “ganar en el arranque” no es mala en sí misma. Le funcionó a Fox, quien comenzó su precampaña presidencial dos años antes de la elección, y le ha funcionado a muchos otros candidatos. Pero en este caso, la estrategia se vio nulificada por unas “reglas del juego” -el reglamento de precampaña -, que se convirtieron en una “camisa de fuerza” para los precandidatos panistas.
Para comenzar, se fijó un tope de gastos de precampaña muy bajo para las dimensiones de un esfuerzo de esta magnitud. Esto dio como resultado que ninguno de sus precandidatos utilizara los medios electrónicos de comunicación para hacer proselitismo, sino hasta un par de meses antes del diez de noviembre.
Enseguida, les hizo firmar un “pacto de unidad” que les impedía atacarse entre ellos mismos, y criticar a los gobiernos de Canales y Fox. Esto dio como resultado que la precampaña adquiriera un perfil de “baja competitividad”, y que ofreciera a los electores un espectáculo de poca relevancia por sus propuestas, y por su nivel de reconocimiento a los problemas de la población.
Otro factor que influyó en la naturaleza de la elección panista, es su colegio electoral, conformado por alrededor de 8 mil electores, lo que obligó a sus precandidatos a diseñar estrategias enfocadas a un electorado cautivo, y desatender, con ello, al resto de la población no militante.
Mientras esto sucedía en el PAN, Natividad Gonzlález Parás, en solitario, organizó un desayuno en febrero para anunciar “su deseo de participar” en la “contienda interna del PRI”, en esos momentos todavía “inexistente”. Y a partir de marzo, abril y mayo, dio inicio a una campaña televisiva informando a la población sobre sus logros como Senador. En un acto de “guerrilla marketing”, Natividad irrumpió en la fiesta panista.
El PRI no presentó su reglamento de precampaña sino hasta agosto, para fijar las bases de una elección primaria, abierta a todos los ciudadanos, que se llevaría a cabo durante dos meses. La diferencia con el PAN, es que la precampaña del PRI se organizó sin que existiera un objetivo claro, ni profundas investigaciones de por medio. El resultado sorprendió a muchos, comenzando por los propios priístas, ya que la precampaña alcanzó un nivel de “competitividad” nunca antes conocido en Nuevo León.
Con esto quiero apuntar que el éxito de la precampaña del PRI se debió, en gran parte, y por más paradójico que esto pudiera parecer, a la ausencia de una estrategia clara, a reglas del juego definidas tardíamente y negociadas sobre la marcha, lo que motivó que la acción circunstancial de todos los precandidatos creara un efecto de “sinergia” que puso a funcionar a las diferentes piezas del rompecabezas priísta . En la contienda interna del PRI funcionó lo que G. Sartori llama “la autonomía de los subsistemas”, factor indispensable para que opere una Democracia.
Esto me lleva a proponer que la ventaja que ahora mantiene el PRI sobre el PAN, se debe, en gran parte, a que al PAN, como partido en el gobierno, le afectó , en los hechos, el modelo de estructura centralizado, cerrado a los ciudadanos no militantes, poco inclinado a aceptar las críticas a su desempeño, y renuente a permitir los debates realmente abiertos entre sus precandidatos.
La elección para candidato a gobernador del PRI, por el contrario, fue, por primera vez, descentralizada en su organización, con autonomía de sus actores, ligera en estructura, crítica de los errores del gobierno en turno, y cercana a los problema de la población. El conjunto de todos estos factores dio como resultado que el PRI convocara a las urnas a 350 mil ciudadanos, y viviera, el 17 de noviembre, la experiencia de su “primavera democrática”.
¡Los papeles se invirtieron!. Y esto obliga a que en el diseño de sus estrategias rumbo al 6 de julio del 2003, así como de futuras elecciones, tanto el PAN como el PRI, estén obligados a revisar con detenimiento lo acontecido en el 2002.
domingo, 12 de octubre de 2003
Nuevo gabinete: ¿El ganador se lleva todo?
El gabinete de Natividad González Parás está integrado por políticos con una larga trayectoria en el PRI, técnicos especialistas en sus áreas y ciudadanos no militantes en los partidos políticos.
En el primer círculo, el de políticos con experiencia, tenemos a figuras como Abel Guerra, Eloy Cantú, Romeo Flores Caballero, Napoleón Cantú, Rogelio Cerda, Ildelfonso Guajardo, Mario Guerrero, Lombardo Guajardo y María Elena Chapa, entre otros.
En el círculo de los funcionarios técnicos podemos ubicar a personalidades como el Secretario de Finanzas, Rubén Martínez Dondé, que es un financiero con trayectoria en los grupos empresariales de Monterrey; la Secretaria de Educación, Yolanda Blanco, una maestra normalista de toda la vida; el Secretario de Seguridad, Gral. Domingo Rodríguez Garrido, un militar de carrera; el Secretario de Salud, Dr. Gilberto Montiel, un médico cardiólogo, y la Contralora del Gobierno, Nora Livas, una funcionaria de carrera.
En la integración del círculo de los ciudadanos, el Gobernador utilizó la figura de los organismos descentralizados para incorporar a la estructura de gobierno a reconocidas personalidades de la comunidad académica, empresarial o deportiva, como Alejandra Rangel, Othón Ruiz, Guillermo Zambrano Lozano, Carlos Maldonado Quiroga, Melody Falcó, Alicia Guajardo y Alfonso Rangel Guerra, entre otros.
El gabinete no incluye, por lo menos en la primera línea, a figuras militantes del PAN, o a otras figuras de la Oposición.
¿Pluralidad o eficiencia?
Sin embargo, las críticas expresadas en torno a la falta de pluralidad del equipo del Gobernador de Nuevo León no tienen mucho sentido.
Recordemos que el triunfo de Natividad sobre Mauricio Fernández fue por una abrumadora mayoría (57 por ciento vs. 34 por ciento), lo cual deja al Gobernador en entera libertad de nombrar a un gabinete sin recurrir a los compromisos partidistas con la Oposición.
Natividad fue candidato de una "Alianza Ciudadana", y en ese sentido su compromiso está de lado de los ciudadanos y de los partidos que conformaron la coalición que lo llevó al poder.
En los sistemas presidenciales, a diferencia de los parlamentarios, el Ejecutivo no está obligado a conformar gabinetes de coalición, aun a pesar de que su triunfo haya sido por mayoría relativa, como fue el caso de Vicente Fox, quien llegó a la Presidencia de la República con el 42 por ciento de los votos, y no convocó a las fuerzas opositoras a participar en un gobierno de coalición.
En los sistemas presidenciales y de mayoría funciona el principio -querámoslo o no- "el que gana se lo lleva todo", y esto deja al gobernante en libertad de elegir a su equipo de trabajo. El espacio concebido para reflejar la pluralidad social y partidista es en el seno del Poder Legislativo, y no al interior del gabinete del Ejecutivo.
Además, para los electores el debate no está tanto en discutir la "pluralidad" o la "homogeneidad" de un equipo de gobierno, sino, ante todo, sus resultados.
De nada sirve que un gobierno sea plural si su trabajo no se ve reflejado en beneficios tangibles para la población. Esta es, de hecho, una de las razones por la que los electores castigaron al gobierno de Vicente Fox en las pasadas elecciones legislativas.
Una encuesta de Consulta Mitofski, levantada en septiembre de este año, muestra que entre las causas que provocaron la decepción frente al gobierno de Fox, está la "inexperiencia" y la "incapacidad para gobernar". Los mismos argumentos estuvieron presentes en la evaluación de la administración panista de Nuevo León en las pasadas elecciones para Gobernador, que fue juzgada por su ausencia de resultados, su inexperiencia, incapacidad e insensibilidad hacia los grupos más desprotegidos.
A diferencia de 1997, cuando se eligió a Canales como Gobernador, en el 2003, el perfil empresarial dejó de ser paradigma de capacidad gerencial en el Gobierno. Por el contrario, éste se convirtió en sinónimo de alejamiento, voracidad recaudatoria y falta de capacidad para manejar los asuntos públicos.
El reto: combinar la eficiencia con la honestidad
Gran parte del éxito de la campaña de Natividad para Gobernador fue el haber contrastado su perfil político y su cercanía con los grupos vulnerables de la población, frente al perfil empresarial y la lejanía mostrados por Mauricio Fernández.
Las recuperación electoral del PRI en las pasadas elecciones marca el regreso de los políticos al poder, pero eso conlleva también, ante los ojos de la opinión pública, el riesgo inherente de la restauración del viejo régimen, con las prácticas y los vicios que los electores reprobaron hace seis años.
El reto que enfrentan el nuevo Gobernador de Nuevo León y su equipo de trabajo está en combinar la experiencia en la conducción de la gestión de los asuntos públicos que le da su círculo político de colaboradores, con la eficiencia y la participación social que le aseguran sus círculos de colaboradores técnicos y ciudadanos.
El reto es conformar un gobierno de resultados, que combine la experiencia y la eficiencia administrativa con la cercanía y la honestidad.
La combinación de los círculos políticos, técnicos y ciudadanos en un mismo equipo, es un experimento interesante, que puede marcar una nueva vía hacia modelos de gestión pública más eficientes, sin que por ello se descuide la sensibilidad social y la honestidad.
¡El reto está en construir un nuevo modelo de gestión hacia el futuro, no en regresar al pasado!
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 12-10-03)
sábado, 23 de agosto de 2003
Nati y el reto de la sintonía ciudadana
Ya como Gobernador, el reto de Nati es que la estrategia del nuevo gobierno cumpla con las expectativas de los electores que le dieron el triunfo.
Por no haberse detenido a analizar los factores clave de su victoria en 1997, Canales perdió la conexión emocional con los electores que hicieron el "swing" a favor del cambio, y que, grosso modo, eran electores de la clase media baja con expectativas de mejorar sus empleos, residentes de las colonias populares de Guadalupe, Monterrey y los municipios de la zona citrícola.
La estrategia de gobierno de Canales estuvo más enfocada a satisfacer la doctrina y valores de los electores duros del PAN, que las necesidades materiales de sus electores volátiles.
Un voto a favor de lo social
Es claro que en el voto a favor de la Alianza Ciudadana hay una dosis de voto de castigo en contra del desempeño del Gobierno de Canales. Una encuesta telefónica de EL NORTE del 11 de julio, muestra que, en el voto a favor de la Alianza Ciudadana, "la decepción por el PAN" (69 por ciento) fue más importante que "la confianza en el PRI" (23 por ciento). Sin embargo, este dato oculta, en realidad, las verdaderas razones que movieron a los electores a votar por Nati.
Una encuesta levantada por BCG en abril, muestra que en la lógica de voto el tema social prevaleció por encima del tema moral. Por primera vez desde 1997, los encuestados no identificaron al PAN con el "cambio" (38 vs. 57 por ciento), ni lo consideraron "cercano a la gente" (38 vs. 55 por ciento). Al PRI, por el contrario, lo relacionaron con un "gobierno con sentido social" (62 Vs. 29 por ciento).
En cuanto a la lógica de voto a favor de Nati, el 51 por ciento de los encuestados respondió que lo harían por "su plan de desarrollo social para ayudar a los grupos vulnerables"; 15 por ciento por "su experiencia y capacidad para gobernar"; 14 por ciento por "su visión para combatir los principales problemas del Estado"; y 12 por ciento porque "es amable, sencillo, y cercano a al gente".
En el caso de Mauricio, el 26 por ciento de los encuestados no mencionó razón alguna para votar por él; el 22 por ciento lo haría "porque su éxito como empresario garantizaría que sería un buen Gobernador"; otro 22 por ciento "porque tendría el apoyo de Fox"; 14 por ciento "porque tiene carácter, por lo cual no se dejaría manejar"; y 12 por ciento porque "representa un cambio", 28 por ciento de los que no votarían por Mauricio invocó su "carácter prepotente".
Estos datos nos arrojan las siguientes conclusiones:
1. En el 2003, el PAN pierde su posicionamiento en el tema representado por el binomio cambio/economía.
2. El PRI (Alianza Ciudadana), por su parte, recupera su ventaja en el tema de la "sensibilidad social".
3. Los electores que votaron por Nati, lo hicieron motivados por una lógica muy clara de voto: sus propuestas a favor de los grupos vulnerables.
4. Mauricio no logró comunicar a los electores las razones para votar por él. Su campaña, a diferencia de la de Nati, fue más de imagen que de propuestas, más táctica que estratégica.
5. En la elección del 2003 prevalecieron los temas social y cercanía, frente a cambio y empleo, que dominaron en 1997.
La inseguridad como telón de fondo
Una vez establecida la lógica de voto que prevaleció el 6 de julio, es necesario comentar un hecho a todas luces paradójico. La totalidad de las encuestas preelectorales marcaban a la "inseguridad" como la principal preocupación de los ciudadanos. Y, sin embargo, el mensaje de Nati se orientó hacia al tema social.
Este dato curioso -que demuestra que el diseño de la estrategia no se hizo "by the book"- merece dos comentarios:
1. Si bien el tema de la inseguridad no se manejó como elemento integral del mensaje de campaña, sí formó parte de la estrategia de referéndum al desempeño del gobierno de Canales: ¡La inseguridad no le dio el triunfo a Nati, pero sí le quitó votos al PAN!
2. El siguiente aspecto es la congruencia entre el diseño del mensaje y los atributos del candidato. El mensaje de Nati a favor de las propuestas sociales fue totalmente congruente con sus fortalezas de cercanía y sensibilidad social. Mauricio, por su parte, cayó en contradicción al querer subsanar su más clara debilidad -la lejanía- con un mensaje de cercanía que no corresponde a sus atributos más visibles. De ahí que su lema "Mauricio está con la gente" careciera de la credibilidad suficiente para ganar.
Lo anterior nos sugiere que otro de los objetivos prioritarios en la estrategia de gobierno de Nati es el tema del combate a la inseguridad. Si bien esta preocupación no se incorporó explícitamente al mensaje de campaña, sí estuvo presente como una especie de telón de fondo del tema social.
El mandato que se desprende de las elecciones es que el nuevo gobierno debe focalizar su atención en dos objetivos prioritarios: la propuesta social y el combate a la inseguridad, todo esto enmarcado en un estilo de gobierno cercano y con sensibilidad social. En la campaña permanente por mantener la sintonía ciudadana, el reto de Nati consiste en diseñar una estrategia de gobierno enfocada en dar respuesta a las expectativas expresadas por los electores el pasado 6 de julio.
La clave del éxito del próximo gobierno es mantener la sintonía emocional con los electores que lo llevaron al triunfo. Como señaló en una entrevista reciente Dick Morris, en el objetivo de permanecer sintonizado con los electores "la campaña nunca termina y el gobierno nunca empieza. Un político que se posiciona y no sigue en campaña, corre muy rápido el riesgo de perder el poder".
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 23-08-03)
Por no haberse detenido a analizar los factores clave de su victoria en 1997, Canales perdió la conexión emocional con los electores que hicieron el "swing" a favor del cambio, y que, grosso modo, eran electores de la clase media baja con expectativas de mejorar sus empleos, residentes de las colonias populares de Guadalupe, Monterrey y los municipios de la zona citrícola.
La estrategia de gobierno de Canales estuvo más enfocada a satisfacer la doctrina y valores de los electores duros del PAN, que las necesidades materiales de sus electores volátiles.
Un voto a favor de lo social
Es claro que en el voto a favor de la Alianza Ciudadana hay una dosis de voto de castigo en contra del desempeño del Gobierno de Canales. Una encuesta telefónica de EL NORTE del 11 de julio, muestra que, en el voto a favor de la Alianza Ciudadana, "la decepción por el PAN" (69 por ciento) fue más importante que "la confianza en el PRI" (23 por ciento). Sin embargo, este dato oculta, en realidad, las verdaderas razones que movieron a los electores a votar por Nati.
Una encuesta levantada por BCG en abril, muestra que en la lógica de voto el tema social prevaleció por encima del tema moral. Por primera vez desde 1997, los encuestados no identificaron al PAN con el "cambio" (38 vs. 57 por ciento), ni lo consideraron "cercano a la gente" (38 vs. 55 por ciento). Al PRI, por el contrario, lo relacionaron con un "gobierno con sentido social" (62 Vs. 29 por ciento).
En cuanto a la lógica de voto a favor de Nati, el 51 por ciento de los encuestados respondió que lo harían por "su plan de desarrollo social para ayudar a los grupos vulnerables"; 15 por ciento por "su experiencia y capacidad para gobernar"; 14 por ciento por "su visión para combatir los principales problemas del Estado"; y 12 por ciento porque "es amable, sencillo, y cercano a al gente".
En el caso de Mauricio, el 26 por ciento de los encuestados no mencionó razón alguna para votar por él; el 22 por ciento lo haría "porque su éxito como empresario garantizaría que sería un buen Gobernador"; otro 22 por ciento "porque tendría el apoyo de Fox"; 14 por ciento "porque tiene carácter, por lo cual no se dejaría manejar"; y 12 por ciento porque "representa un cambio", 28 por ciento de los que no votarían por Mauricio invocó su "carácter prepotente".
Estos datos nos arrojan las siguientes conclusiones:
1. En el 2003, el PAN pierde su posicionamiento en el tema representado por el binomio cambio/economía.
2. El PRI (Alianza Ciudadana), por su parte, recupera su ventaja en el tema de la "sensibilidad social".
3. Los electores que votaron por Nati, lo hicieron motivados por una lógica muy clara de voto: sus propuestas a favor de los grupos vulnerables.
4. Mauricio no logró comunicar a los electores las razones para votar por él. Su campaña, a diferencia de la de Nati, fue más de imagen que de propuestas, más táctica que estratégica.
5. En la elección del 2003 prevalecieron los temas social y cercanía, frente a cambio y empleo, que dominaron en 1997.
La inseguridad como telón de fondo
Una vez establecida la lógica de voto que prevaleció el 6 de julio, es necesario comentar un hecho a todas luces paradójico. La totalidad de las encuestas preelectorales marcaban a la "inseguridad" como la principal preocupación de los ciudadanos. Y, sin embargo, el mensaje de Nati se orientó hacia al tema social.
Este dato curioso -que demuestra que el diseño de la estrategia no se hizo "by the book"- merece dos comentarios:
1. Si bien el tema de la inseguridad no se manejó como elemento integral del mensaje de campaña, sí formó parte de la estrategia de referéndum al desempeño del gobierno de Canales: ¡La inseguridad no le dio el triunfo a Nati, pero sí le quitó votos al PAN!
2. El siguiente aspecto es la congruencia entre el diseño del mensaje y los atributos del candidato. El mensaje de Nati a favor de las propuestas sociales fue totalmente congruente con sus fortalezas de cercanía y sensibilidad social. Mauricio, por su parte, cayó en contradicción al querer subsanar su más clara debilidad -la lejanía- con un mensaje de cercanía que no corresponde a sus atributos más visibles. De ahí que su lema "Mauricio está con la gente" careciera de la credibilidad suficiente para ganar.
Lo anterior nos sugiere que otro de los objetivos prioritarios en la estrategia de gobierno de Nati es el tema del combate a la inseguridad. Si bien esta preocupación no se incorporó explícitamente al mensaje de campaña, sí estuvo presente como una especie de telón de fondo del tema social.
El mandato que se desprende de las elecciones es que el nuevo gobierno debe focalizar su atención en dos objetivos prioritarios: la propuesta social y el combate a la inseguridad, todo esto enmarcado en un estilo de gobierno cercano y con sensibilidad social. En la campaña permanente por mantener la sintonía ciudadana, el reto de Nati consiste en diseñar una estrategia de gobierno enfocada en dar respuesta a las expectativas expresadas por los electores el pasado 6 de julio.
La clave del éxito del próximo gobierno es mantener la sintonía emocional con los electores que lo llevaron al triunfo. Como señaló en una entrevista reciente Dick Morris, en el objetivo de permanecer sintonizado con los electores "la campaña nunca termina y el gobierno nunca empieza. Un político que se posiciona y no sigue en campaña, corre muy rápido el riesgo de perder el poder".
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 23-08-03)
sábado, 19 de julio de 2003
La derrota de Mauricio
De todas las explicaciones mencionadas en la derrota del PAN del 6 de julio, la que más retiene la atención de los panistas es el método de elección de candidato puesto en marcha en el 2002. Haber optado por una elección cerrada, que se desarrolló entre 8 mil militantes, frente a la elección abierta del PRI, que convocó a 350 mil electores, parece ser un argumento suficiente para explicar su derrota.
Sin embargo, a pesar de lo atractivo del argumento, hay que tomar en cuenta que si el factor "elecciones primarias" fuese determinante en el resultado de la elección, Labastida (elección abierta) no hubiese perdido frente a Fox (elección cerrada) en las elecciones del 2000.
Propongo ampliar la perspectiva y ubicar el análisis de la elección del 2003 dentro de las secuelas de la crisis económica de 1995, determinante también en el resultado de las elecciones de 1997 y del 2000.
¡Sigue siendo la economía!
En las elecciones intermedias de 1997, el gobierno de Zedillo y el PRI fueron duramente castigados a causa de los estragos de la crisis económica. En tres años de gobierno de Zedillo, el PRI perdió cinco y medio millones de electores, su peor debacle electoral y antesala de la derrota presidencial del 2000.
Ese mismo año, Canales llegó a la Gubernatura de Nuevo León con 655 mil votos y la promesa de generar un "cambio". El mensaje de Canales fue "crear más y mejores empleos". Su perfil empresarial motivó a los electores a considerar que "si creó empleos como empresario, los crearía también como gobernador".
Los mexicanos que votaron por el "cambio" en el 2000 lo hicieron bajo los efectos de la crisis en sus economías familiares y con la expectativa de que "sacar al PRI de Los Pinos" era una condición para que el País ingresara de lleno al Siglo 21 y creciera al 7 por ciento anual, como lo prometió Fox.
Tres años después, la caída de Fox en las elecciones intermedias es más estrepitosa que la de Zedillo en el 97, ya que con 7 millones 800 mil votos, el PAN perdió a la mitad de sus electores.
Una encuesta de Mitofsky levantada en Nuevo León en septiembre del 2002 ponía de manifiesto que el 60.8 por ciento de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey estaba en desacuerdo con la forma de gobernar de Fox. El 58.9 por ciento consideró que su situación económica estaba "peor o igual" que un año atrás, frente al 38.8 por ciento que afirmó que su situación era "mejor o igual de bien".
La encuesta reveló que, a diferencia del 97, cuando funcionó el "efecto Canales", los electores ya no consideran el origen empresarial de los candidatos como sinónimo de buen desempeño gubernamental. Al preguntárseles sobre los atributos que debería tener el próximo gobernador, el 85.8 por ciento respondió: "Alguien con experiencia para gobernar". Tan sólo 10.2 por ciento se inclinó por "alguien con experiencia como empresario".
El efecto Mauricio
La elección interna del PAN no fracasó por el hecho de ser cerrada. Fracasó al postular a un candidato con un liderazgo y un perfil empresariales similares a los de Canales. La imagen que proyectó la precampaña de Mauricio con su lema "reservado para Mauricio", su mensaje de "cien años de panismo me respaldan" y su estilo "excéntrico" -en palabras de los electores- fueron razones para que los votantes juzgaran que la alternativa que les ofrecía el PAN para los próximos seis años era "más de lo mismo".
En la campaña constitucional, Mauricio quiso desmarcarse del "estilo Canales" con el lema "Mauricio está con la gente". Sin embargo, la ausencia de un verdadero contenido social en su propuesta evitó que su mensaje de cercanía rompiese con el estereotipo de la insensibilidad social.
Mauricio fue incapaz de restablecer la conexión emocional que el gobierno del PAN perdió con los electores. No tuvo una propuesta económica coherente; no supo deslindarse de los "agravios económicos" del gobierno en turno, como los sobrecobros en Agua y Drenaje, las obras faraónicas sin contenido social (el Puente Atirantado), o la intolerancia frente a los comerciantes ambulantes; no marcó una distancia -salvo al final en un spot de mea culpa- frente al alza de las tarifas eléctricas, tampoco dijo nada acerca del intento foxista de gravar con el 15 por ciento de IVA a los alimentos y medicinas.
El efecto Nati
Hay otros factores políticos que explican la debacle de Mauricio, como la ausencia de candidatos de peso en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey; una estrategia de campaña zigzagueante que arrancó con un tema (la cercanía con la gente) y terminó con otro (la "dureza" de su carácter); sus declaraciones en torno a la legalización de la droga y al aumento de las cuotas en la UANL; la "guerra sucia"; y el colapso de su estructura de movilización electoral.
Pero todos estos factores no hicieron sino magnificar el factor decisivo: el fracaso de los gobiernos panistas para cumplir con las expectativas de cambio económico que en el 97 y en el 2000 los llevaron al poder.
La victoria de Nati tiene también un factor decisivo: el mensaje a favor de la recuperación de la economía familiar y un estilo de liderazgo opuesto al de Canales (el factor "Nati", o el "anti-Canales").
La lección que nos queda es que si los gobiernos y los candidatos quieren restablecer la conexión emocional con los ciudadanos, deben construir una alternativa de gobierno que atienda el deterioro de la economía doméstica.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 19-07-03)
Sin embargo, a pesar de lo atractivo del argumento, hay que tomar en cuenta que si el factor "elecciones primarias" fuese determinante en el resultado de la elección, Labastida (elección abierta) no hubiese perdido frente a Fox (elección cerrada) en las elecciones del 2000.
Propongo ampliar la perspectiva y ubicar el análisis de la elección del 2003 dentro de las secuelas de la crisis económica de 1995, determinante también en el resultado de las elecciones de 1997 y del 2000.
¡Sigue siendo la economía!
En las elecciones intermedias de 1997, el gobierno de Zedillo y el PRI fueron duramente castigados a causa de los estragos de la crisis económica. En tres años de gobierno de Zedillo, el PRI perdió cinco y medio millones de electores, su peor debacle electoral y antesala de la derrota presidencial del 2000.
Ese mismo año, Canales llegó a la Gubernatura de Nuevo León con 655 mil votos y la promesa de generar un "cambio". El mensaje de Canales fue "crear más y mejores empleos". Su perfil empresarial motivó a los electores a considerar que "si creó empleos como empresario, los crearía también como gobernador".
Los mexicanos que votaron por el "cambio" en el 2000 lo hicieron bajo los efectos de la crisis en sus economías familiares y con la expectativa de que "sacar al PRI de Los Pinos" era una condición para que el País ingresara de lleno al Siglo 21 y creciera al 7 por ciento anual, como lo prometió Fox.
Tres años después, la caída de Fox en las elecciones intermedias es más estrepitosa que la de Zedillo en el 97, ya que con 7 millones 800 mil votos, el PAN perdió a la mitad de sus electores.
Una encuesta de Mitofsky levantada en Nuevo León en septiembre del 2002 ponía de manifiesto que el 60.8 por ciento de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey estaba en desacuerdo con la forma de gobernar de Fox. El 58.9 por ciento consideró que su situación económica estaba "peor o igual" que un año atrás, frente al 38.8 por ciento que afirmó que su situación era "mejor o igual de bien".
La encuesta reveló que, a diferencia del 97, cuando funcionó el "efecto Canales", los electores ya no consideran el origen empresarial de los candidatos como sinónimo de buen desempeño gubernamental. Al preguntárseles sobre los atributos que debería tener el próximo gobernador, el 85.8 por ciento respondió: "Alguien con experiencia para gobernar". Tan sólo 10.2 por ciento se inclinó por "alguien con experiencia como empresario".
El efecto Mauricio
La elección interna del PAN no fracasó por el hecho de ser cerrada. Fracasó al postular a un candidato con un liderazgo y un perfil empresariales similares a los de Canales. La imagen que proyectó la precampaña de Mauricio con su lema "reservado para Mauricio", su mensaje de "cien años de panismo me respaldan" y su estilo "excéntrico" -en palabras de los electores- fueron razones para que los votantes juzgaran que la alternativa que les ofrecía el PAN para los próximos seis años era "más de lo mismo".
En la campaña constitucional, Mauricio quiso desmarcarse del "estilo Canales" con el lema "Mauricio está con la gente". Sin embargo, la ausencia de un verdadero contenido social en su propuesta evitó que su mensaje de cercanía rompiese con el estereotipo de la insensibilidad social.
Mauricio fue incapaz de restablecer la conexión emocional que el gobierno del PAN perdió con los electores. No tuvo una propuesta económica coherente; no supo deslindarse de los "agravios económicos" del gobierno en turno, como los sobrecobros en Agua y Drenaje, las obras faraónicas sin contenido social (el Puente Atirantado), o la intolerancia frente a los comerciantes ambulantes; no marcó una distancia -salvo al final en un spot de mea culpa- frente al alza de las tarifas eléctricas, tampoco dijo nada acerca del intento foxista de gravar con el 15 por ciento de IVA a los alimentos y medicinas.
El efecto Nati
Hay otros factores políticos que explican la debacle de Mauricio, como la ausencia de candidatos de peso en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey; una estrategia de campaña zigzagueante que arrancó con un tema (la cercanía con la gente) y terminó con otro (la "dureza" de su carácter); sus declaraciones en torno a la legalización de la droga y al aumento de las cuotas en la UANL; la "guerra sucia"; y el colapso de su estructura de movilización electoral.
Pero todos estos factores no hicieron sino magnificar el factor decisivo: el fracaso de los gobiernos panistas para cumplir con las expectativas de cambio económico que en el 97 y en el 2000 los llevaron al poder.
La victoria de Nati tiene también un factor decisivo: el mensaje a favor de la recuperación de la economía familiar y un estilo de liderazgo opuesto al de Canales (el factor "Nati", o el "anti-Canales").
La lección que nos queda es que si los gobiernos y los candidatos quieren restablecer la conexión emocional con los ciudadanos, deben construir una alternativa de gobierno que atienda el deterioro de la economía doméstica.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 19-07-03)
miércoles, 23 de abril de 2003
Entender “el factor AMLO”
Apenas vamos a la mitad del camino del gobierno de Fox y ya ha empezado a hablarse de la “sucesión adelantada”, como si el adelanto de los tiempos electorales fuese uno de los efectos de la transición mexicana -la campaña permanente-, o de la ausencia de una agenda definida del nuevo gobierno.
Las especulaciones en torno a lo que los encuestólogos llaman la “carrera de caballos” ubican, hoy por hoy, al Jefe de Gobierno de la ciudad de México como el puntero en la carrera presidencial. Su posicionamiento como candidato presidencial para el 2006 trasciende el ámbito capitalino, a tal grado que ya se habla en todo el país del “factor López Obrador”. El presente ensayo es un intento por comprender y explicar los elementos clave de éxito de este posicionamiento tan vertiginoso como sorprendente.
1. Una nueva mayoría social. Siguiendo la tesis de Tony Schwartz (“La respuesta emocional”), la efectividad de los mensajes no radica en la respuesta a la pregunta ¿qué quiero decir?, sino en la capacidad de generar resonancia con las experiencias vitales tanto de los oyentes como de los videntes.
Es obvio que la efectividad de los mensajes de muchos políticos no genera sintonía con lo que la gente siente y piensa porque el punto de partida de la comunicación no es el discurso político: es entender lo que pasa por la mente de los ciudadanos.
Parafrasenado a Stanley Greenberg (“The New Majority”) podemos afirmar que hay datos suficientes, tanto en los resultados de las últimas elecciones federales como en algunas las encuestas estatales, para afirmar que existe una “nueva mayoría” de mexicanos que está sufriendo los efectos de la crisis económica –como consecuencia de “la década perdida” 1994-2004, según la definió Carlos Salinas- y que busca a través de su voto un cambio en sus economías familiares.
El cambio político en el 2000 no se tradujo en bienestar económico para la población, como quedó claro con el voto de castigo al PAN en el 2003 y los siete millones de electores que perdió Fox en tres años de gobierno. De ahí que siga latente la aspiración de cambio que mejore el nivel de vida de la gente.
La sintonía con los ciudadanos la están logrando aquellos políticos que han identificado a este nueva mayoría que quiere un giro de los gobiernos hacia lo social, que se ha estado manifestando en las elecciones después del 2000 y que será decisiva en el 2006.
2. Un nuevo estilo de liderazgo. Al final de cuentas los electores votan por estilos de liderazgo. En las elecciones del 2000, el estilo retador de Fox (“el hombre Marlboro”) se impuso sobre el estilo burocrático de Labastida (“el hombre del sistema”).
El estilo de López Obrador es una especie de anti-político que rompe con los estereotipos y paradigmas del tradicional político mexicano: Se levanta temprano. Todos los días da una rueda de prensa a las seis de la mañana. Se reduce el sueldo a algo simbólico para un político. Su lenguaje es coloquial, sin perder su acento y dichos tabasqueños. Y –last but not least- al trasladarse en un auto Tsuru, hizo a un lado la parafernalia de suburbans y guaruras que llegaron a representar la distopia y la imagen de impundiad del viejo régimen.
Fox llegó a posicionarse en la campaña presidencial como el anti-político, como el outsider cuya misión era “sacar al PRI de Los Pinos”. Sin embargo, su estilo muy pronto se desintonizó de los ciudadanos por sus lapsus y ocurrencias que lo hicieron caer en lo rídiculo y en la incompetencia (el saludo a los hijos antes que al Congreso durante su toma de posesión, el lapsus al citar a Jorge Luis Borges, el beso en el Vaticano, la llamada a Fidel Castro:”cenas y te vas”, etc., etc.)
3. Un gobierno con agenda. El manejo de la agenda de gobierno es quizás el elemento más importante en el posicionamiento de López Obrador y de su sintonía con la nueva mayoría social. Su mérito fue haberse enfocado en los temas relevantes. En primer lugar, haber fijado la agenda social como tema prioritario de su gobierno, mediante el otorgamiento, entre otras acciones, de pensiones al sector creciente de la tercera edad y a los jóvenes excluidos del sistema universitario mediante la construcción de preparatorias populares.
Si el lema de campaña de López Obrador en 2000 “por el bien de todos, primero los pobres” no le generó la suficiente resonancia con los electores, al grado que tuvo que cambiarlo a mitad de la contienda por el de “honestidad valiente”, ya en el gobierno, haber hecho de la atención a los pobres el tema principal de su agenda le generó buenos resultados, por lo menos en términos de opinión pública.
En segundo lugar, hizo de la seguridad pública otro de los temas centrales de su agenda de gobierno, y le dio significado a esta acción con un acontecimiento mediático como lo fue contratar al ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani y aplicar su programa “cero tolerancia”. Todavía es muy pronto para medir los efectos de las medidas tomadas en materia de seguridad, pero la percepción es que, al menos, está intentando darle un giro a un área en donde los gobiernos anteriores habían fracasado.
Finalmente, ha tenido la capacidad para ejecutar grandes proyectos urbanísticos
-como el distribuidor vial San Antonio, el rescate del Centro Histórico, y el segundo piso del periférico- que están revitalizando el espacio público de una ciudad que parecía condenada al caos.
4. Trascender la estructura partidista. La imagen del Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha logrado posicionarse más allá de la imagen marca del PRD. De ahí que no se pueda concluir que el débil posicionamiento electoral del PRD a nivel nacional, sea un obstáculo a las aspiraciones presidenciales de López Obrador.
La estrategia electoral que siguió Vicente Fox en el 2000 es un buen ejemplo de cómo a través de los “amigos de Fox” y de la “Alianza por el Cambio” pudo elevar la votación panista que en 1997 era de 28% a 42% tres años después.
La base de este posicionamiento es la comunicación de sus logros en el gobierno de la capital del país, y no un discurso ideológico como lo pudo tener Cárdenas en el 2000, o Lula en Brasil. En este sentido su estrategia de venderse como un gobernante exitoso se asemeja más a las estrategias presidenciales norteamericanas, como la que siguió Bill Clinton al comunciar sus logros como Goberndaor de Arkanzas, o Fox al publicitar sus resultados en Guanajuato.
5. Un mensaje de futuro. Ya lo dijo el publicista de Mitterrand, Jacques Séguéla: los electores votan por el futuro, nunca por regresar al pasado. A diferencia del posicionamiento del PRI a nivel nacional, López Obrador ha logrado romper con el anclaje al pasado y al viejo régimen. Contrario a los gobiernos del PAN, ha logrado vencer el estereotipo de incapacidad, inexperiencia e insensibildiad social.
El mensaje de López Obrador, que expresa a través de su lema “La Ciudad de la Esperanza,” se ha convertido en una especie de proyecto alternativo frente al “regreso al pasado”, imagen de la que no se ha podido sacudir el PRI, y la “incapacidad para hacer realidad el cambio” que se ha apoderado del PAN.
El discurso de futuro de López Obrador, al igual que el de Lula, y Clinton en 1992, es a favor del cambio económico (It´s the economy, stupid!). Sus adversarios son el modelo económico neoliberal, el FOBAPROA, y la “mafia de políticos que se beneficia de la corrupción”.
En este sentido, representa una propuesta alternativa de futuro, tanto en lo económico, como en lo político, frente a la percepción que se tiene del PAN, y del PRI, éste último enfrascado en el debate de apoyar las recetas económicas neoliberales -como las reformas fiscal y eléctrica- o proponer un modelo económico alternativo. La alternativa frente a una eventual restauración priista o al cambio político panista, que no se traduce en cambio económico, es el cambio social.
Falta todavía un año y medio para el arranque formal de las campañas presidenciales del 2006. El “factor AMLO” tendrá que enfrentar las pruebas de fuego de los cuestionamientos tanto a la veracidad de su modelo de gobierno (el caso del chofer “Nico”), como a la sustentabilidad finaciera de su política social (el endeudamiento de 40 mil millones de pesos), pero lo que parece hoy a todas luces factible, es que si en México no se dio la transición institucional a la democracia que se esperaba con el triunfo de Fox, se pueda dar la alternancia a la izquierda a semejanza de lo que sucedió en España en 1982 cuando el triunfo del PSOE consolidó la transición democrática española.
Si se mantiene el factor AMLO, el desenlace de la transición mexicana en el 2006 no sería “el regreso del PRI a Los Pinos”, sino la alternancia del país hacia la izquierda.
Las especulaciones en torno a lo que los encuestólogos llaman la “carrera de caballos” ubican, hoy por hoy, al Jefe de Gobierno de la ciudad de México como el puntero en la carrera presidencial. Su posicionamiento como candidato presidencial para el 2006 trasciende el ámbito capitalino, a tal grado que ya se habla en todo el país del “factor López Obrador”. El presente ensayo es un intento por comprender y explicar los elementos clave de éxito de este posicionamiento tan vertiginoso como sorprendente.
1. Una nueva mayoría social. Siguiendo la tesis de Tony Schwartz (“La respuesta emocional”), la efectividad de los mensajes no radica en la respuesta a la pregunta ¿qué quiero decir?, sino en la capacidad de generar resonancia con las experiencias vitales tanto de los oyentes como de los videntes.
Es obvio que la efectividad de los mensajes de muchos políticos no genera sintonía con lo que la gente siente y piensa porque el punto de partida de la comunicación no es el discurso político: es entender lo que pasa por la mente de los ciudadanos.
Parafrasenado a Stanley Greenberg (“The New Majority”) podemos afirmar que hay datos suficientes, tanto en los resultados de las últimas elecciones federales como en algunas las encuestas estatales, para afirmar que existe una “nueva mayoría” de mexicanos que está sufriendo los efectos de la crisis económica –como consecuencia de “la década perdida” 1994-2004, según la definió Carlos Salinas- y que busca a través de su voto un cambio en sus economías familiares.
El cambio político en el 2000 no se tradujo en bienestar económico para la población, como quedó claro con el voto de castigo al PAN en el 2003 y los siete millones de electores que perdió Fox en tres años de gobierno. De ahí que siga latente la aspiración de cambio que mejore el nivel de vida de la gente.
La sintonía con los ciudadanos la están logrando aquellos políticos que han identificado a este nueva mayoría que quiere un giro de los gobiernos hacia lo social, que se ha estado manifestando en las elecciones después del 2000 y que será decisiva en el 2006.
2. Un nuevo estilo de liderazgo. Al final de cuentas los electores votan por estilos de liderazgo. En las elecciones del 2000, el estilo retador de Fox (“el hombre Marlboro”) se impuso sobre el estilo burocrático de Labastida (“el hombre del sistema”).
El estilo de López Obrador es una especie de anti-político que rompe con los estereotipos y paradigmas del tradicional político mexicano: Se levanta temprano. Todos los días da una rueda de prensa a las seis de la mañana. Se reduce el sueldo a algo simbólico para un político. Su lenguaje es coloquial, sin perder su acento y dichos tabasqueños. Y –last but not least- al trasladarse en un auto Tsuru, hizo a un lado la parafernalia de suburbans y guaruras que llegaron a representar la distopia y la imagen de impundiad del viejo régimen.
Fox llegó a posicionarse en la campaña presidencial como el anti-político, como el outsider cuya misión era “sacar al PRI de Los Pinos”. Sin embargo, su estilo muy pronto se desintonizó de los ciudadanos por sus lapsus y ocurrencias que lo hicieron caer en lo rídiculo y en la incompetencia (el saludo a los hijos antes que al Congreso durante su toma de posesión, el lapsus al citar a Jorge Luis Borges, el beso en el Vaticano, la llamada a Fidel Castro:”cenas y te vas”, etc., etc.)
3. Un gobierno con agenda. El manejo de la agenda de gobierno es quizás el elemento más importante en el posicionamiento de López Obrador y de su sintonía con la nueva mayoría social. Su mérito fue haberse enfocado en los temas relevantes. En primer lugar, haber fijado la agenda social como tema prioritario de su gobierno, mediante el otorgamiento, entre otras acciones, de pensiones al sector creciente de la tercera edad y a los jóvenes excluidos del sistema universitario mediante la construcción de preparatorias populares.
Si el lema de campaña de López Obrador en 2000 “por el bien de todos, primero los pobres” no le generó la suficiente resonancia con los electores, al grado que tuvo que cambiarlo a mitad de la contienda por el de “honestidad valiente”, ya en el gobierno, haber hecho de la atención a los pobres el tema principal de su agenda le generó buenos resultados, por lo menos en términos de opinión pública.
En segundo lugar, hizo de la seguridad pública otro de los temas centrales de su agenda de gobierno, y le dio significado a esta acción con un acontecimiento mediático como lo fue contratar al ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani y aplicar su programa “cero tolerancia”. Todavía es muy pronto para medir los efectos de las medidas tomadas en materia de seguridad, pero la percepción es que, al menos, está intentando darle un giro a un área en donde los gobiernos anteriores habían fracasado.
Finalmente, ha tenido la capacidad para ejecutar grandes proyectos urbanísticos
-como el distribuidor vial San Antonio, el rescate del Centro Histórico, y el segundo piso del periférico- que están revitalizando el espacio público de una ciudad que parecía condenada al caos.
4. Trascender la estructura partidista. La imagen del Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha logrado posicionarse más allá de la imagen marca del PRD. De ahí que no se pueda concluir que el débil posicionamiento electoral del PRD a nivel nacional, sea un obstáculo a las aspiraciones presidenciales de López Obrador.
La estrategia electoral que siguió Vicente Fox en el 2000 es un buen ejemplo de cómo a través de los “amigos de Fox” y de la “Alianza por el Cambio” pudo elevar la votación panista que en 1997 era de 28% a 42% tres años después.
La base de este posicionamiento es la comunicación de sus logros en el gobierno de la capital del país, y no un discurso ideológico como lo pudo tener Cárdenas en el 2000, o Lula en Brasil. En este sentido su estrategia de venderse como un gobernante exitoso se asemeja más a las estrategias presidenciales norteamericanas, como la que siguió Bill Clinton al comunciar sus logros como Goberndaor de Arkanzas, o Fox al publicitar sus resultados en Guanajuato.
5. Un mensaje de futuro. Ya lo dijo el publicista de Mitterrand, Jacques Séguéla: los electores votan por el futuro, nunca por regresar al pasado. A diferencia del posicionamiento del PRI a nivel nacional, López Obrador ha logrado romper con el anclaje al pasado y al viejo régimen. Contrario a los gobiernos del PAN, ha logrado vencer el estereotipo de incapacidad, inexperiencia e insensibildiad social.
El mensaje de López Obrador, que expresa a través de su lema “La Ciudad de la Esperanza,” se ha convertido en una especie de proyecto alternativo frente al “regreso al pasado”, imagen de la que no se ha podido sacudir el PRI, y la “incapacidad para hacer realidad el cambio” que se ha apoderado del PAN.
El discurso de futuro de López Obrador, al igual que el de Lula, y Clinton en 1992, es a favor del cambio económico (It´s the economy, stupid!). Sus adversarios son el modelo económico neoliberal, el FOBAPROA, y la “mafia de políticos que se beneficia de la corrupción”.
En este sentido, representa una propuesta alternativa de futuro, tanto en lo económico, como en lo político, frente a la percepción que se tiene del PAN, y del PRI, éste último enfrascado en el debate de apoyar las recetas económicas neoliberales -como las reformas fiscal y eléctrica- o proponer un modelo económico alternativo. La alternativa frente a una eventual restauración priista o al cambio político panista, que no se traduce en cambio económico, es el cambio social.
Falta todavía un año y medio para el arranque formal de las campañas presidenciales del 2006. El “factor AMLO” tendrá que enfrentar las pruebas de fuego de los cuestionamientos tanto a la veracidad de su modelo de gobierno (el caso del chofer “Nico”), como a la sustentabilidad finaciera de su política social (el endeudamiento de 40 mil millones de pesos), pero lo que parece hoy a todas luces factible, es que si en México no se dio la transición institucional a la democracia que se esperaba con el triunfo de Fox, se pueda dar la alternancia a la izquierda a semejanza de lo que sucedió en España en 1982 cuando el triunfo del PSOE consolidó la transición democrática española.
Si se mantiene el factor AMLO, el desenlace de la transición mexicana en el 2006 no sería “el regreso del PRI a Los Pinos”, sino la alternancia del país hacia la izquierda.
miércoles, 16 de abril de 2003
La ilusión viaja en tranvía
La estrategia electoral que ha puesto en marcha el PAN a nivel nacional es de referéndum al cambio. Su lema “quítale el freno al cambio” es claro y conciso. Plantea de manera simple lo que estará en juego en las elecciones del próximo 6 de julio: ¡darle un voto al PAN y a Fox a favor de que el cambio continúe, o, bien, un voto en contra para que se detenga!
Independientemente de los efectos publicitarios de esta campaña, me gustaría poner a discusión los escenarios a los que nos llevaría esta estrategia. No me queda duda que el sentido de la elección federal del 6 de julio sea de referéndum al cambio. De lo que no estoy seguro es que la metáfora del cambio frenado traduzca correctamente la percepción de los electores en torno al desempeño del gobierno de Fox.
Los resultados de las elecciones del 2 de julio del 2000, y las encuestas de los meses inmediatos a la toma de posesión de Fox, nos hicieron plantear la tesis de un realineamiento electoral con efectos a mediano y largo plazo. Fox llegó a la presidencia con 16 millones de votos. Para diciembre de ese año, según una encuesta nacional de María de las Heras, cerca de 20 millones de mexicanos declararon haber votado por él, mientras que sólo 8 de 13.5 millones que votaron por Labastida confesaron haberlo hecho.
La tesis del realineamiento electoral auguraba el inicio de un ciclo electoral a favor del cambio y una caída del PRI a su piso más bajo de votación. Algunos, inclusive, hablaron de su inexorable desaparición. A finales del 2000, los cálculos sobre los márgenes de votación nacional de los partidos políticos situaban al PAN en una franja del 35 al 50%, al PRI en una del 20 al 35%, y al PRD en otra del 10 al 20%.
El escenario electoral para el 2003 parece haber cambiado súbitamente, y lo que se antojaba como un escenario del cambio confirmado producto de un realineamiento electoral de fondo, parece estar en aprietos, ya que los pronósticos difícilmente otorgan al PAN una mayoría en la Cámara de Diputados: el PRI y el PRD habrían subido a su techo y el PAN caído a su piso de votación.
Los problemas electorales del cambio, por lo tanto, no son los de un automóvil que enfrenta obstáculos para seguir avanzando, como plantean los estrategas y los publicistas del PAN. Me parece que la metáfora del camión cuyos pasajeros deciden bajarse por no estar conformes con la ruta que decidió emprender su conductor es más acertada y congruente con la realidad.
En pocas palabras, el problema del cambio no está en el freno sino en el rumbo: en el temor de los pasajeros que compraron boleto, y en la incertidumbre que les provoca no llegar a lugar deseado (¡cualquier parecido con La ilusión viaja en tranvía, o La subida al cielo de Luis Buñuel es mera coincidencia!).
El desencanto de los electores con el cambio inicia en el 2001 con la propuesta de reforma fiscal que proponía gravar con 15% los alimentos y las medicinas. A esta propuesta se añadió una pésima campaña publicitaria del gobierno federal que, durante marzo y abril, trató de convencer a los mexicanos de escasos recursos que lo que se les cobrara de IVA les sería devuelto en su integridad y hasta “copeteado”.
A esta propuesta le siguieron el aumento de las tarifas eléctricas y de gas a principios del 2002, una difícil situación económica que se ha traducido en desempleo para muchas zonas del país, y recortes presupuestales a la mayoría de los estados y municipios.
La percepción de los electores desilusionados con el cambio es que éste les ha salido demasiado caro, por lo que es poco probable que voten por pisar a fondo el acelerador. Antes al contrario, tratarán de convencer a su conductor que mejor corrija el camino (It´s the economy, stupid!).
Jorge G. Castañeda, por su parte, plantea el escenario de un cambio atorado. Su tesis es que los mexicanos queremos el cambio pero que, ante la eventualidad de una ausencia de mayoría en la Cámara de Diputados, habrá que desatorarlo mediante un gobierno de coalición PAN-PRI.
Castañeda piensa que el atorón del cambio es institucional y que el problema se resolverá ya sea conformando una coalición partidista, o bien, celebrando el tantas veces invocado, pero nunca cumplido, pacto de transición democrática.
Ciertamente uno de los problemas del cambio es el atorón institucional con motivo del llamado gobierno “dividido”, lo que impide que el Presidente cuente con una mayoría legislativa que le permita poner en práctica su proyecto de gobierno.
Sin embargo, a muchos de los electores les pasa por desapercibido el problema institucional, y creen que el problema radica en la ausencia de un claro liderazgo presidencial que permita a los partidos trabajar de común acuerdo.
La tesis de Castañeda a favor de un gobierno de coalición con el PRI no resuelve necesariamente el problema del atorón del cambio, ya que desplaza el problema sobre la conformación de una mayoría legislativa, al debate sobre la integración de un programa común de gobierno. ¿Incluirá éste la reforma fiscal tal como la presentó Fox en el 2001, la apertura del sector eléctrico al capital privado, o la aprobación de la Ley Abascal del trabajo?
Otro de los escenarios en torno al futuro del cambio es el de su agotamiento ante la eventualidad de una mayoría opositora que se niegue a formar un gobierno de coalición. La elección de una mayoría priísta en la Cámara de Diputados consolidaría la situación de un gobierno “dividido” –que se prolongaría ya por nueve años consecutivos- sin posibilidades de acuerdo sobre las reformas estructurales que México necesita para seguir adelante.
Después de haber operado a favor del cambio y de Fox el 2 de julio del 2000, el realineamiento electoral habría jugado una especie de efecto rebote en favor del PRI, escenario que pondría en serios aprietos la supervivencia del proyecto de cambio foxista. El ciclo electoral del cambio, cuyo origen se remonta a 1997, habría llegado a su fin, para dar comienzo a un difícil periodo de cohabitation a la mexicana.
El problema para México es que ante la eventualidad de que el cambio foxista termine de manera prematura, tanto por el desencanto de los electores como por la situación del gobierno dividido, no exista, aún, una visión alternativa de cambio. Lo más lamentable es que la ausencia de un proyecto viable de cambio pone en riesgo de descarrilamiento a nuestra incipiente transición democrática.
Independientemente de los efectos publicitarios de esta campaña, me gustaría poner a discusión los escenarios a los que nos llevaría esta estrategia. No me queda duda que el sentido de la elección federal del 6 de julio sea de referéndum al cambio. De lo que no estoy seguro es que la metáfora del cambio frenado traduzca correctamente la percepción de los electores en torno al desempeño del gobierno de Fox.
Los resultados de las elecciones del 2 de julio del 2000, y las encuestas de los meses inmediatos a la toma de posesión de Fox, nos hicieron plantear la tesis de un realineamiento electoral con efectos a mediano y largo plazo. Fox llegó a la presidencia con 16 millones de votos. Para diciembre de ese año, según una encuesta nacional de María de las Heras, cerca de 20 millones de mexicanos declararon haber votado por él, mientras que sólo 8 de 13.5 millones que votaron por Labastida confesaron haberlo hecho.
La tesis del realineamiento electoral auguraba el inicio de un ciclo electoral a favor del cambio y una caída del PRI a su piso más bajo de votación. Algunos, inclusive, hablaron de su inexorable desaparición. A finales del 2000, los cálculos sobre los márgenes de votación nacional de los partidos políticos situaban al PAN en una franja del 35 al 50%, al PRI en una del 20 al 35%, y al PRD en otra del 10 al 20%.
El escenario electoral para el 2003 parece haber cambiado súbitamente, y lo que se antojaba como un escenario del cambio confirmado producto de un realineamiento electoral de fondo, parece estar en aprietos, ya que los pronósticos difícilmente otorgan al PAN una mayoría en la Cámara de Diputados: el PRI y el PRD habrían subido a su techo y el PAN caído a su piso de votación.
Los problemas electorales del cambio, por lo tanto, no son los de un automóvil que enfrenta obstáculos para seguir avanzando, como plantean los estrategas y los publicistas del PAN. Me parece que la metáfora del camión cuyos pasajeros deciden bajarse por no estar conformes con la ruta que decidió emprender su conductor es más acertada y congruente con la realidad.
En pocas palabras, el problema del cambio no está en el freno sino en el rumbo: en el temor de los pasajeros que compraron boleto, y en la incertidumbre que les provoca no llegar a lugar deseado (¡cualquier parecido con La ilusión viaja en tranvía, o La subida al cielo de Luis Buñuel es mera coincidencia!).
El desencanto de los electores con el cambio inicia en el 2001 con la propuesta de reforma fiscal que proponía gravar con 15% los alimentos y las medicinas. A esta propuesta se añadió una pésima campaña publicitaria del gobierno federal que, durante marzo y abril, trató de convencer a los mexicanos de escasos recursos que lo que se les cobrara de IVA les sería devuelto en su integridad y hasta “copeteado”.
A esta propuesta le siguieron el aumento de las tarifas eléctricas y de gas a principios del 2002, una difícil situación económica que se ha traducido en desempleo para muchas zonas del país, y recortes presupuestales a la mayoría de los estados y municipios.
La percepción de los electores desilusionados con el cambio es que éste les ha salido demasiado caro, por lo que es poco probable que voten por pisar a fondo el acelerador. Antes al contrario, tratarán de convencer a su conductor que mejor corrija el camino (It´s the economy, stupid!).
Jorge G. Castañeda, por su parte, plantea el escenario de un cambio atorado. Su tesis es que los mexicanos queremos el cambio pero que, ante la eventualidad de una ausencia de mayoría en la Cámara de Diputados, habrá que desatorarlo mediante un gobierno de coalición PAN-PRI.
Castañeda piensa que el atorón del cambio es institucional y que el problema se resolverá ya sea conformando una coalición partidista, o bien, celebrando el tantas veces invocado, pero nunca cumplido, pacto de transición democrática.
Ciertamente uno de los problemas del cambio es el atorón institucional con motivo del llamado gobierno “dividido”, lo que impide que el Presidente cuente con una mayoría legislativa que le permita poner en práctica su proyecto de gobierno.
Sin embargo, a muchos de los electores les pasa por desapercibido el problema institucional, y creen que el problema radica en la ausencia de un claro liderazgo presidencial que permita a los partidos trabajar de común acuerdo.
La tesis de Castañeda a favor de un gobierno de coalición con el PRI no resuelve necesariamente el problema del atorón del cambio, ya que desplaza el problema sobre la conformación de una mayoría legislativa, al debate sobre la integración de un programa común de gobierno. ¿Incluirá éste la reforma fiscal tal como la presentó Fox en el 2001, la apertura del sector eléctrico al capital privado, o la aprobación de la Ley Abascal del trabajo?
Otro de los escenarios en torno al futuro del cambio es el de su agotamiento ante la eventualidad de una mayoría opositora que se niegue a formar un gobierno de coalición. La elección de una mayoría priísta en la Cámara de Diputados consolidaría la situación de un gobierno “dividido” –que se prolongaría ya por nueve años consecutivos- sin posibilidades de acuerdo sobre las reformas estructurales que México necesita para seguir adelante.
Después de haber operado a favor del cambio y de Fox el 2 de julio del 2000, el realineamiento electoral habría jugado una especie de efecto rebote en favor del PRI, escenario que pondría en serios aprietos la supervivencia del proyecto de cambio foxista. El ciclo electoral del cambio, cuyo origen se remonta a 1997, habría llegado a su fin, para dar comienzo a un difícil periodo de cohabitation a la mexicana.
El problema para México es que ante la eventualidad de que el cambio foxista termine de manera prematura, tanto por el desencanto de los electores como por la situación del gobierno dividido, no exista, aún, una visión alternativa de cambio. Lo más lamentable es que la ausencia de un proyecto viable de cambio pone en riesgo de descarrilamiento a nuestra incipiente transición democrática.
domingo, 16 de marzo de 2003
¿Primer Ministro mexicano?
A raíz de la intervención quirúrgica del Presidente Fox ha vuelto a surgir la polémica sobre la necesidad de cambiar nuestra forma de gobierno.
El reconocido jurista Ignacio Burgoa sostuvo que Fox debió de haber pedido licencia al Congreso para que se designara a un Presidente interino. Otros consideraron que Fox no tenía facultades para nombrar al Secretario de Gobernación, Santiago Creel, como encargado de facto de la agenda nacional. Algunos diputados federales alzaron la voz para proponer que ya es tiempo que se introduzca en nuestro país la figura del "jefe de gabinete" o "jefe de Gobierno" para que éste supla la incapacidad o ausencia temporal del Presidente.
El debate que se ha suscitado con motivo de la operación de columna del Presidente tiene por lo menos dos aristas:
Evitar la alternancia sin elección
En primer lugar está el problema de la suplencia del Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva.
La Constitución mexicana en vigor proscribió la figura del Vicepresidente y, en cambio, otorgó al Congreso la facultad de nombrar a un Presidente interino y convocar a elecciones extraordinarias si la ausencia ocurre durante los primeros dos años de gobierno. Si la ausencia se produce en los últimos cuatro años de gobierno, el Congreso nombra a un Presidente sustituto para que termine el mandato.
El mecanismo contemplado por nuestra Constitución para suplir la falta del Presidente parece funcionar en los casos en que la mayoría política en el Congreso coincida con la mayoría presidencial.
Pero, ¿qué sucede, como en la actualidad, cuando el partido del Presidente no tiene mayoría, lo que se conoce como una situación de gobierno dividido?
Bajo este escenario pudiera darse el caso extremo de que el Congreso designe a un Presidente interino o sustituto de un partido contrario al del Presidente. Sin necesidad de tener que consultar a los electores, los legisladores tendrían la facultad de cambiar al partido en el poder. La alternancia en el Gobierno se daría sin que existiera una elección de por medio.
Las soluciones a este inconveniente pueden ser de varios tipos. Por un lado, que se reintroduzca la figura del Vicepresidente; por el otro, como propuso el PAN, que en caso de gobierno dividido, se obligue al Congreso a designar a un Presidente interino o sustituto del mismo partido que el Presidente que fallece o se ausenta.
La solución que me parece más democrática sería dejar que los electores decidan y que el Congreso se limite a convocar a elecciones extraordinarias sin importar en qué momento ocurra la ausencia presidencial.
Asegurar la gobernabilidad
La segunda vertiente del debate tiene que ver con la necesidad de hacer más eficiente nuestra forma de gobierno.
El presidencialismo funcionó porque a lo largo de la mayor parte del Siglo 20 el partido del Presidente controló el Congreso. El problema surge con motivo de las elecciones de 1997 y del 2000, a raíz de las cuales la mayoría legislativa no coincide con la mayoría presidencial.
De cara a las elecciones del próximo 6 de julio, el Presidente está obligado a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados si quiere que el sistema presidencial vuelva a funcionar.
¿Qué sucedería si el partido del Presidente no logra ganar la mayoría de la Cámara de Diputados? México entraría en una peligrosa ruta hacia el estancamiento.
Para resolverla, el Presidente tendría que echar mano de una serie de recursos metaconstitucionales como conformar una mayoría legislativa mediante un gobierno de coalición, o convocar, por enésima ocasión, a la clase política a firmar la versión mexicana del "pacto de la Moncloa" a fin de modificar la Constitución y consolidar nuestra incipiente democracia.
Aquí es donde se inscribe la propuesta de avanzar hacia un régimen semipresidencial mediante la introducción de la figura del jefe de gabinete o jefe de Gobierno. Este haría las veces de un Primer Ministro, y sería nombrado por el Presidente con una duración de tres años de acuerdo a la mayoría que prevalezca en la Cámara de Diputados.
Si la mayoría de la Cámara de Diputados coincide con la mayoría presidencial, el jefe de gabinete sería nombrado de entre un miembro del partido político del Presidente. Cuando la mayoría de la Cámara de Diputados sea opuesta a la mayoría presidencial, el Presidente tendría la posibilidad de nombrar a un jefe de gabinete del partido opositor, una especie de "cohabitación" a la mexicana.
Si ningún partido tiene la mayoría, como es el caso en la actualidad, el Presidente haría un llamado a los partidos representados en la Cámara de Diputados para conformar un gobierno de coalición. El jefe de gabinete propuesto por el Presidente tendría como misión respaldar los acuerdos que garanticen la buena marcha del País.
Con la introducción del jefe de gabinete nuestra forma de gobierno funcionaría de acuerdo a dos modalidades: presidencial, cuando el partido del Presidente tenga la mayoría del Congreso; o semipresidencial, con un activo papel del jefe de gobierno, en caso de un gobierno dividido.
La figura del jefe de gabinete introduciría en nuestro sistema presidencial un mecanismo institucional para que nuestra clase política alcance los acuerdos necesarios que aseguren la gobernabilidad del País. Un jefe de gabinete liberaría la agenda presidencial del trabajo operativo, permitiendo que el Presidente se enfoque en los asuntos estratégicos.
(Este artículo apareció publicado en el periódico El Norte -16-03-03)
El reconocido jurista Ignacio Burgoa sostuvo que Fox debió de haber pedido licencia al Congreso para que se designara a un Presidente interino. Otros consideraron que Fox no tenía facultades para nombrar al Secretario de Gobernación, Santiago Creel, como encargado de facto de la agenda nacional. Algunos diputados federales alzaron la voz para proponer que ya es tiempo que se introduzca en nuestro país la figura del "jefe de gabinete" o "jefe de Gobierno" para que éste supla la incapacidad o ausencia temporal del Presidente.
El debate que se ha suscitado con motivo de la operación de columna del Presidente tiene por lo menos dos aristas:
Evitar la alternancia sin elección
En primer lugar está el problema de la suplencia del Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva.
La Constitución mexicana en vigor proscribió la figura del Vicepresidente y, en cambio, otorgó al Congreso la facultad de nombrar a un Presidente interino y convocar a elecciones extraordinarias si la ausencia ocurre durante los primeros dos años de gobierno. Si la ausencia se produce en los últimos cuatro años de gobierno, el Congreso nombra a un Presidente sustituto para que termine el mandato.
El mecanismo contemplado por nuestra Constitución para suplir la falta del Presidente parece funcionar en los casos en que la mayoría política en el Congreso coincida con la mayoría presidencial.
Pero, ¿qué sucede, como en la actualidad, cuando el partido del Presidente no tiene mayoría, lo que se conoce como una situación de gobierno dividido?
Bajo este escenario pudiera darse el caso extremo de que el Congreso designe a un Presidente interino o sustituto de un partido contrario al del Presidente. Sin necesidad de tener que consultar a los electores, los legisladores tendrían la facultad de cambiar al partido en el poder. La alternancia en el Gobierno se daría sin que existiera una elección de por medio.
Las soluciones a este inconveniente pueden ser de varios tipos. Por un lado, que se reintroduzca la figura del Vicepresidente; por el otro, como propuso el PAN, que en caso de gobierno dividido, se obligue al Congreso a designar a un Presidente interino o sustituto del mismo partido que el Presidente que fallece o se ausenta.
La solución que me parece más democrática sería dejar que los electores decidan y que el Congreso se limite a convocar a elecciones extraordinarias sin importar en qué momento ocurra la ausencia presidencial.
Asegurar la gobernabilidad
La segunda vertiente del debate tiene que ver con la necesidad de hacer más eficiente nuestra forma de gobierno.
El presidencialismo funcionó porque a lo largo de la mayor parte del Siglo 20 el partido del Presidente controló el Congreso. El problema surge con motivo de las elecciones de 1997 y del 2000, a raíz de las cuales la mayoría legislativa no coincide con la mayoría presidencial.
De cara a las elecciones del próximo 6 de julio, el Presidente está obligado a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados si quiere que el sistema presidencial vuelva a funcionar.
¿Qué sucedería si el partido del Presidente no logra ganar la mayoría de la Cámara de Diputados? México entraría en una peligrosa ruta hacia el estancamiento.
Para resolverla, el Presidente tendría que echar mano de una serie de recursos metaconstitucionales como conformar una mayoría legislativa mediante un gobierno de coalición, o convocar, por enésima ocasión, a la clase política a firmar la versión mexicana del "pacto de la Moncloa" a fin de modificar la Constitución y consolidar nuestra incipiente democracia.
Aquí es donde se inscribe la propuesta de avanzar hacia un régimen semipresidencial mediante la introducción de la figura del jefe de gabinete o jefe de Gobierno. Este haría las veces de un Primer Ministro, y sería nombrado por el Presidente con una duración de tres años de acuerdo a la mayoría que prevalezca en la Cámara de Diputados.
Si la mayoría de la Cámara de Diputados coincide con la mayoría presidencial, el jefe de gabinete sería nombrado de entre un miembro del partido político del Presidente. Cuando la mayoría de la Cámara de Diputados sea opuesta a la mayoría presidencial, el Presidente tendría la posibilidad de nombrar a un jefe de gabinete del partido opositor, una especie de "cohabitación" a la mexicana.
Si ningún partido tiene la mayoría, como es el caso en la actualidad, el Presidente haría un llamado a los partidos representados en la Cámara de Diputados para conformar un gobierno de coalición. El jefe de gabinete propuesto por el Presidente tendría como misión respaldar los acuerdos que garanticen la buena marcha del País.
Con la introducción del jefe de gabinete nuestra forma de gobierno funcionaría de acuerdo a dos modalidades: presidencial, cuando el partido del Presidente tenga la mayoría del Congreso; o semipresidencial, con un activo papel del jefe de gobierno, en caso de un gobierno dividido.
La figura del jefe de gabinete introduciría en nuestro sistema presidencial un mecanismo institucional para que nuestra clase política alcance los acuerdos necesarios que aseguren la gobernabilidad del País. Un jefe de gabinete liberaría la agenda presidencial del trabajo operativo, permitiendo que el Presidente se enfoque en los asuntos estratégicos.
(Este artículo apareció publicado en el periódico El Norte -16-03-03)
lunes, 3 de marzo de 2003
Otro referéndum al viejo PRI
Ya parece un lugar común escuchar a asesores estadounidenses y latinoamericanos quejarse del bajo nivel de nuestro marketing político.
La explicación más sencilla a este subdesarrollo mercadológico se encuentra en el pluralismo político limitado que dominó la escena electoral durante el régimen autoritario.
Las primera contienda realmente competida a nivel nacional fue la elección federal del 97, año en el que, gracias a las reformas electorales del 96, los partidos de oposición dispusieron de recursos suficientes para tener acceso a los medios de comunicación.
Bajo la supervisión de Carlos Castillo Peraza, el PAN realizó en el 97, una de las mejoras campañas de las que se tengan memoria en México. La campaña a favor del cambio caricaturizó, bajo el estilo neorrealista de “Z Producciones”, el universo autoritario del PRI con comerciales en blanco y negro de un minuto de duración.
La mayoría de los comerciales de esta serie son memorables, como el de los reclusos que se rebelan en contra de sus carceleros por no haberles servido; el de los diputados que levantan el dedo al son de los balidos de las ovejas; el del partido de fútbol en el que los ciudadanos pierden contra las chapuzas de los mismos de siempre; o aquel del discurso populista que prometía una vida digna a los habitantes de las zonas marginadas.
Mientras esto sucedía con la publicidad del PAN, el PRI se olvidó de la crisis económica y la inconformidad manifiesta de los ciudadanos, y puso en marcha una campaña optimista y armoniosa, en el más puro estilo de “Good Morning America” de Ronald Reagan, bajo el lema “Porque México eres tú, México es primero”.
La campaña a favor del cambio, aunado al error en el mensaje de la campaña del PRI, capitalizó el descontento de los electores como consecuencia de la crisis económica del 94-95 y produjo que el PRI perdiera, por primera vez en su historia, la mayoría de la Cámara de Diputados.
La campaña presidencial de la Alianza por el Cambio en el 2000 tuvo éxito porque logra personalizar el mensaje de cambio en el liderazgo y en la figura de Vicente Fox.
Se equivoca James Carville -el gurú que llevó al triunfo a Clinton en el 92-, cuando declara que el error de Labastida fue haber abandonado el mensaje del nuevo PRI. El error radicó, justamente, en la estrategia de campaña temática que le diseñó el mismo Carville prometiendo “inglés y computación en las escuelas, y médicos para las mujeres embarazadas”, mensajes que no fueron relevantes frente a la campaña de Fox que planteaba un solo gran tema: ¡Sacar al PRI de Los Pinos!
A Carville se le olvidó que, más allá de las propuestas temáticas, o de la oferta de un nuevo PRI, los electores votan por estilos de liderazgo, y, en este sentido, el liderazgo de Fox (el hombre Marlboro), se impuso frente al liderazgo burocrático y gris de Labastida (“me has dicho mariquita, me dijiste mandilón…”).
Un punto interesante a destacar es que el enfoque del marketing sudamericano que impulsaron Jorge G. Castañeda y Adolfo Aguilar Zínser para la campaña de Fox, con base en el referéndum de Chile del 88 y en la campaña argentina de De la Rúa del 99, fue más efectivo que el enfoque temático que aplicaron los asesores estadounidenses James Carville y Stanley Greenberg para Labastida.
Así las cosas, todo indicaba que con la desaparición del viejo régimen, el marketing político mexicano estaría libre de ataduras y daría, por fin, nacimiento a campañas y mensajes que se enfocaran a atender las verdaderas necesidades de los electores.
Pero al parecer, según las campañas locales más recientes (2001-2002), y el inicio de las campañas nacionales rumbo al 6 de julio del 2003, seguimos atrapados entre los paradigmas publicitarios del viejo régimen y el atorón de la transición hacia uno nuevo.
El PAN ha decidido mantener la estrategia publicitaria del 2000, y hacer de las próximas elecciones federales otro referéndum al viejo PRI. Para este fin ha emprendido una cruzada bajo el lema “ayúdanos a quitarle el freno al cambio”.
El riesgo de este enfoque es pensar que se puede repetir la misma estrategia y la misma lógica de voto en dos elecciones de naturaleza y dimensiones diferentes, cuando los electores ya dieron por descontado el voto de castigo en contra del PRI, y ahora esperan del cambio un mensaje diferente.
El mensaje nacional que echó a andar para estos comicios el PRI, trata de recordarle a la población que, al menos con él, a pesar de la corrupción y de todos los demás excesos del autoritarismo, se vivía mejor porque “el PRI sí tiene experiencia para gobernar”.
La limitante de esta estrategia, como escribió Jacques Séguéla, es que los electores siempre votan por el futuro, nunca por regresar al pasado. Bajo esta lógica, al emprender la defensa del autoritarismo, la campaña del PRI cae en la trampa de la polarización a favor del cambio.
¿Dónde está la visión alternativa del PRI al proyecto de cambio foxista? ¿Dónde los beneficios para los electores?
Al no haber una propuesta y un mensaje claros de futuro, y al no existir una conexión emocional de la clase política -tanto del PAN como del PRI-, con las verdaderas necesidades de los electores, las campañas políticas en el post-autoritarismo están cayendo en una peligrosa dosis de negatividad.
En algunas elecciones municipales he llegado a contar una proporción hasta de un ochenta por ciento de comerciales negativos frente a veinte por ciento de positivos, cifra muy por encima de la relación 50/50 que identificó Shanto Iyengar en California, estado campeón de las campañas negativas. La dosis de negatividad de las campañas mexicanas está más propensa a la patología que a la normalidad.
Tendremos que esperar a que se desatore el atorón mexicano y a que se resuelva la falta de consenso de las élites en torno a la visión del país que queremos, para que se resuelva, también, la crisis de nuestro marketing político.
Lograrlo supone superar la nostalgia por el pasado priísta y la ilusión en torno a un cambio providencial que nunca llegará. Entonces encontraremos la verdadera sintonía emocional con los electores.
La explicación más sencilla a este subdesarrollo mercadológico se encuentra en el pluralismo político limitado que dominó la escena electoral durante el régimen autoritario.
Las primera contienda realmente competida a nivel nacional fue la elección federal del 97, año en el que, gracias a las reformas electorales del 96, los partidos de oposición dispusieron de recursos suficientes para tener acceso a los medios de comunicación.
Bajo la supervisión de Carlos Castillo Peraza, el PAN realizó en el 97, una de las mejoras campañas de las que se tengan memoria en México. La campaña a favor del cambio caricaturizó, bajo el estilo neorrealista de “Z Producciones”, el universo autoritario del PRI con comerciales en blanco y negro de un minuto de duración.
La mayoría de los comerciales de esta serie son memorables, como el de los reclusos que se rebelan en contra de sus carceleros por no haberles servido; el de los diputados que levantan el dedo al son de los balidos de las ovejas; el del partido de fútbol en el que los ciudadanos pierden contra las chapuzas de los mismos de siempre; o aquel del discurso populista que prometía una vida digna a los habitantes de las zonas marginadas.
Mientras esto sucedía con la publicidad del PAN, el PRI se olvidó de la crisis económica y la inconformidad manifiesta de los ciudadanos, y puso en marcha una campaña optimista y armoniosa, en el más puro estilo de “Good Morning America” de Ronald Reagan, bajo el lema “Porque México eres tú, México es primero”.
La campaña a favor del cambio, aunado al error en el mensaje de la campaña del PRI, capitalizó el descontento de los electores como consecuencia de la crisis económica del 94-95 y produjo que el PRI perdiera, por primera vez en su historia, la mayoría de la Cámara de Diputados.
La campaña presidencial de la Alianza por el Cambio en el 2000 tuvo éxito porque logra personalizar el mensaje de cambio en el liderazgo y en la figura de Vicente Fox.
Se equivoca James Carville -el gurú que llevó al triunfo a Clinton en el 92-, cuando declara que el error de Labastida fue haber abandonado el mensaje del nuevo PRI. El error radicó, justamente, en la estrategia de campaña temática que le diseñó el mismo Carville prometiendo “inglés y computación en las escuelas, y médicos para las mujeres embarazadas”, mensajes que no fueron relevantes frente a la campaña de Fox que planteaba un solo gran tema: ¡Sacar al PRI de Los Pinos!
A Carville se le olvidó que, más allá de las propuestas temáticas, o de la oferta de un nuevo PRI, los electores votan por estilos de liderazgo, y, en este sentido, el liderazgo de Fox (el hombre Marlboro), se impuso frente al liderazgo burocrático y gris de Labastida (“me has dicho mariquita, me dijiste mandilón…”).
Un punto interesante a destacar es que el enfoque del marketing sudamericano que impulsaron Jorge G. Castañeda y Adolfo Aguilar Zínser para la campaña de Fox, con base en el referéndum de Chile del 88 y en la campaña argentina de De la Rúa del 99, fue más efectivo que el enfoque temático que aplicaron los asesores estadounidenses James Carville y Stanley Greenberg para Labastida.
Así las cosas, todo indicaba que con la desaparición del viejo régimen, el marketing político mexicano estaría libre de ataduras y daría, por fin, nacimiento a campañas y mensajes que se enfocaran a atender las verdaderas necesidades de los electores.
Pero al parecer, según las campañas locales más recientes (2001-2002), y el inicio de las campañas nacionales rumbo al 6 de julio del 2003, seguimos atrapados entre los paradigmas publicitarios del viejo régimen y el atorón de la transición hacia uno nuevo.
El PAN ha decidido mantener la estrategia publicitaria del 2000, y hacer de las próximas elecciones federales otro referéndum al viejo PRI. Para este fin ha emprendido una cruzada bajo el lema “ayúdanos a quitarle el freno al cambio”.
El riesgo de este enfoque es pensar que se puede repetir la misma estrategia y la misma lógica de voto en dos elecciones de naturaleza y dimensiones diferentes, cuando los electores ya dieron por descontado el voto de castigo en contra del PRI, y ahora esperan del cambio un mensaje diferente.
El mensaje nacional que echó a andar para estos comicios el PRI, trata de recordarle a la población que, al menos con él, a pesar de la corrupción y de todos los demás excesos del autoritarismo, se vivía mejor porque “el PRI sí tiene experiencia para gobernar”.
La limitante de esta estrategia, como escribió Jacques Séguéla, es que los electores siempre votan por el futuro, nunca por regresar al pasado. Bajo esta lógica, al emprender la defensa del autoritarismo, la campaña del PRI cae en la trampa de la polarización a favor del cambio.
¿Dónde está la visión alternativa del PRI al proyecto de cambio foxista? ¿Dónde los beneficios para los electores?
Al no haber una propuesta y un mensaje claros de futuro, y al no existir una conexión emocional de la clase política -tanto del PAN como del PRI-, con las verdaderas necesidades de los electores, las campañas políticas en el post-autoritarismo están cayendo en una peligrosa dosis de negatividad.
En algunas elecciones municipales he llegado a contar una proporción hasta de un ochenta por ciento de comerciales negativos frente a veinte por ciento de positivos, cifra muy por encima de la relación 50/50 que identificó Shanto Iyengar en California, estado campeón de las campañas negativas. La dosis de negatividad de las campañas mexicanas está más propensa a la patología que a la normalidad.
Tendremos que esperar a que se desatore el atorón mexicano y a que se resuelva la falta de consenso de las élites en torno a la visión del país que queremos, para que se resuelva, también, la crisis de nuestro marketing político.
Lograrlo supone superar la nostalgia por el pasado priísta y la ilusión en torno a un cambio providencial que nunca llegará. Entonces encontraremos la verdadera sintonía emocional con los electores.
domingo, 25 de noviembre de 2001
PRI: ¿Renovación o retroceso?
Después del 2 de julio el PRI se enfrentaba, por lo menos, a cuatro escenarios probables: extinción, ruptura, restauración y, en el más optimista, refundación.
En diciembre del 2000, el PRI llegó a su punto más bajo de popularidad, con sólo 22 por ciento de intención de voto a nivel nacional. Para julio de este año, contra todos los pronósticos, el PRI comienza a recuperar los niveles de votación que tenía a mediados de 1999, y que lo mantienen, hoy, en un promedio de alrededor del 43 por ciento de la intención de voto, frente a un 36 por ciento del PAN y 21 por ciento del PRD.
La base de esta recuperación, sin embargo, puede ser engañosa, pues no radica en el desarrollo de nuevas ventajas competitivas propias, sino en la desaparición de la principal ventaja competitiva del PAN, que consiste en la pérdida del "efecto Fox", como consecuencia de los errores de gobierno, la crisis económica y la intención de gravar con IVA a los alimentos y medicinas.
¿Cambio de partido o cambios en el partido? La XVIII Asamblea introdujo cambios en el funcionamiento del PRI. Ahora se trata de saber si los cambios efectuados representan para el PRI la adquisición de ventajas competitivas duraderas frente a los electores, o si se trata, sólo, de ventajas competitivas temporales, que, por lo tanto, son susceptibles de desvanecerse en el corto plazo.
Recordemos que en noviembre del 99, después de las elecciones primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la República, el "nuevo PRI" contaba con el 52 por ciento de la intención del voto. En sólo cuatro meses, de enero a finales de abril, después del primer debate presidencial, la imagen del "nuevo PRI" se derrumbó y la intención del voto cayó a 36 por ciento para ya no moverse hasta el 2 de julio.
Bajo esta óptica, los resultados de la Asamblea son paradójicos: si bien algunas reformas apuntan hacia la democratización y apertura del PRI, otras lo alejan de la sociedad, al mantener intacto el "coto privado" de la tradicional clase política.
En el primer grupo de reformas se encuentran la apertura del 50 por ciento de las candidaturas a las mujeres y el 30 por ciento a los jóvenes, también el apoyo a las alianzas y a las candidaturas comunes, la descentralización de la mitad del financiamiento público nacional a los comités estatales y la elección del presidente nacional del PRI por el voto de las bases.
En el otro extremo se encuentran las reformas que mantienen cerrada la estructura partidista, como el mantenimiento de los candados para ser candidato a Gobernador o Presidente (contar con diez años de militancia y haber ocupado un puesto de elección popular), y el nuevo candado que impide a los dirigentes del PRI ocupar un cargo de elección.
Estas contradicciones nos llevan a pensar que la XVIII Asamblea fue más de carácter electivo que deliberativo: la preocupación fundamental de la mayoría de los delegados no fue tanto refundar al PRI, sino cambiar a su dirigencia.
¿Cambio de líder o de organización? Al fijar las reglas y el día para la renovación de la dirigencia, da la impresión que los delegados creyeron más efectivo apostarle a un cambio de liderazgo que dejar sentadas las bases para la democratización real del PRI.
En la XVIII Asamblea, la visión de los delegados madracistas se impuso sobre la de los labastidistas. Esto puede representar la esperanza de un cambio dentro del PRI. Pero no hay que olvidar que un cambio de líder no necesariamente es sinónimo de democratización. La ventaja competitiva que se podría adquirir con una nueva dirigencia puede ser temporal y desvanecerse en el corto plazo, si al mismo tiempo no se acompaña de una verdadera transformación de la estructura partidista.
De todos los cambios efectuados, o que se pudieran efectuar al PRI en el futuro, el único que le otorga una ventaja competitiva duradera, capaz de asegurar su éxito electoral y su supervivencia como partido, es el de su verdadera y genuina democratización.
El mea culpa (pedir perdón y una nueva oportunidad de gobernar) no es sinónimo de democratización: el primero es un truco publicitario, cada vez menos efectivo y de efectos pasajeros; la democratización, por el contrario, es la única transformación duradera.
En diciembre del 2000, el PRI llegó a su punto más bajo de popularidad, con sólo 22 por ciento de intención de voto a nivel nacional. Para julio de este año, contra todos los pronósticos, el PRI comienza a recuperar los niveles de votación que tenía a mediados de 1999, y que lo mantienen, hoy, en un promedio de alrededor del 43 por ciento de la intención de voto, frente a un 36 por ciento del PAN y 21 por ciento del PRD.
La base de esta recuperación, sin embargo, puede ser engañosa, pues no radica en el desarrollo de nuevas ventajas competitivas propias, sino en la desaparición de la principal ventaja competitiva del PAN, que consiste en la pérdida del "efecto Fox", como consecuencia de los errores de gobierno, la crisis económica y la intención de gravar con IVA a los alimentos y medicinas.
¿Cambio de partido o cambios en el partido? La XVIII Asamblea introdujo cambios en el funcionamiento del PRI. Ahora se trata de saber si los cambios efectuados representan para el PRI la adquisición de ventajas competitivas duraderas frente a los electores, o si se trata, sólo, de ventajas competitivas temporales, que, por lo tanto, son susceptibles de desvanecerse en el corto plazo.
Recordemos que en noviembre del 99, después de las elecciones primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la República, el "nuevo PRI" contaba con el 52 por ciento de la intención del voto. En sólo cuatro meses, de enero a finales de abril, después del primer debate presidencial, la imagen del "nuevo PRI" se derrumbó y la intención del voto cayó a 36 por ciento para ya no moverse hasta el 2 de julio.
Bajo esta óptica, los resultados de la Asamblea son paradójicos: si bien algunas reformas apuntan hacia la democratización y apertura del PRI, otras lo alejan de la sociedad, al mantener intacto el "coto privado" de la tradicional clase política.
En el primer grupo de reformas se encuentran la apertura del 50 por ciento de las candidaturas a las mujeres y el 30 por ciento a los jóvenes, también el apoyo a las alianzas y a las candidaturas comunes, la descentralización de la mitad del financiamiento público nacional a los comités estatales y la elección del presidente nacional del PRI por el voto de las bases.
En el otro extremo se encuentran las reformas que mantienen cerrada la estructura partidista, como el mantenimiento de los candados para ser candidato a Gobernador o Presidente (contar con diez años de militancia y haber ocupado un puesto de elección popular), y el nuevo candado que impide a los dirigentes del PRI ocupar un cargo de elección.
Estas contradicciones nos llevan a pensar que la XVIII Asamblea fue más de carácter electivo que deliberativo: la preocupación fundamental de la mayoría de los delegados no fue tanto refundar al PRI, sino cambiar a su dirigencia.
¿Cambio de líder o de organización? Al fijar las reglas y el día para la renovación de la dirigencia, da la impresión que los delegados creyeron más efectivo apostarle a un cambio de liderazgo que dejar sentadas las bases para la democratización real del PRI.
En la XVIII Asamblea, la visión de los delegados madracistas se impuso sobre la de los labastidistas. Esto puede representar la esperanza de un cambio dentro del PRI. Pero no hay que olvidar que un cambio de líder no necesariamente es sinónimo de democratización. La ventaja competitiva que se podría adquirir con una nueva dirigencia puede ser temporal y desvanecerse en el corto plazo, si al mismo tiempo no se acompaña de una verdadera transformación de la estructura partidista.
De todos los cambios efectuados, o que se pudieran efectuar al PRI en el futuro, el único que le otorga una ventaja competitiva duradera, capaz de asegurar su éxito electoral y su supervivencia como partido, es el de su verdadera y genuina democratización.
El mea culpa (pedir perdón y una nueva oportunidad de gobernar) no es sinónimo de democratización: el primero es un truco publicitario, cada vez menos efectivo y de efectos pasajeros; la democratización, por el contrario, es la única transformación duradera.
lunes, 17 de septiembre de 2001
Estrategias para salir del “atorón”
México está en declive. Lo estamos no sólo en el terreno económico sino también en el político.
Después de la salida del PRI de Los Pinos, lo que debió ser un intenso periodo de transición institucional hacia la democracia y de reformas estratégicas en lo económico, se ha convertido en una triste “transición atorada” (Fox dixit) y en un preocupante impasse en las reformas económicas.
Nuestra clase política lleva tres años discutiendo sin una agenda ni una estrategia claras para establecer la visión del país que necesitamos para el siglo XXI.
Ante la ausencia de una verdadera agenda nacional, se ha impuesto la agenda electoral como tema prioritario de reflexión.
El deterioro del status quo ha sido devastador para el PAN en su desempeño eleccionario. El malestar en las economías familiares, la amenaza de gravar con IVA los alimentos y las medicinas, y la percepción de su incapacidad e inexperiencia para gobernar, han abierto sendas brechas por donde se han fugado los votos que capturaron en el 2000.
Los factores que apuntalan la recuperación del PRI son los mismos que han minado las fortalezas del PAN, pero aquí –ventaja opositora obliga- han jugado inversamente a su favor: su oposición al aumento de impuestos y a las privatizaciones de PEMEX y la CFE, aunado a la percepción de contar con una mayor experiencia y capacidad para gobernar, le han hecho marcar puntos importantes frente a los electores.
El PAN ha perdido su posicionamiento en los temas de economía, capacidad gerencial y cambio, mientras que el PRI se ha recuperado en base a los temas de experiencia para gobernar y defensa de la economía familiar al oponerse al aumento de impuestos.
El PRD, al igual que el PRI, se ha fortalecido en base a la crítica al desempeño económico del gobierno federal, con una particularidad, ha jugado a diferenciarse, tanto del PAN como del PRI, apostándole a una tercera vía que tiene a Andrés Manuel López Obrador como su principal exponente y que se ha posicionado en el Distrito Federal con los temas de política social, la llamada “revolución blanca” que consiste en apoyos económicos a la tercera edad, pero también capacidad gerencial mediante la construcción de grandes obras viales y el rescate del Centro Histórico, y el diseño de una política de seguridad en base al programa “cero tolerancia”, con la asesoría de Rudolph Giuliani.
En este juego de escenarios de suma cero ninguno de los actores gana en el mediano o largo plazo, pues al atrincherarse en la defensa de sus intereses particulares, se está minando la viabilidad del país en el futuro.
En la medida en que la agenda electoral prevalezca sobre la agenda nacional, ninguno de los actores se aventurará a asumir el costo de las decisiones de las reformas institucional y económica por temor a ser castigado por los electores.
Un callejón sin salida
El error estratégico de Fox fue haberle fijado al Congreso la agenda de la reforma fiscal y la apertura del sector eléctrico sin antes generar los acuerdos políticos que les dieran sustento.
Lejos de ello, abrió un frente de ataque al PRI con el tema del Pemexgate que lo único que hizo fue polarizar las posiciones y echar abajo su capacidad negociadora. La alianza con el PRD tampoco le fructificó por la oposición ideológica de la izquierda a gravar con IVA los alimentos y medicinas, y a privatizar la CFE.
Después de la debacle electoral del 2003, en la que el PAN perdió a la mitad de sus electores, Fox corrigió el enfoque de su administración al supeditar las reformas estructurales a los acuerdos políticos, para lo cual puso en marcha una política de distensión con el PRI, que, a raíz de las elecciones legislativas, se convirtió en la principal fuerza política del país.
Fox pudo haber utilizado algunas otras tácticas para generar los acuerdos políticos con la oposición, como conformar un gobierno de coalición tanto con el PRI, como con el PRD. Pero lejos de ello, en la recomposición de su gabinete inmediatamente después de las elecciones, fortaleció la posición del PAN.
Otra táctica pudo haber sido la convocatoria al “Pacto de Chapultepec” que enarboló durante su campaña presidencial, y que seguramente no hizo por el precedente del 2001 en el que, a instancias de Santiago Creel, convocó a un acuerdo político nacional que se quedó guardado en el tintero, y, tal vez, para evitar generar expectativas que posiblemente no podría cumplir.
El principal eje de negociación que ha elegido el gobierno de Fox es llegar a un acuerdo con los presidentes de los grupos parlamentarios tanto del PRI como del PRD en la Cámara de Diputados, Elba Esther Gordillo y Pablo Gómez, para que ellos, a su vez, lo impongan a sus respectivos grupos parlamentarios.
Esta estrategia de negociación cupular, sin embargo, enfrenta el riesgo de generar divisiones al interior tanto del PRI como del PRD al no poder superar la oposición de los sectores duros.
La luz al final de túnel en el escenario de negociación nacional no se ve muy clara.
Desatorar el atorón
Más allá del contexto de negociación nacional, una estrategia que se ha estado abriendo paso, al principio con la oposición presidencial, pero luego con su apoyo, y podría convertirse en la salida al atorón institucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, es la llamada Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).
La CONAGO se ha convertido no sólo en la caja de resonancia de las reformas económicas y fiscales que tanto había buscado Fox para impulsar su proyecto de gobierno, pues los gobiernos estatales enfrentan los mismos problemas de restricciones presupuestales que el gobierno federal, sino que ha abierto en el país una importante vía de negociación y de cambio desde la periferia que podría ser una pieza clave para destrabar el atorón en las instituciones del poder central.
Lo paradójico de esta situación es que a diferencia del Pacto de la Moncloa, que congregó en España a las principales fuerzas políticas en la sede del Palacio de Gobierno en 1977 para acordar la transición, en México el pacto de transición, sin saberlo, se podría estar gestando a partir de la periferia, a instancias de la CONAGO. Algo similar a lo que ocurrió con la revolución del sufragio en México que se gestó primero en los municipios y en los estados, para de ahí emprender su larga marcha hacia Los Pinos.
De esta forma, nuestra transición democrática tomaría una ruta más larga que la transición española, pues tomaría la forma de un “pacto federal” a través de la llamada Convención Nacional Hacendaria, que arrancaría sus trabajos el 5 de febrero del 2004, justo en el aniversario de nuestras Constituciones de 1917 y 1857.
Nuestra transición no sería jacobina o centralista, como muchas de las transiciones europeas, sino girondina o federalista, como la de los Estados Unidos. Es claro que los acuerdos de la CONAGO a través de la Convención Nacional Hacendaria no tienen un carácter obligatorio para los Poderes de la Unión, pero lo importante es que esta instancia de negociación genere una dinámica tal que involucre a los Poderes de la Unión, y si los gobernadores de todos los partidos están dispuestos a asumir los costos de las reformas institucionales y económicas, los legisladores decidan también compartir esta responsabilidad.
El éxito de los trabajos de la CONAGO y el apoyo que le ha dado, de última hora el Presidente Fox, pueden ayudar a que la clase política nacional deje a un lado la agenda electoral, que es siempre de corto plazo, y haga suya una agenda nacional que nos ayude a construir la visión del México que necesitamos en el siglo XXI.
Para salvar a México del declive tenemos que abandonar las visiones de corto plazo para impulsar reformas estratégicas sólidas de largo alcance.
Después de la salida del PRI de Los Pinos, lo que debió ser un intenso periodo de transición institucional hacia la democracia y de reformas estratégicas en lo económico, se ha convertido en una triste “transición atorada” (Fox dixit) y en un preocupante impasse en las reformas económicas.
Nuestra clase política lleva tres años discutiendo sin una agenda ni una estrategia claras para establecer la visión del país que necesitamos para el siglo XXI.
Ante la ausencia de una verdadera agenda nacional, se ha impuesto la agenda electoral como tema prioritario de reflexión.
El deterioro del status quo ha sido devastador para el PAN en su desempeño eleccionario. El malestar en las economías familiares, la amenaza de gravar con IVA los alimentos y las medicinas, y la percepción de su incapacidad e inexperiencia para gobernar, han abierto sendas brechas por donde se han fugado los votos que capturaron en el 2000.
Los factores que apuntalan la recuperación del PRI son los mismos que han minado las fortalezas del PAN, pero aquí –ventaja opositora obliga- han jugado inversamente a su favor: su oposición al aumento de impuestos y a las privatizaciones de PEMEX y la CFE, aunado a la percepción de contar con una mayor experiencia y capacidad para gobernar, le han hecho marcar puntos importantes frente a los electores.
El PAN ha perdido su posicionamiento en los temas de economía, capacidad gerencial y cambio, mientras que el PRI se ha recuperado en base a los temas de experiencia para gobernar y defensa de la economía familiar al oponerse al aumento de impuestos.
El PRD, al igual que el PRI, se ha fortalecido en base a la crítica al desempeño económico del gobierno federal, con una particularidad, ha jugado a diferenciarse, tanto del PAN como del PRI, apostándole a una tercera vía que tiene a Andrés Manuel López Obrador como su principal exponente y que se ha posicionado en el Distrito Federal con los temas de política social, la llamada “revolución blanca” que consiste en apoyos económicos a la tercera edad, pero también capacidad gerencial mediante la construcción de grandes obras viales y el rescate del Centro Histórico, y el diseño de una política de seguridad en base al programa “cero tolerancia”, con la asesoría de Rudolph Giuliani.
En este juego de escenarios de suma cero ninguno de los actores gana en el mediano o largo plazo, pues al atrincherarse en la defensa de sus intereses particulares, se está minando la viabilidad del país en el futuro.
En la medida en que la agenda electoral prevalezca sobre la agenda nacional, ninguno de los actores se aventurará a asumir el costo de las decisiones de las reformas institucional y económica por temor a ser castigado por los electores.
Un callejón sin salida
El error estratégico de Fox fue haberle fijado al Congreso la agenda de la reforma fiscal y la apertura del sector eléctrico sin antes generar los acuerdos políticos que les dieran sustento.
Lejos de ello, abrió un frente de ataque al PRI con el tema del Pemexgate que lo único que hizo fue polarizar las posiciones y echar abajo su capacidad negociadora. La alianza con el PRD tampoco le fructificó por la oposición ideológica de la izquierda a gravar con IVA los alimentos y medicinas, y a privatizar la CFE.
Después de la debacle electoral del 2003, en la que el PAN perdió a la mitad de sus electores, Fox corrigió el enfoque de su administración al supeditar las reformas estructurales a los acuerdos políticos, para lo cual puso en marcha una política de distensión con el PRI, que, a raíz de las elecciones legislativas, se convirtió en la principal fuerza política del país.
Fox pudo haber utilizado algunas otras tácticas para generar los acuerdos políticos con la oposición, como conformar un gobierno de coalición tanto con el PRI, como con el PRD. Pero lejos de ello, en la recomposición de su gabinete inmediatamente después de las elecciones, fortaleció la posición del PAN.
Otra táctica pudo haber sido la convocatoria al “Pacto de Chapultepec” que enarboló durante su campaña presidencial, y que seguramente no hizo por el precedente del 2001 en el que, a instancias de Santiago Creel, convocó a un acuerdo político nacional que se quedó guardado en el tintero, y, tal vez, para evitar generar expectativas que posiblemente no podría cumplir.
El principal eje de negociación que ha elegido el gobierno de Fox es llegar a un acuerdo con los presidentes de los grupos parlamentarios tanto del PRI como del PRD en la Cámara de Diputados, Elba Esther Gordillo y Pablo Gómez, para que ellos, a su vez, lo impongan a sus respectivos grupos parlamentarios.
Esta estrategia de negociación cupular, sin embargo, enfrenta el riesgo de generar divisiones al interior tanto del PRI como del PRD al no poder superar la oposición de los sectores duros.
La luz al final de túnel en el escenario de negociación nacional no se ve muy clara.
Desatorar el atorón
Más allá del contexto de negociación nacional, una estrategia que se ha estado abriendo paso, al principio con la oposición presidencial, pero luego con su apoyo, y podría convertirse en la salida al atorón institucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, es la llamada Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).
La CONAGO se ha convertido no sólo en la caja de resonancia de las reformas económicas y fiscales que tanto había buscado Fox para impulsar su proyecto de gobierno, pues los gobiernos estatales enfrentan los mismos problemas de restricciones presupuestales que el gobierno federal, sino que ha abierto en el país una importante vía de negociación y de cambio desde la periferia que podría ser una pieza clave para destrabar el atorón en las instituciones del poder central.
Lo paradójico de esta situación es que a diferencia del Pacto de la Moncloa, que congregó en España a las principales fuerzas políticas en la sede del Palacio de Gobierno en 1977 para acordar la transición, en México el pacto de transición, sin saberlo, se podría estar gestando a partir de la periferia, a instancias de la CONAGO. Algo similar a lo que ocurrió con la revolución del sufragio en México que se gestó primero en los municipios y en los estados, para de ahí emprender su larga marcha hacia Los Pinos.
De esta forma, nuestra transición democrática tomaría una ruta más larga que la transición española, pues tomaría la forma de un “pacto federal” a través de la llamada Convención Nacional Hacendaria, que arrancaría sus trabajos el 5 de febrero del 2004, justo en el aniversario de nuestras Constituciones de 1917 y 1857.
Nuestra transición no sería jacobina o centralista, como muchas de las transiciones europeas, sino girondina o federalista, como la de los Estados Unidos. Es claro que los acuerdos de la CONAGO a través de la Convención Nacional Hacendaria no tienen un carácter obligatorio para los Poderes de la Unión, pero lo importante es que esta instancia de negociación genere una dinámica tal que involucre a los Poderes de la Unión, y si los gobernadores de todos los partidos están dispuestos a asumir los costos de las reformas institucionales y económicas, los legisladores decidan también compartir esta responsabilidad.
El éxito de los trabajos de la CONAGO y el apoyo que le ha dado, de última hora el Presidente Fox, pueden ayudar a que la clase política nacional deje a un lado la agenda electoral, que es siempre de corto plazo, y haga suya una agenda nacional que nos ayude a construir la visión del México que necesitamos en el siglo XXI.
Para salvar a México del declive tenemos que abandonar las visiones de corto plazo para impulsar reformas estratégicas sólidas de largo alcance.
miércoles, 11 de julio de 2001
¿Adiós a las urnas?
¡Claro que existen motivos para estar preocupados por el abstencionismo de las pasadas elecciones!
La Democracia se practica a través del voto. El “no voto” de las dos terceras partes de los votantes es síntoma que algo anda mal.
En las elecciones para gobernador en Baja California del 8 de julio ,se abstuvo de votar el 65% de los electores, en Tijuana el 70%. En las elecciones municipales de Chihuahua del 1 de julio, no salió a votar el del 56% , llegando a niveles del 65% en Cd. Juárez.
Las elecciones que marcan la transición democrática española -de 1977 a 1982- se caracterizaron por un muy alto nivel de participación.
¿Qué está pasando en México cuando en un año justo hemos pasado de la “revolución de los votos” al “adiós a las urnas” ?
No comparto la tesis que explica al abstencionismo como parte de la “normalidad democrática”. Tampoco creo que en nuestro caso los abstencionistas “viajen sin pagar boleto” como señal de la aprobación silenciosa de la gestión gubernamental.
Creo que los niveles tan elevados de abstencionismo llevan implícito un mensaje para los gobernantes y para todos los actores políticos en general.
Quisiera tratar de descifrar el mensaje que nos envían los no votantes a partir de una lectura de las elecciones en Chihuahua. Son varias las causas del abstencionismo. Menciono tres:
LA DESILUSION DEL CAMBIO
Desde luego que el tema de la reforma fiscal y la posibilidad de que se apruebe el 15% del IVA a los alimentos, medicinas y colegiaturas tuvo mucho que ver en el abstencionismo, particularmente entre aquellos electores que votaron por Fox en el 2000.
Si algún tema dominó las más recientes campañas del 2001 fue el IVA.
El tema se posicionó en marzo y abril con la desafortunada campaña publicitaria del gobierno federal que aseguraba que “no es cierto que con la eliminación de la tasa cero del IVA se afecte a los que menos tienen, ya que los impuestos les serán devueltos y copetados”.
Después, vinieron las protestas del 1º. de mayo. En mayo y junio, el PRI utilizó el rechazo del IVA como mensaje central de sus campañas. Así como el “cambio” y “sacar al PRI de Los Pinos” fueron los temas clave que alentaron a muchos electores a votar por Fox en la elección presidencial del 2000, en las campañas intermedias del 2001 el tema del IVA los desalentó.
Se confirma la regla de todas las democracias: ¡nadie vota por más impuestos!
En plenas campañas electorales las encuestas mostraban el rechazo de dos terceras partes de los electores al IVA. Varias encuestas nacionales revelaron que una gran parte de los electores que votaron por Fox el 2 de julio no lo hubieran hecho de haber conocido su intención de aumentar el IVA.
Lo anterior sugiere que en la mente de muchos electores el “cambio” se convirtió en sinónimo de “más impuestos”. Algunos me dirán que esto no es válido para el caso de Yucatán, ya que ahí los electores votaron por el cambio a pesar del IVA. ¡Y tienen razón! En Yucatán había motivos suficientes para movilizarse a favor del cambio: ¡poner fin a diez años de gobierno de Cervera!
En Chihuahua, por el contrario, la población ya había votado por el cambio en 1992 cuando eligieron a Francisco Barrio como gobernador. En el 2001, y a pesar de los comerciales televisivos del PAN utilizando al gobernador electo de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, el tema del cambio no fue decisivo para movilizar a los votantes. Fue más determinante el IVA a la hora de votar o de no votar.
PRI: ASIGNATURA PENDIENTE
A pesar de que el PRI conservó muchas de sus posiciones, no se produjo el tan anhelado “renacimiento”. El abstencionismo también afectó al PRI.
El PRI conservó el poder donde era gobierno y estaba bien evaluado en materia de gestión gubernamental. Donde era oposición, como en Baja California y Cd. Juárez (con excepciones en algunos municipios de Chihuahua y Durango), no lo pudo recuperar.
Un buen porcentaje de electores que votaron por el PRI en el 2000 no lo hizo un año después. Tampoco regresaron a sus filas los electores que habían emigrado al foxismo . A pesar del IVA, una gran parte de los electores volátiles no le ha devuelto la confianza. El mensaje de estos electores es que la recuperación de la confianza no se da en “automático” por el simple efecto de los errores del PAN. Hace falta renovarse a fondo, dejar atrás el pasado y presentar proyectos de gobierno con una clara visón de futuro.
El alto porcentaje de abstención registrado en las elecciones con gobiernos panistas (Tijuana, Cd. Juárez, y en general todo Baja California) podría encontrar su explicación en esta “doble decepción”: la ausencia de cambio en los gobiernos panistas, pero, también, la falta de un proyecto alternativo del PRI.
NO A LA GUERRA SUCIA
Otro de los motivos que explican el abstencionismo en las pasadas elecciones es el abuso de las campañas negativas y de la llamada “guerra sucia”.
Un estudio de las campañas electorales en Estados Unidos reveló que la publicidad negativa llega a ocupar en ocasiones el 50% de los comerciales de una elección, y que existe una relación directa entre campañas negativas y nivel de abstencionismo.
En Chihuahua la pasión se desbordó por todas partes. Las campañas negativas de ambos bandos superaron por mucho el 50% del total de los comerciales en los momentos más álgidos de la contienda.
Las campañas negativas olvidan que, al final de cuentas, los electores votan por ellos mismos y por los beneficios que puedan obtener de los candidatos.
La lucha libre entre los políticos y los partidos no les resulta de interés: los aleja de las urnas.
El mensaje que han enviado los “no votantes” en las elecciones de julio del 2001 es una muy seria llamada de atención para los políticos de nuevo y de viejo cuño.
A nadie le conviene que en plena transición democrática el desencanto se apodere de los electores.
La Democracia se practica a través del voto. El “no voto” de las dos terceras partes de los votantes es síntoma que algo anda mal.
En las elecciones para gobernador en Baja California del 8 de julio ,se abstuvo de votar el 65% de los electores, en Tijuana el 70%. En las elecciones municipales de Chihuahua del 1 de julio, no salió a votar el del 56% , llegando a niveles del 65% en Cd. Juárez.
Las elecciones que marcan la transición democrática española -de 1977 a 1982- se caracterizaron por un muy alto nivel de participación.
¿Qué está pasando en México cuando en un año justo hemos pasado de la “revolución de los votos” al “adiós a las urnas” ?
No comparto la tesis que explica al abstencionismo como parte de la “normalidad democrática”. Tampoco creo que en nuestro caso los abstencionistas “viajen sin pagar boleto” como señal de la aprobación silenciosa de la gestión gubernamental.
Creo que los niveles tan elevados de abstencionismo llevan implícito un mensaje para los gobernantes y para todos los actores políticos en general.
Quisiera tratar de descifrar el mensaje que nos envían los no votantes a partir de una lectura de las elecciones en Chihuahua. Son varias las causas del abstencionismo. Menciono tres:
LA DESILUSION DEL CAMBIO
Desde luego que el tema de la reforma fiscal y la posibilidad de que se apruebe el 15% del IVA a los alimentos, medicinas y colegiaturas tuvo mucho que ver en el abstencionismo, particularmente entre aquellos electores que votaron por Fox en el 2000.
Si algún tema dominó las más recientes campañas del 2001 fue el IVA.
El tema se posicionó en marzo y abril con la desafortunada campaña publicitaria del gobierno federal que aseguraba que “no es cierto que con la eliminación de la tasa cero del IVA se afecte a los que menos tienen, ya que los impuestos les serán devueltos y copetados”.
Después, vinieron las protestas del 1º. de mayo. En mayo y junio, el PRI utilizó el rechazo del IVA como mensaje central de sus campañas. Así como el “cambio” y “sacar al PRI de Los Pinos” fueron los temas clave que alentaron a muchos electores a votar por Fox en la elección presidencial del 2000, en las campañas intermedias del 2001 el tema del IVA los desalentó.
Se confirma la regla de todas las democracias: ¡nadie vota por más impuestos!
En plenas campañas electorales las encuestas mostraban el rechazo de dos terceras partes de los electores al IVA. Varias encuestas nacionales revelaron que una gran parte de los electores que votaron por Fox el 2 de julio no lo hubieran hecho de haber conocido su intención de aumentar el IVA.
Lo anterior sugiere que en la mente de muchos electores el “cambio” se convirtió en sinónimo de “más impuestos”. Algunos me dirán que esto no es válido para el caso de Yucatán, ya que ahí los electores votaron por el cambio a pesar del IVA. ¡Y tienen razón! En Yucatán había motivos suficientes para movilizarse a favor del cambio: ¡poner fin a diez años de gobierno de Cervera!
En Chihuahua, por el contrario, la población ya había votado por el cambio en 1992 cuando eligieron a Francisco Barrio como gobernador. En el 2001, y a pesar de los comerciales televisivos del PAN utilizando al gobernador electo de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, el tema del cambio no fue decisivo para movilizar a los votantes. Fue más determinante el IVA a la hora de votar o de no votar.
PRI: ASIGNATURA PENDIENTE
A pesar de que el PRI conservó muchas de sus posiciones, no se produjo el tan anhelado “renacimiento”. El abstencionismo también afectó al PRI.
El PRI conservó el poder donde era gobierno y estaba bien evaluado en materia de gestión gubernamental. Donde era oposición, como en Baja California y Cd. Juárez (con excepciones en algunos municipios de Chihuahua y Durango), no lo pudo recuperar.
Un buen porcentaje de electores que votaron por el PRI en el 2000 no lo hizo un año después. Tampoco regresaron a sus filas los electores que habían emigrado al foxismo . A pesar del IVA, una gran parte de los electores volátiles no le ha devuelto la confianza. El mensaje de estos electores es que la recuperación de la confianza no se da en “automático” por el simple efecto de los errores del PAN. Hace falta renovarse a fondo, dejar atrás el pasado y presentar proyectos de gobierno con una clara visón de futuro.
El alto porcentaje de abstención registrado en las elecciones con gobiernos panistas (Tijuana, Cd. Juárez, y en general todo Baja California) podría encontrar su explicación en esta “doble decepción”: la ausencia de cambio en los gobiernos panistas, pero, también, la falta de un proyecto alternativo del PRI.
NO A LA GUERRA SUCIA
Otro de los motivos que explican el abstencionismo en las pasadas elecciones es el abuso de las campañas negativas y de la llamada “guerra sucia”.
Un estudio de las campañas electorales en Estados Unidos reveló que la publicidad negativa llega a ocupar en ocasiones el 50% de los comerciales de una elección, y que existe una relación directa entre campañas negativas y nivel de abstencionismo.
En Chihuahua la pasión se desbordó por todas partes. Las campañas negativas de ambos bandos superaron por mucho el 50% del total de los comerciales en los momentos más álgidos de la contienda.
Las campañas negativas olvidan que, al final de cuentas, los electores votan por ellos mismos y por los beneficios que puedan obtener de los candidatos.
La lucha libre entre los políticos y los partidos no les resulta de interés: los aleja de las urnas.
El mensaje que han enviado los “no votantes” en las elecciones de julio del 2001 es una muy seria llamada de atención para los políticos de nuevo y de viejo cuño.
A nadie le conviene que en plena transición democrática el desencanto se apodere de los electores.
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