Legalidad vs. democracia

“Aplicar el estado de derecho" se ha convertido en el principal argumento del gobierno de Fox y de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para desaforar a López Obrador. La "legalidad" está siendo utilizada para impedir que el principal representante de la izquierda -desde la elección de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88- participe en la elección presidencial del 2006.

¿Es correcto inhabilitar a un adversario político so pretexto de la aplicación de la ley? La respuesta es afirmativa cuando estamos en presencia de una situación clara, un hecho grave, o una violación sistemática de la ley. No se justifica cuando a partir de un hecho aislado, el poder público convierte la aplicación del derecho en una táctica para lograr objetivos electorales, y, menos aún, cuando los efectos son contraproducentes para la consolidación de nuestra incipiente democracia.

Las consecuencias de este tipo de maximalismo político son de diversos tipos: se provoca una ruptura en el proceso de transición a la democracia que en el 2000 permitió la alternancia en el poder a nivel presidencial; se genera un retroceso en la modernización democrática en México y se pone en riesgo la elección presidencial del 2006.


Una ruptura con la transición


Fox llegó al poder con la promesa de poner en marcha un proceso de transición democrática convocando al "Pacto de Chapultepec". Como en la mayoría de los procesos de transición, el pacto incluía negociar con la izquierda. Cinco años después, el pacto ha caído en el olvido. De la promesa de transición democrática hemos pasado a la ruptura con la transición.

Los estudiosos de los procesos de transición democrática coinciden en que una democracia requiere de varias condiciones para funcionar. Una de ellas es la división de poderes que garantice la correcta aplicación de la ley y la vigencia del estado de derecho. Pero, además, y como condiciones previas, se requiere el respeto a las minorías y reglas equitativas que garanticen a todos los candidatos y partidos igualdad de condiciones para participar en la contienda electoral.

Para que haya democracia es indispensable asegurar que las minorías puedan convertirse en mayorías: ¡que la oposición pueda, a su vez, gobernar! Las democracias que impiden la alternancia en el poder no son democracias.


Una contrarreforma política


El desafuero por motivos electorales tendría el efecto de un retroceso político que iría a contracorriente de la dinámica impulsada por la reforma de Jesús Reyes Heroles en 1977, uno de cuyos principales méritos fue la legalización de los partidos de izquierda y su inclusión al juego electoral. Gracias a esta dinámica modernizadora, la izquierda mexicana, después del 68, optó por decirle adiós a las armas para entrarle de lleno a juego electoral.

Basta con echarle un breve vistazo a la política comparada: la Quinta República francesa no se hubiese consolidado sin la alternancia en el gobierno de 1981 que le permitió a Franìois Mitterrand acceder al poder, después de 23 años de oposición. Lo mismo sucedió en España, cuya democracia no se hubiese modernizado sin la llegada al gobierno de Felipe González y el PSOE en 1982. En América Latina, pensemos en los casos de Lula en Brasil, o de Tabaré Vázquez en Uruguay. ¿Qué hubiese sido de estas democracias si se hubiese impedido a los candidatos de izquierda competir por el poder?

El derecho a la alternancia debe valer por igual tanto para la derecha como para la izquierda. La prueba de fuego de nuestra consolidación democrática consiste en permitir que la izquierda participe en las elecciones en igualdad de condiciones que el resto de los partidos.


Un bipartidismo excluyente


La elección presidencial del 2000 sirvió para consolidar a nivel nacional un sistema tripartidista más o menos equilibrado, conformado por el PRI, el PAN y el PRD. El desafuero de López Obrador tendría como efecto transformar el sistema de partidos en uno bipartidista en donde sólo participarían el PRI y el PAN, puesto que lo más seguro es que, sin López Obrador como candidato, el PRD tome la decisión de retirarse de la contienda del 2006.

La democracia mexicana sufriría un brutal retroceso hacia un modelo decimonónico de bipartidismo excluyente, como fue el caso de Colombia hace algunos años, o el caso de muchas otras democracias bipartidistas latinoamericanas, en donde la izquierda no participa en el juego electoral.

¿Qué motivación tendrían los electores para acudir a las urnas si en la elección del 2006 se presentasen tan sólo los candidatos del PRI y del PAN después de haber votado a favor de la eliminación del que va en primer lugar en las encuestas? La elección presidencial del 2006 podría convertirse en un juego sin interés, en donde predomine el abstencionismo.

Más que inhabilitarlo para impedir que participe en las elecciones, los adversarios de López Obrador deberían buscar la forma de ganarle en las urnas, por ejemplo, sometiendo a juicio de los electores la eficiencia de las políticas públicas aplicadas en el DF. ¡Esa es la esencia del juego democrático moderno!

El estado de derecho se construye a partir de una democracia electoral incluyente, en donde todos los actores políticos participan en igualdad de condiciones. En donde se respeta la voluntad de los electores para que las minorías lleguen al poder. Aplicar la legalidad como una táctica para eliminar al adversario atenta contra el estado de derecho en su sentido más amplio.

No hay que olvidar que la reina de las libertades es la libertad política: la que nos permite elegir a nuestros gobernantes mediante el sufragio libre, universal y secreto. Limitar el pluralismo político so pretexto de aplicar el estado de derecho nos llevaría a una nueva modalidad de autoritarismo que no estaba inscrito en el proyecto por el que la mayoría de los mexicanos votó el 2 de julio del 2000.

(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 02-04-05)