Es más sano el "chapulineo" abierto y democrático que el "dedazo" burocrático y cerrado, pues al final de cuentas nos permite a los electores decidir en las urnas si premiamos o castigamos al chapulín, mientras que en el sistema del reclutamiento burocrático la opinión del elector no cuenta.
Lo primero que tendríamos que celebrar con humor es el ingenio mexicano en la invención del verbo "chapulinear", procedente de la palabra náhuatl chapulín, para describir el "salto" que hacen los políticos de un puesto a otro. Los franceses utilizan el término pantouflage: "cambiar de pantuflas", para describir el abandono del servicio público del Estado por un cargo de elección popular, o uno de una empresa privada.
Tanto en México como en Francia, el término tiene, de entrada, una connotación peyorativa. Pero veremos que, en la mayoría de los casos, el "chapulineo" no es tan malo.
Un sistema de reclutamiento democrático
El chapulineo está inherentemente ligado al reclutamiento de la clase política por medios democráticos, a través de la vía electoral. Se nos olvida que en la época que algunos llamamos del "autoritarismo burocrático" (1946-2000), el reclutamiento de la clase política en México se hacía a través de la burocracia. Para ser político había que ser funcionario o tecnócrata. En esta época, los requisitos para ocupar un puesto de elección popular eran pertenecer al PRI, tener estudios universitarios, de preferencia ser abogado o economista de la UNAM, tener un grado académico en el extranjero, y haber pasado por una larga trayectoria administrativa en la burocracia central. El contacto con los electores no era necesario. Hubo Presidentes de la República que llegaron al poder sin haber ocupado, siquiera, un cargo de elección popular, como Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari o Zedillo.
En este sentido, lo que describe el llamado "chapulineo" es un fenómeno reciente inherente a la democratización de la vida política mexicana. Por fortuna hemos dejando atrás el sistema del reclutamiento burocrático, centralista y unipartidista, y lo estamos sustituyendo por un sistema de reclutamiento democrático, descentralizado y plural.
Si tuviésemos que elegir entre regresar al método cerrado del reclutamiento burocrático, o seguir avanzando en el reclutamiento de nuestra clase política por un camino abierto, como es la vía electoral, pienso que, a todas luces, es más sano el "chapulineo" abierto y democrático que el "dedazo" burocrático y cerrado, pues al final de cuentas nos permite a los electores decidir en las urnas si premiamos o castigamos al chapulín, mientras que en el sistema del reclutamiento burocrático la opinión del elector no cuenta.
Ahora bien, el "chapulineo" en México, a diferencia de Estados Unidos, se ha acentuado por la prohibición expresa de reelección en los cargos de elección popular, principalmente en los casos de Diputados, senadores y presidentes municipales. En Estados Unidos, la reelección ha permitido el desarrollo de las carreras parlamentarias y políticas en las que el elector premia a aquellos que se han destacado por su eficiencia, profesionalismo y resultados.
Estoy consciente que el "chapulineo" se puede prestar a excesos cuando el político en cuestión abandona su puesto sin dar antes resultados. Si éste es el caso, es a los electores a quienes corresponde decidir si eligen o no al político chapulín en cuestión. Es claro que si el político que intenta saltar a otro puesto no dio resultados, lo más seguro es que sea castigado por un voto adverso.
Una profesión que rinde cuentas
La profesión de político chapulín es de alto riesgo. El político que accede a un puesto de elección popular sabe que si no salta a otro cargo de elección sus posibilidades de permanecer en la vida pública son limitadas. Pero también está consciente que su salto puede ser mortal, políticamente hablando, pues el elector puede emitir un voto de castigo si no ha incumplido con sus responsabilidades.
Por tal motivo y para avanzar en la profesionalización política en México, sería recomendable que se establezca la reelección para Diputados locales, Diputados federales, senadores y presidentes municipales. La reelección en estos cargos permitiría que los políticos mexicanos se especialicen en las áreas en las que han demostrado tener más talento, a juicio de los electores.
No menciono la reelección del Presidente de la República, ni de Gobernadores, pues en la opinión pública mexicana hay consenso para que en estos cargos ejecutivos, que se ejercen por seis años, prevalezca la no reelección.
Vemos con agrado que la democratización de la vida política en México esté planteando situaciones en las que Gobernadores, ex Gobernadores, y hasta ex Presidentes de la República buscan elegirse como senadores, lo cual bajo el viejo régimen era impensable, pues imperaba el principio no escrito de que el gobernante saliente no podía hacerle sombra a su sucesor.
Bajo la transición democrática que se vive en México, el reclutamiento de nuestra clase política ha regresado a cauces más abiertos y descentralizados en donde impera el principio de la rendición de cuentas al elector.
A diferencia de lo que sucedía antes del 2000, ahora el reclutamiento se hace por la vía electoral: antes de ser Presidente de la República, Vicente Fox fue Gobernador de Guanajuato. Los tres aspirantes más importantes a la Presidencia de la República en el 2006 han ocupado, previamente, cargos de elección popular, y tienen experiencia ya sea de gobierno o legislativa.
Muchos de los Gobernadores elegidos después del 2000 llegaron a sus cargos después de haber sido elegidos senadores o Diputados federales.
Para ser presidente municipal ya no basta con ser amigo del Presidente de la República, o del Gobernador en turno. Muchos de los que son, o aspiran ser, han sido senadores, Diputados o presidentes municipales de otros municipios.
Los que aspiran a ser senadores han sido Presidentes de la República, Gobernadores o Diputados federales.
Muchos de los aspiran a Diputados federales son Diputados locales.
El "chapulineo", a pesar de las críticas en su contra, tiene la virtud de ser democrático. Podrá no ser el mejor sistema de formación y reclutamiento de nuestra clase política, pero es al menos el más democrático.
(Este artículo fue publilcado en el periódico El Norte el 30-10-05)
domingo, 30 de octubre de 2005
miércoles, 13 de julio de 2005
Elecciones Edomex: ¿Anticipo del 2006?
La elección de Gobernador del Estado de México es considerada por muchos como la antesala de la elección presidencial del 2006.
Sería demasiado aventurado concluir que el resultado de una elección local es un indicador de lo que será el desenlace de la elección presidencial: el probable triunfo del PRI en el Edomex no es un adelanto del regreso del PRI a Los Pinos en el 2006.
Me parece que los aspectos más destacables de la elección mexiquense en relación a la elección presidencial del 2006 son los siguientes:
1. Crisis de los partidos. En el Estado de México, el PRI arrancó su proceso de elección de candidato con la participación de aspirantes de mucho peso, como Carlos Hank Rhon e Isidro Pastor, y algunos no tan conocidos, como Enrique Peña. En el proceso interno se tradujo en un enfrentamiento entre las corrientes políticas locales, y entre la dirigencia nacional del PRI y el grupo político del Gobernador. El proceso generó tal fractura que se tuvo que abortar para dar cauce a un candidato de unidad. Como consecuencia, Isidro Pastor renunció al PRI.
El PAN, por su parte, celebró una elección interna en la que resultó triunfador el ex Alcalde de Tlalnepantla, Rubén Mendoza, pero ésta fue inmediatamente impugnada por su contrincante, el ex candidato a Gobernador por este partido en 1999, José Luis Durán, alegando que se había cometido fraude. A pesar de los intentos de reponer la elección, finalmente la dirigencia nacional del PAN decidió apoyar a Mendoza, pero con el repliegue de la corriente perdedora.
El PRD no celebró elecciones internas. La designación de una candidata apartidista, la ex dirigente nacional de la Canacintra, Yeidckol Polenvsky, surgió con el deseo de generar una alianza ciudadana a favor del PRD.
Los partidos políticos siguen detentando en México el monopolio de las candidaturas, pero llegan a la elección del 2006 con una asignatura pendiente: la democracia interna.
2. ¿Quién regula las precampañas? Las precampañas en el Estado de México se llevaron a cabo en medio de un vacío legal que impidió el control en cuanto a los tiempos y gastos. Lo mismo sucede a nivel nacional. Salvo excepciones muy contadas en algunos estados del País, las precampañas suelen extenderse indefinidamente ante el hastío de buena parte de la población.
3. ¿Quién respeta los topes de campaña? El tope de los gastos de campaña en el Estado de México es de 216 millones de pesos por cada candidato a Gobernador.
El problema de los topes de campaña es que el sistema de fiscalización se hace de acuerdo a reportes que se presentan una vez concluida la elección. Esto alienta a los candidatos a rebasar los topes bajo el argumento de que "es mejor defender la elección con el triunfo en la mano, que impugnarla como candidato perdedor".
Como el sistema de fiscalización es el mismo a nivel nacional, nada nos asegura que en el 2006 no se vuelvan a repetir las controversias en torno los amigos de Fox y el llamado Pemexgate.
4. Crisis de la video-política. Lo que más me ha sorprendido de la elección del Edomex y de las precampañas presidenciales actualmente en curso es la pobreza de los mensajes televisivos. La video-política en México es relativamente reciente, pero lo que estamos presenciando hoy en día es algo muy lamentable. No veo innovación por ninguna parte. Por el contrario, existe un retroceso con relación a campañas como la del PAN del 97 o la Fox del 2000.
Las campañas televisivas del Estado de México y las precampañas nacionales se encuentran atrapadas en el posicionamiento de la imagen de los candidatos en base a sus virtudes físicas. Explotan ilimitadamente la aparición del candidato frente a las cámaras. Sobredimensionan hasta el absurdo la importancia del lema, con frases muy desgastadas y sin sentido. Están plagadas de plagios y lugares comunes. La descalificación prevalece sobre las propuestas. Lo más grave de todo es que esto se traducirá, seguramente, en una importante abstención.
5. El triunfo local no asegura el presidencial. La tesis de los estrategas nacionales del PRI rumbo al 2006 consiste en sumar los triunfos locales como un pronóstico de lo que sucederá en la elección presidencial.
Aun cuando el PRI gane la elección del Edomex, está por verse que ésta sea la antesala del regreso a Los Pinos en el 2006. Para el PRI el reto es romper el estigma de ganar las elecciones locales y perder la presidencial, como sucedió en el 2000.
Para el PAN, la derrota en el Estado de México y Nayarit confirmará su pobre desempeño en las elecciones locales después del 2000. La gran paradoja del PAN es haber ganado la elección presidencial, y, sin embargo, perder la mayoría de las elecciones locales.
Este domingo, el PRD puede dar la sorpresa en el Edomex y Nayarit al desplazar al PAN en el segundo lugar de los resultados electorales. El ascenso electoral del PRD en el 2005 se explica por el factor López Obrador. Sin embargo, la elección del Edomex ha demostrado, también, que la popularidad nacional de Jefe de Gobierno del DF no es transferible al grado de garantizar el triunfo de sus candidatos. El PRD podría ganar la elección presidencial sin haber ganado la mayoría de elecciones estatales, ni contar con una base de movilización territorial como la que puede tener el PRI y el PAN, tal como sucedió con Fox en el 2000.
Con toda seguridad, la elección del Estado de México se decidirá en los tribunales, quienes tendrán que resolver la controversia en torno a los gastos de campaña.
Nos acercamos al 2006 no sólo en medio de la crisis de los partidos, sino también ante el agotamiento de las formas tradicionales de hacer política y con muchos vacíos jurídicos en materia de control de gastos y financiamiento de campañas y precampañas. El reto para el 2006 es evitar que las campañas se desarrollen ante el hastío e indiferencia generalizada de los electores, y que los ataques prevalezcan sobre las propuestas: la elección debe resolverse en las urnas, no en los tribunales.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 03-07-05)
Sería demasiado aventurado concluir que el resultado de una elección local es un indicador de lo que será el desenlace de la elección presidencial: el probable triunfo del PRI en el Edomex no es un adelanto del regreso del PRI a Los Pinos en el 2006.
Me parece que los aspectos más destacables de la elección mexiquense en relación a la elección presidencial del 2006 son los siguientes:
1. Crisis de los partidos. En el Estado de México, el PRI arrancó su proceso de elección de candidato con la participación de aspirantes de mucho peso, como Carlos Hank Rhon e Isidro Pastor, y algunos no tan conocidos, como Enrique Peña. En el proceso interno se tradujo en un enfrentamiento entre las corrientes políticas locales, y entre la dirigencia nacional del PRI y el grupo político del Gobernador. El proceso generó tal fractura que se tuvo que abortar para dar cauce a un candidato de unidad. Como consecuencia, Isidro Pastor renunció al PRI.
El PAN, por su parte, celebró una elección interna en la que resultó triunfador el ex Alcalde de Tlalnepantla, Rubén Mendoza, pero ésta fue inmediatamente impugnada por su contrincante, el ex candidato a Gobernador por este partido en 1999, José Luis Durán, alegando que se había cometido fraude. A pesar de los intentos de reponer la elección, finalmente la dirigencia nacional del PAN decidió apoyar a Mendoza, pero con el repliegue de la corriente perdedora.
El PRD no celebró elecciones internas. La designación de una candidata apartidista, la ex dirigente nacional de la Canacintra, Yeidckol Polenvsky, surgió con el deseo de generar una alianza ciudadana a favor del PRD.
Los partidos políticos siguen detentando en México el monopolio de las candidaturas, pero llegan a la elección del 2006 con una asignatura pendiente: la democracia interna.
2. ¿Quién regula las precampañas? Las precampañas en el Estado de México se llevaron a cabo en medio de un vacío legal que impidió el control en cuanto a los tiempos y gastos. Lo mismo sucede a nivel nacional. Salvo excepciones muy contadas en algunos estados del País, las precampañas suelen extenderse indefinidamente ante el hastío de buena parte de la población.
3. ¿Quién respeta los topes de campaña? El tope de los gastos de campaña en el Estado de México es de 216 millones de pesos por cada candidato a Gobernador.
El problema de los topes de campaña es que el sistema de fiscalización se hace de acuerdo a reportes que se presentan una vez concluida la elección. Esto alienta a los candidatos a rebasar los topes bajo el argumento de que "es mejor defender la elección con el triunfo en la mano, que impugnarla como candidato perdedor".
Como el sistema de fiscalización es el mismo a nivel nacional, nada nos asegura que en el 2006 no se vuelvan a repetir las controversias en torno los amigos de Fox y el llamado Pemexgate.
4. Crisis de la video-política. Lo que más me ha sorprendido de la elección del Edomex y de las precampañas presidenciales actualmente en curso es la pobreza de los mensajes televisivos. La video-política en México es relativamente reciente, pero lo que estamos presenciando hoy en día es algo muy lamentable. No veo innovación por ninguna parte. Por el contrario, existe un retroceso con relación a campañas como la del PAN del 97 o la Fox del 2000.
Las campañas televisivas del Estado de México y las precampañas nacionales se encuentran atrapadas en el posicionamiento de la imagen de los candidatos en base a sus virtudes físicas. Explotan ilimitadamente la aparición del candidato frente a las cámaras. Sobredimensionan hasta el absurdo la importancia del lema, con frases muy desgastadas y sin sentido. Están plagadas de plagios y lugares comunes. La descalificación prevalece sobre las propuestas. Lo más grave de todo es que esto se traducirá, seguramente, en una importante abstención.
5. El triunfo local no asegura el presidencial. La tesis de los estrategas nacionales del PRI rumbo al 2006 consiste en sumar los triunfos locales como un pronóstico de lo que sucederá en la elección presidencial.
Aun cuando el PRI gane la elección del Edomex, está por verse que ésta sea la antesala del regreso a Los Pinos en el 2006. Para el PRI el reto es romper el estigma de ganar las elecciones locales y perder la presidencial, como sucedió en el 2000.
Para el PAN, la derrota en el Estado de México y Nayarit confirmará su pobre desempeño en las elecciones locales después del 2000. La gran paradoja del PAN es haber ganado la elección presidencial, y, sin embargo, perder la mayoría de las elecciones locales.
Este domingo, el PRD puede dar la sorpresa en el Edomex y Nayarit al desplazar al PAN en el segundo lugar de los resultados electorales. El ascenso electoral del PRD en el 2005 se explica por el factor López Obrador. Sin embargo, la elección del Edomex ha demostrado, también, que la popularidad nacional de Jefe de Gobierno del DF no es transferible al grado de garantizar el triunfo de sus candidatos. El PRD podría ganar la elección presidencial sin haber ganado la mayoría de elecciones estatales, ni contar con una base de movilización territorial como la que puede tener el PRI y el PAN, tal como sucedió con Fox en el 2000.
Con toda seguridad, la elección del Estado de México se decidirá en los tribunales, quienes tendrán que resolver la controversia en torno a los gastos de campaña.
Nos acercamos al 2006 no sólo en medio de la crisis de los partidos, sino también ante el agotamiento de las formas tradicionales de hacer política y con muchos vacíos jurídicos en materia de control de gastos y financiamiento de campañas y precampañas. El reto para el 2006 es evitar que las campañas se desarrollen ante el hastío e indiferencia generalizada de los electores, y que los ataques prevalezcan sobre las propuestas: la elección debe resolverse en las urnas, no en los tribunales.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 03-07-05)
sábado, 2 de abril de 2005
Legalidad vs. democracia
“Aplicar el estado de derecho" se ha convertido en el principal argumento del gobierno de Fox y de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para desaforar a López Obrador. La "legalidad" está siendo utilizada para impedir que el principal representante de la izquierda -desde la elección de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88- participe en la elección presidencial del 2006.
¿Es correcto inhabilitar a un adversario político so pretexto de la aplicación de la ley? La respuesta es afirmativa cuando estamos en presencia de una situación clara, un hecho grave, o una violación sistemática de la ley. No se justifica cuando a partir de un hecho aislado, el poder público convierte la aplicación del derecho en una táctica para lograr objetivos electorales, y, menos aún, cuando los efectos son contraproducentes para la consolidación de nuestra incipiente democracia.
Las consecuencias de este tipo de maximalismo político son de diversos tipos: se provoca una ruptura en el proceso de transición a la democracia que en el 2000 permitió la alternancia en el poder a nivel presidencial; se genera un retroceso en la modernización democrática en México y se pone en riesgo la elección presidencial del 2006.
Una ruptura con la transición
Fox llegó al poder con la promesa de poner en marcha un proceso de transición democrática convocando al "Pacto de Chapultepec". Como en la mayoría de los procesos de transición, el pacto incluía negociar con la izquierda. Cinco años después, el pacto ha caído en el olvido. De la promesa de transición democrática hemos pasado a la ruptura con la transición.
Los estudiosos de los procesos de transición democrática coinciden en que una democracia requiere de varias condiciones para funcionar. Una de ellas es la división de poderes que garantice la correcta aplicación de la ley y la vigencia del estado de derecho. Pero, además, y como condiciones previas, se requiere el respeto a las minorías y reglas equitativas que garanticen a todos los candidatos y partidos igualdad de condiciones para participar en la contienda electoral.
Para que haya democracia es indispensable asegurar que las minorías puedan convertirse en mayorías: ¡que la oposición pueda, a su vez, gobernar! Las democracias que impiden la alternancia en el poder no son democracias.
Una contrarreforma política
El desafuero por motivos electorales tendría el efecto de un retroceso político que iría a contracorriente de la dinámica impulsada por la reforma de Jesús Reyes Heroles en 1977, uno de cuyos principales méritos fue la legalización de los partidos de izquierda y su inclusión al juego electoral. Gracias a esta dinámica modernizadora, la izquierda mexicana, después del 68, optó por decirle adiós a las armas para entrarle de lleno a juego electoral.
Basta con echarle un breve vistazo a la política comparada: la Quinta República francesa no se hubiese consolidado sin la alternancia en el gobierno de 1981 que le permitió a Franìois Mitterrand acceder al poder, después de 23 años de oposición. Lo mismo sucedió en España, cuya democracia no se hubiese modernizado sin la llegada al gobierno de Felipe González y el PSOE en 1982. En América Latina, pensemos en los casos de Lula en Brasil, o de Tabaré Vázquez en Uruguay. ¿Qué hubiese sido de estas democracias si se hubiese impedido a los candidatos de izquierda competir por el poder?
El derecho a la alternancia debe valer por igual tanto para la derecha como para la izquierda. La prueba de fuego de nuestra consolidación democrática consiste en permitir que la izquierda participe en las elecciones en igualdad de condiciones que el resto de los partidos.
Un bipartidismo excluyente
La elección presidencial del 2000 sirvió para consolidar a nivel nacional un sistema tripartidista más o menos equilibrado, conformado por el PRI, el PAN y el PRD. El desafuero de López Obrador tendría como efecto transformar el sistema de partidos en uno bipartidista en donde sólo participarían el PRI y el PAN, puesto que lo más seguro es que, sin López Obrador como candidato, el PRD tome la decisión de retirarse de la contienda del 2006.
La democracia mexicana sufriría un brutal retroceso hacia un modelo decimonónico de bipartidismo excluyente, como fue el caso de Colombia hace algunos años, o el caso de muchas otras democracias bipartidistas latinoamericanas, en donde la izquierda no participa en el juego electoral.
¿Qué motivación tendrían los electores para acudir a las urnas si en la elección del 2006 se presentasen tan sólo los candidatos del PRI y del PAN después de haber votado a favor de la eliminación del que va en primer lugar en las encuestas? La elección presidencial del 2006 podría convertirse en un juego sin interés, en donde predomine el abstencionismo.
Más que inhabilitarlo para impedir que participe en las elecciones, los adversarios de López Obrador deberían buscar la forma de ganarle en las urnas, por ejemplo, sometiendo a juicio de los electores la eficiencia de las políticas públicas aplicadas en el DF. ¡Esa es la esencia del juego democrático moderno!
El estado de derecho se construye a partir de una democracia electoral incluyente, en donde todos los actores políticos participan en igualdad de condiciones. En donde se respeta la voluntad de los electores para que las minorías lleguen al poder. Aplicar la legalidad como una táctica para eliminar al adversario atenta contra el estado de derecho en su sentido más amplio.
No hay que olvidar que la reina de las libertades es la libertad política: la que nos permite elegir a nuestros gobernantes mediante el sufragio libre, universal y secreto. Limitar el pluralismo político so pretexto de aplicar el estado de derecho nos llevaría a una nueva modalidad de autoritarismo que no estaba inscrito en el proyecto por el que la mayoría de los mexicanos votó el 2 de julio del 2000.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 02-04-05)
¿Es correcto inhabilitar a un adversario político so pretexto de la aplicación de la ley? La respuesta es afirmativa cuando estamos en presencia de una situación clara, un hecho grave, o una violación sistemática de la ley. No se justifica cuando a partir de un hecho aislado, el poder público convierte la aplicación del derecho en una táctica para lograr objetivos electorales, y, menos aún, cuando los efectos son contraproducentes para la consolidación de nuestra incipiente democracia.
Las consecuencias de este tipo de maximalismo político son de diversos tipos: se provoca una ruptura en el proceso de transición a la democracia que en el 2000 permitió la alternancia en el poder a nivel presidencial; se genera un retroceso en la modernización democrática en México y se pone en riesgo la elección presidencial del 2006.
Una ruptura con la transición
Fox llegó al poder con la promesa de poner en marcha un proceso de transición democrática convocando al "Pacto de Chapultepec". Como en la mayoría de los procesos de transición, el pacto incluía negociar con la izquierda. Cinco años después, el pacto ha caído en el olvido. De la promesa de transición democrática hemos pasado a la ruptura con la transición.
Los estudiosos de los procesos de transición democrática coinciden en que una democracia requiere de varias condiciones para funcionar. Una de ellas es la división de poderes que garantice la correcta aplicación de la ley y la vigencia del estado de derecho. Pero, además, y como condiciones previas, se requiere el respeto a las minorías y reglas equitativas que garanticen a todos los candidatos y partidos igualdad de condiciones para participar en la contienda electoral.
Para que haya democracia es indispensable asegurar que las minorías puedan convertirse en mayorías: ¡que la oposición pueda, a su vez, gobernar! Las democracias que impiden la alternancia en el poder no son democracias.
Una contrarreforma política
El desafuero por motivos electorales tendría el efecto de un retroceso político que iría a contracorriente de la dinámica impulsada por la reforma de Jesús Reyes Heroles en 1977, uno de cuyos principales méritos fue la legalización de los partidos de izquierda y su inclusión al juego electoral. Gracias a esta dinámica modernizadora, la izquierda mexicana, después del 68, optó por decirle adiós a las armas para entrarle de lleno a juego electoral.
Basta con echarle un breve vistazo a la política comparada: la Quinta República francesa no se hubiese consolidado sin la alternancia en el gobierno de 1981 que le permitió a Franìois Mitterrand acceder al poder, después de 23 años de oposición. Lo mismo sucedió en España, cuya democracia no se hubiese modernizado sin la llegada al gobierno de Felipe González y el PSOE en 1982. En América Latina, pensemos en los casos de Lula en Brasil, o de Tabaré Vázquez en Uruguay. ¿Qué hubiese sido de estas democracias si se hubiese impedido a los candidatos de izquierda competir por el poder?
El derecho a la alternancia debe valer por igual tanto para la derecha como para la izquierda. La prueba de fuego de nuestra consolidación democrática consiste en permitir que la izquierda participe en las elecciones en igualdad de condiciones que el resto de los partidos.
Un bipartidismo excluyente
La elección presidencial del 2000 sirvió para consolidar a nivel nacional un sistema tripartidista más o menos equilibrado, conformado por el PRI, el PAN y el PRD. El desafuero de López Obrador tendría como efecto transformar el sistema de partidos en uno bipartidista en donde sólo participarían el PRI y el PAN, puesto que lo más seguro es que, sin López Obrador como candidato, el PRD tome la decisión de retirarse de la contienda del 2006.
La democracia mexicana sufriría un brutal retroceso hacia un modelo decimonónico de bipartidismo excluyente, como fue el caso de Colombia hace algunos años, o el caso de muchas otras democracias bipartidistas latinoamericanas, en donde la izquierda no participa en el juego electoral.
¿Qué motivación tendrían los electores para acudir a las urnas si en la elección del 2006 se presentasen tan sólo los candidatos del PRI y del PAN después de haber votado a favor de la eliminación del que va en primer lugar en las encuestas? La elección presidencial del 2006 podría convertirse en un juego sin interés, en donde predomine el abstencionismo.
Más que inhabilitarlo para impedir que participe en las elecciones, los adversarios de López Obrador deberían buscar la forma de ganarle en las urnas, por ejemplo, sometiendo a juicio de los electores la eficiencia de las políticas públicas aplicadas en el DF. ¡Esa es la esencia del juego democrático moderno!
El estado de derecho se construye a partir de una democracia electoral incluyente, en donde todos los actores políticos participan en igualdad de condiciones. En donde se respeta la voluntad de los electores para que las minorías lleguen al poder. Aplicar la legalidad como una táctica para eliminar al adversario atenta contra el estado de derecho en su sentido más amplio.
No hay que olvidar que la reina de las libertades es la libertad política: la que nos permite elegir a nuestros gobernantes mediante el sufragio libre, universal y secreto. Limitar el pluralismo político so pretexto de aplicar el estado de derecho nos llevaría a una nueva modalidad de autoritarismo que no estaba inscrito en el proyecto por el que la mayoría de los mexicanos votó el 2 de julio del 2000.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 02-04-05)
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