En estas elecciones ganó la capacidad contra el amauterismo, las propuestas concretas contra la falta de propuestas, la estatura presidencial contra el liderazgo moral, la promesa de seguridad y mano dura contra la honestidad y la cercanía, la France profonde contra la France des intellectuels, la derecha contra una izquierda que no termina de renovarse después del fracaso electoral del 2002 (porque aritméticamente desde la primera vuelta la derecha tenía más votos que el conjunto de la izquierda), los barrios ricos contra les banlieux (los suburbios), el cambio traducido en un proyecto tecnocrático contra el cambio traducido en "soyez audaz votez pour une femme", el machismo contra el feminismo, la mercadotecnia contra la movilización social, el deseo de seguridad contra el multiculturalismo, la figura del padre contra la figura de la madre, la cursilería del lema "ensemble tout est possible" contra el vacío del lema "La France Présidente", la estatura presidencial contra la denuncia moral y la indignación en el debate de la 2da vuelta (hace falta más que eso para ser Presidente de Francia), la provincia contra Paris (en Paris Sarkozy ganó por tan solo 3,800 votos, en el resto del país por 3 millones), el estridentismo de las declaraciones contra los jóvenes de las banliex y el 68 contra el "aimez vous les una aux autres".
Los franceses se reconcilairon con la política pues salieron a votar en un 83%, cifra récord, la diferencia de Sarkozy contra Ségolène es bastante cómoda, de 6 puntos, 53 contra 47. En junio habrá elecciones legislativas, el 3ème tour como le llama el PS., en donde habrá que estar al tanto del desempeño del centro que sorprendió en la primera vuelta de esta elección. ¿Será Bayrout el factotum en la formación de la nueva mayoría presidencial?
Ségolène no se retira como lo hizo Jospin en el 2002, ahora el reto es transformar a la izquierda. A pesar de la derrota, Ségoléne tiene un gran mérito que es el de haber levantado al PS después de la debacle del 2002 en la que ni siquiera llegó a la segunda vuelta en la elección presidencial, y haber iniciado la transformación de la izquierda cuya vida ha estado dominada por los llamados "elefantes" socialistas. Su gran mérito es haber obtenido 17 millones de votos, numéricamente superior a los obtenidos por Jospin, y el haber enfrentado a Sarkozy en una campaña que se antojaba más desigual.
Sarkozy no la tiene fácil, hasta ahora ningún Presidente francés ha podido transformar el modelo francés, no lo hizo Miterrand quien gobernó durante 14 años: mejor se dedicó a construir la Europa y a hacer obras faraónicas, y tampoco lo hizo Chirac, quien gobernó durante 12 años, y en donde se agravó la fractura social, tampoco lo hizo Jospin quien cohabitó como Primer Ministro con Chirac, y a quienes los franceses culpan de laxismo contra los migrantes, del fracaso de la semana de 35 horas, y del aumento de la inseguridad (la carga negativa que no ha abandonado a la izquierda francesa).
Hay quién dice que el 6 de mayo del 2007 es para la derecha como el 10 de mayo del 81 cuando ganó la izquierda por primera vez en la V República, pero los franceses ya no creen en "les lendemains qui chantent", la esperanza del cambio con la izquierda no se hizo realidad, y ahora el cambio que le toca encabezar a Sarkozy es un cambio mucho más doloroso, un cambio que implica para los franceses mucho sacrifico, sudor y lágrimas.
Hay quienes dicen que Sarkozy hará en Francia lo que hizo Blair en el Reino Unido, pero lo que hace falta en Francia no es una política blairista sino la serie de reformas que la Thatcher introdujo para evitar el declive inglés.
Hay una gran oportunidad de que Sarko se convierta en el gran modernizador de Francia después de De Gaulle, pero también un gran riesgo de que sus medidas polaricen a una sociedad en la que nadie, en los últimas décadas, ha podido desatar el nudo gordiano del cambio, y en la que las protestas y la movilizaciones sociales se apoderan de las calles (o incendian los coches en las banlieux) al más pequeño indicio de retroceso social.
lunes, 7 de mayo de 2007
domingo, 12 de noviembre de 2006
Primero la experiencia
Para Winston Churchill "la democracia es el gobierno de los expertos dirigidos por un amateur". Churchill trazó el ideal de todo sistema de gobierno democrático: contar con un equipo de servidores públicos expertos, dirigidos por un político elegido en un sistema de competencia electoral.
En una democracia avanzada difícilmente se puede dar la práctica de integrar servidores improvisados en puestos clave de la administración. Que un Alcalde de una gran capital nombre a su chofer como secretario de administración es difícil de imaginar en los países europeos.
En México, este tipo de nombramientos es posible gracias a los rasgos patrimoniales y discrecionales de nuestro sistema, que permite al político manejar a la administración como si fuese de su propiedad.
Lo ideal para México es poder combinar en un mismo sistema la expertise que asegura un servicio civil de carrera y, al mismo tiempo, garantizar la apertura del sistema a todos los niveles sociales.
El sistema de reclutamiento de los servidores públicos en México se formó paralelamente a la consolidación del régimen político priista en los años 30 y 40 del siglo pasado. Es un sistema híbrido y único en el mundo. Divide a los servidores en dos categorías: "trabajadores de confianza" y "trabajadores de base".
La categoría de "trabajadores de confianza" asegura el reclutamiento de la élite gobernante mientras le da al sistema una extraordinaria rotación del personal de alto nivel. Los estudios señalan que cada sexenio cambia por lo menos el 30 por ciento de los altos funcionarios, mismos que son sustituidos por el equipo del nuevo gobernante.
El lado positivo de este sistema es su enorme movilidad, ya que en 18 años se asegura la renovación de la casi totalidad de la élite en el poder. A diferencia de las violentas purgas estalinianas en la antigua URSS, el sistema ideado por el PRI "sacude el árbol" y permite la renovación de la clase política de manera pacífica. El lado negativo es que mantiene el sistema patrimonial y discrecional que hace posible que el gobernante en turno lleve a sus compadres y choferes en los altos mandos de la administración. La categoría de los "trabajadores de base", a su vez, mantiene la supeditación corporativa de los burócratas al partido en el poder.
El sistema ha funcionado porque "democratiza la corrupción", como escribió Gabriel Zaid, pues con la extraordinaria movilización y rotación del personal se institucionaliza una larga "cola" de aquellos que pacientemente esperan "que la Revolución les haga justicia" cada tres o seis años.
En el 2000, Vicente Fox puso en práctica un sistema de reclutamiento al estilo empresarial a través de "headhunters" pero, en los hechos, salvo muy contadas excepciones, terminó incorporando a su gabinete, como en el viejo régimen, a sus principales colaboradores de campaña.
A niveles estatales y municipales, la alternancia en el poder tampoco ha derivado en transformación del servicio civil. PRI, PAN y PRD participan de la corrupción del sistema. El sistema del viejo régimen se mantiene intacto.
La idea de un servicio civil de carrera como en los países europeos parece un sueño difícil de alcanzar en México por dos razones: primero, porque es sumamente caro y quebraría al Gobierno al querer financiar los sistemas de retiro de toda la burocracia; y, segundo, porque en un país con una estructura poblacional joven como la nuestra, un sistema de carrera crearía una burocracia rígida con poca permeabilidad social.
El efecto de la movilización y de la rotación del personal de alto nivel que mantiene el actual sistema es bueno para inyectar sangre fresca cada tres o seis años al servicio público, siempre y cuando se elimine el efecto perverso de la corrupción. Sin corrupción ya no habría incentivos para los servidores improvisados como los compadres, choferes, amigos del gobernante en turno y viejos políticos que esperan en la "cola" beneficiarse de la corrupción.
Lo anterior se puede lograr estableciendo una comisión anticorrupción autónoma, que ha operado con éxito en Honk Kong, y que permite transparentar el manejo de recursos y una más estrecha supervisión ciudadana del desempeño de los servidores públicos.
En el otro extremo, se tiene que eliminar el arcaísmo en el que se encuentran los llamados "trabajadores de base". El nuevo sistema tiene que erradicar el corporativismo sindical que aún existe en sectores como el educativo y garantizar el reclutamiento de cuadros profesionales en sectores como el policiaco.
En una democracia avanzada difícilmente se puede dar la práctica de integrar servidores improvisados en puestos clave de la administración. Que un Alcalde de una gran capital nombre a su chofer como secretario de administración es difícil de imaginar en los países europeos.
En México, este tipo de nombramientos es posible gracias a los rasgos patrimoniales y discrecionales de nuestro sistema, que permite al político manejar a la administración como si fuese de su propiedad.
Lo ideal para México es poder combinar en un mismo sistema la expertise que asegura un servicio civil de carrera y, al mismo tiempo, garantizar la apertura del sistema a todos los niveles sociales.
El sistema de reclutamiento de los servidores públicos en México se formó paralelamente a la consolidación del régimen político priista en los años 30 y 40 del siglo pasado. Es un sistema híbrido y único en el mundo. Divide a los servidores en dos categorías: "trabajadores de confianza" y "trabajadores de base".
La categoría de "trabajadores de confianza" asegura el reclutamiento de la élite gobernante mientras le da al sistema una extraordinaria rotación del personal de alto nivel. Los estudios señalan que cada sexenio cambia por lo menos el 30 por ciento de los altos funcionarios, mismos que son sustituidos por el equipo del nuevo gobernante.
El lado positivo de este sistema es su enorme movilidad, ya que en 18 años se asegura la renovación de la casi totalidad de la élite en el poder. A diferencia de las violentas purgas estalinianas en la antigua URSS, el sistema ideado por el PRI "sacude el árbol" y permite la renovación de la clase política de manera pacífica. El lado negativo es que mantiene el sistema patrimonial y discrecional que hace posible que el gobernante en turno lleve a sus compadres y choferes en los altos mandos de la administración. La categoría de los "trabajadores de base", a su vez, mantiene la supeditación corporativa de los burócratas al partido en el poder.
El sistema ha funcionado porque "democratiza la corrupción", como escribió Gabriel Zaid, pues con la extraordinaria movilización y rotación del personal se institucionaliza una larga "cola" de aquellos que pacientemente esperan "que la Revolución les haga justicia" cada tres o seis años.
En el 2000, Vicente Fox puso en práctica un sistema de reclutamiento al estilo empresarial a través de "headhunters" pero, en los hechos, salvo muy contadas excepciones, terminó incorporando a su gabinete, como en el viejo régimen, a sus principales colaboradores de campaña.
A niveles estatales y municipales, la alternancia en el poder tampoco ha derivado en transformación del servicio civil. PRI, PAN y PRD participan de la corrupción del sistema. El sistema del viejo régimen se mantiene intacto.
La idea de un servicio civil de carrera como en los países europeos parece un sueño difícil de alcanzar en México por dos razones: primero, porque es sumamente caro y quebraría al Gobierno al querer financiar los sistemas de retiro de toda la burocracia; y, segundo, porque en un país con una estructura poblacional joven como la nuestra, un sistema de carrera crearía una burocracia rígida con poca permeabilidad social.
El efecto de la movilización y de la rotación del personal de alto nivel que mantiene el actual sistema es bueno para inyectar sangre fresca cada tres o seis años al servicio público, siempre y cuando se elimine el efecto perverso de la corrupción. Sin corrupción ya no habría incentivos para los servidores improvisados como los compadres, choferes, amigos del gobernante en turno y viejos políticos que esperan en la "cola" beneficiarse de la corrupción.
Lo anterior se puede lograr estableciendo una comisión anticorrupción autónoma, que ha operado con éxito en Honk Kong, y que permite transparentar el manejo de recursos y una más estrecha supervisión ciudadana del desempeño de los servidores públicos.
En el otro extremo, se tiene que eliminar el arcaísmo en el que se encuentran los llamados "trabajadores de base". El nuevo sistema tiene que erradicar el corporativismo sindical que aún existe en sectores como el educativo y garantizar el reclutamiento de cuadros profesionales en sectores como el policiaco.
domingo, 30 de octubre de 2005
Chapulines políticos
Es más sano el "chapulineo" abierto y democrático que el "dedazo" burocrático y cerrado, pues al final de cuentas nos permite a los electores decidir en las urnas si premiamos o castigamos al chapulín, mientras que en el sistema del reclutamiento burocrático la opinión del elector no cuenta.
Lo primero que tendríamos que celebrar con humor es el ingenio mexicano en la invención del verbo "chapulinear", procedente de la palabra náhuatl chapulín, para describir el "salto" que hacen los políticos de un puesto a otro. Los franceses utilizan el término pantouflage: "cambiar de pantuflas", para describir el abandono del servicio público del Estado por un cargo de elección popular, o uno de una empresa privada.
Tanto en México como en Francia, el término tiene, de entrada, una connotación peyorativa. Pero veremos que, en la mayoría de los casos, el "chapulineo" no es tan malo.
Un sistema de reclutamiento democrático
El chapulineo está inherentemente ligado al reclutamiento de la clase política por medios democráticos, a través de la vía electoral. Se nos olvida que en la época que algunos llamamos del "autoritarismo burocrático" (1946-2000), el reclutamiento de la clase política en México se hacía a través de la burocracia. Para ser político había que ser funcionario o tecnócrata. En esta época, los requisitos para ocupar un puesto de elección popular eran pertenecer al PRI, tener estudios universitarios, de preferencia ser abogado o economista de la UNAM, tener un grado académico en el extranjero, y haber pasado por una larga trayectoria administrativa en la burocracia central. El contacto con los electores no era necesario. Hubo Presidentes de la República que llegaron al poder sin haber ocupado, siquiera, un cargo de elección popular, como Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari o Zedillo.
En este sentido, lo que describe el llamado "chapulineo" es un fenómeno reciente inherente a la democratización de la vida política mexicana. Por fortuna hemos dejando atrás el sistema del reclutamiento burocrático, centralista y unipartidista, y lo estamos sustituyendo por un sistema de reclutamiento democrático, descentralizado y plural.
Si tuviésemos que elegir entre regresar al método cerrado del reclutamiento burocrático, o seguir avanzando en el reclutamiento de nuestra clase política por un camino abierto, como es la vía electoral, pienso que, a todas luces, es más sano el "chapulineo" abierto y democrático que el "dedazo" burocrático y cerrado, pues al final de cuentas nos permite a los electores decidir en las urnas si premiamos o castigamos al chapulín, mientras que en el sistema del reclutamiento burocrático la opinión del elector no cuenta.
Ahora bien, el "chapulineo" en México, a diferencia de Estados Unidos, se ha acentuado por la prohibición expresa de reelección en los cargos de elección popular, principalmente en los casos de Diputados, senadores y presidentes municipales. En Estados Unidos, la reelección ha permitido el desarrollo de las carreras parlamentarias y políticas en las que el elector premia a aquellos que se han destacado por su eficiencia, profesionalismo y resultados.
Estoy consciente que el "chapulineo" se puede prestar a excesos cuando el político en cuestión abandona su puesto sin dar antes resultados. Si éste es el caso, es a los electores a quienes corresponde decidir si eligen o no al político chapulín en cuestión. Es claro que si el político que intenta saltar a otro puesto no dio resultados, lo más seguro es que sea castigado por un voto adverso.
Una profesión que rinde cuentas
La profesión de político chapulín es de alto riesgo. El político que accede a un puesto de elección popular sabe que si no salta a otro cargo de elección sus posibilidades de permanecer en la vida pública son limitadas. Pero también está consciente que su salto puede ser mortal, políticamente hablando, pues el elector puede emitir un voto de castigo si no ha incumplido con sus responsabilidades.
Por tal motivo y para avanzar en la profesionalización política en México, sería recomendable que se establezca la reelección para Diputados locales, Diputados federales, senadores y presidentes municipales. La reelección en estos cargos permitiría que los políticos mexicanos se especialicen en las áreas en las que han demostrado tener más talento, a juicio de los electores.
No menciono la reelección del Presidente de la República, ni de Gobernadores, pues en la opinión pública mexicana hay consenso para que en estos cargos ejecutivos, que se ejercen por seis años, prevalezca la no reelección.
Vemos con agrado que la democratización de la vida política en México esté planteando situaciones en las que Gobernadores, ex Gobernadores, y hasta ex Presidentes de la República buscan elegirse como senadores, lo cual bajo el viejo régimen era impensable, pues imperaba el principio no escrito de que el gobernante saliente no podía hacerle sombra a su sucesor.
Bajo la transición democrática que se vive en México, el reclutamiento de nuestra clase política ha regresado a cauces más abiertos y descentralizados en donde impera el principio de la rendición de cuentas al elector.
A diferencia de lo que sucedía antes del 2000, ahora el reclutamiento se hace por la vía electoral: antes de ser Presidente de la República, Vicente Fox fue Gobernador de Guanajuato. Los tres aspirantes más importantes a la Presidencia de la República en el 2006 han ocupado, previamente, cargos de elección popular, y tienen experiencia ya sea de gobierno o legislativa.
Muchos de los Gobernadores elegidos después del 2000 llegaron a sus cargos después de haber sido elegidos senadores o Diputados federales.
Para ser presidente municipal ya no basta con ser amigo del Presidente de la República, o del Gobernador en turno. Muchos de los que son, o aspiran ser, han sido senadores, Diputados o presidentes municipales de otros municipios.
Los que aspiran a ser senadores han sido Presidentes de la República, Gobernadores o Diputados federales.
Muchos de los aspiran a Diputados federales son Diputados locales.
El "chapulineo", a pesar de las críticas en su contra, tiene la virtud de ser democrático. Podrá no ser el mejor sistema de formación y reclutamiento de nuestra clase política, pero es al menos el más democrático.
(Este artículo fue publilcado en el periódico El Norte el 30-10-05)
Lo primero que tendríamos que celebrar con humor es el ingenio mexicano en la invención del verbo "chapulinear", procedente de la palabra náhuatl chapulín, para describir el "salto" que hacen los políticos de un puesto a otro. Los franceses utilizan el término pantouflage: "cambiar de pantuflas", para describir el abandono del servicio público del Estado por un cargo de elección popular, o uno de una empresa privada.
Tanto en México como en Francia, el término tiene, de entrada, una connotación peyorativa. Pero veremos que, en la mayoría de los casos, el "chapulineo" no es tan malo.
Un sistema de reclutamiento democrático
El chapulineo está inherentemente ligado al reclutamiento de la clase política por medios democráticos, a través de la vía electoral. Se nos olvida que en la época que algunos llamamos del "autoritarismo burocrático" (1946-2000), el reclutamiento de la clase política en México se hacía a través de la burocracia. Para ser político había que ser funcionario o tecnócrata. En esta época, los requisitos para ocupar un puesto de elección popular eran pertenecer al PRI, tener estudios universitarios, de preferencia ser abogado o economista de la UNAM, tener un grado académico en el extranjero, y haber pasado por una larga trayectoria administrativa en la burocracia central. El contacto con los electores no era necesario. Hubo Presidentes de la República que llegaron al poder sin haber ocupado, siquiera, un cargo de elección popular, como Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari o Zedillo.
En este sentido, lo que describe el llamado "chapulineo" es un fenómeno reciente inherente a la democratización de la vida política mexicana. Por fortuna hemos dejando atrás el sistema del reclutamiento burocrático, centralista y unipartidista, y lo estamos sustituyendo por un sistema de reclutamiento democrático, descentralizado y plural.
Si tuviésemos que elegir entre regresar al método cerrado del reclutamiento burocrático, o seguir avanzando en el reclutamiento de nuestra clase política por un camino abierto, como es la vía electoral, pienso que, a todas luces, es más sano el "chapulineo" abierto y democrático que el "dedazo" burocrático y cerrado, pues al final de cuentas nos permite a los electores decidir en las urnas si premiamos o castigamos al chapulín, mientras que en el sistema del reclutamiento burocrático la opinión del elector no cuenta.
Ahora bien, el "chapulineo" en México, a diferencia de Estados Unidos, se ha acentuado por la prohibición expresa de reelección en los cargos de elección popular, principalmente en los casos de Diputados, senadores y presidentes municipales. En Estados Unidos, la reelección ha permitido el desarrollo de las carreras parlamentarias y políticas en las que el elector premia a aquellos que se han destacado por su eficiencia, profesionalismo y resultados.
Estoy consciente que el "chapulineo" se puede prestar a excesos cuando el político en cuestión abandona su puesto sin dar antes resultados. Si éste es el caso, es a los electores a quienes corresponde decidir si eligen o no al político chapulín en cuestión. Es claro que si el político que intenta saltar a otro puesto no dio resultados, lo más seguro es que sea castigado por un voto adverso.
Una profesión que rinde cuentas
La profesión de político chapulín es de alto riesgo. El político que accede a un puesto de elección popular sabe que si no salta a otro cargo de elección sus posibilidades de permanecer en la vida pública son limitadas. Pero también está consciente que su salto puede ser mortal, políticamente hablando, pues el elector puede emitir un voto de castigo si no ha incumplido con sus responsabilidades.
Por tal motivo y para avanzar en la profesionalización política en México, sería recomendable que se establezca la reelección para Diputados locales, Diputados federales, senadores y presidentes municipales. La reelección en estos cargos permitiría que los políticos mexicanos se especialicen en las áreas en las que han demostrado tener más talento, a juicio de los electores.
No menciono la reelección del Presidente de la República, ni de Gobernadores, pues en la opinión pública mexicana hay consenso para que en estos cargos ejecutivos, que se ejercen por seis años, prevalezca la no reelección.
Vemos con agrado que la democratización de la vida política en México esté planteando situaciones en las que Gobernadores, ex Gobernadores, y hasta ex Presidentes de la República buscan elegirse como senadores, lo cual bajo el viejo régimen era impensable, pues imperaba el principio no escrito de que el gobernante saliente no podía hacerle sombra a su sucesor.
Bajo la transición democrática que se vive en México, el reclutamiento de nuestra clase política ha regresado a cauces más abiertos y descentralizados en donde impera el principio de la rendición de cuentas al elector.
A diferencia de lo que sucedía antes del 2000, ahora el reclutamiento se hace por la vía electoral: antes de ser Presidente de la República, Vicente Fox fue Gobernador de Guanajuato. Los tres aspirantes más importantes a la Presidencia de la República en el 2006 han ocupado, previamente, cargos de elección popular, y tienen experiencia ya sea de gobierno o legislativa.
Muchos de los Gobernadores elegidos después del 2000 llegaron a sus cargos después de haber sido elegidos senadores o Diputados federales.
Para ser presidente municipal ya no basta con ser amigo del Presidente de la República, o del Gobernador en turno. Muchos de los que son, o aspiran ser, han sido senadores, Diputados o presidentes municipales de otros municipios.
Los que aspiran a ser senadores han sido Presidentes de la República, Gobernadores o Diputados federales.
Muchos de los aspiran a Diputados federales son Diputados locales.
El "chapulineo", a pesar de las críticas en su contra, tiene la virtud de ser democrático. Podrá no ser el mejor sistema de formación y reclutamiento de nuestra clase política, pero es al menos el más democrático.
(Este artículo fue publilcado en el periódico El Norte el 30-10-05)
miércoles, 13 de julio de 2005
Elecciones Edomex: ¿Anticipo del 2006?
La elección de Gobernador del Estado de México es considerada por muchos como la antesala de la elección presidencial del 2006.
Sería demasiado aventurado concluir que el resultado de una elección local es un indicador de lo que será el desenlace de la elección presidencial: el probable triunfo del PRI en el Edomex no es un adelanto del regreso del PRI a Los Pinos en el 2006.
Me parece que los aspectos más destacables de la elección mexiquense en relación a la elección presidencial del 2006 son los siguientes:
1. Crisis de los partidos. En el Estado de México, el PRI arrancó su proceso de elección de candidato con la participación de aspirantes de mucho peso, como Carlos Hank Rhon e Isidro Pastor, y algunos no tan conocidos, como Enrique Peña. En el proceso interno se tradujo en un enfrentamiento entre las corrientes políticas locales, y entre la dirigencia nacional del PRI y el grupo político del Gobernador. El proceso generó tal fractura que se tuvo que abortar para dar cauce a un candidato de unidad. Como consecuencia, Isidro Pastor renunció al PRI.
El PAN, por su parte, celebró una elección interna en la que resultó triunfador el ex Alcalde de Tlalnepantla, Rubén Mendoza, pero ésta fue inmediatamente impugnada por su contrincante, el ex candidato a Gobernador por este partido en 1999, José Luis Durán, alegando que se había cometido fraude. A pesar de los intentos de reponer la elección, finalmente la dirigencia nacional del PAN decidió apoyar a Mendoza, pero con el repliegue de la corriente perdedora.
El PRD no celebró elecciones internas. La designación de una candidata apartidista, la ex dirigente nacional de la Canacintra, Yeidckol Polenvsky, surgió con el deseo de generar una alianza ciudadana a favor del PRD.
Los partidos políticos siguen detentando en México el monopolio de las candidaturas, pero llegan a la elección del 2006 con una asignatura pendiente: la democracia interna.
2. ¿Quién regula las precampañas? Las precampañas en el Estado de México se llevaron a cabo en medio de un vacío legal que impidió el control en cuanto a los tiempos y gastos. Lo mismo sucede a nivel nacional. Salvo excepciones muy contadas en algunos estados del País, las precampañas suelen extenderse indefinidamente ante el hastío de buena parte de la población.
3. ¿Quién respeta los topes de campaña? El tope de los gastos de campaña en el Estado de México es de 216 millones de pesos por cada candidato a Gobernador.
El problema de los topes de campaña es que el sistema de fiscalización se hace de acuerdo a reportes que se presentan una vez concluida la elección. Esto alienta a los candidatos a rebasar los topes bajo el argumento de que "es mejor defender la elección con el triunfo en la mano, que impugnarla como candidato perdedor".
Como el sistema de fiscalización es el mismo a nivel nacional, nada nos asegura que en el 2006 no se vuelvan a repetir las controversias en torno los amigos de Fox y el llamado Pemexgate.
4. Crisis de la video-política. Lo que más me ha sorprendido de la elección del Edomex y de las precampañas presidenciales actualmente en curso es la pobreza de los mensajes televisivos. La video-política en México es relativamente reciente, pero lo que estamos presenciando hoy en día es algo muy lamentable. No veo innovación por ninguna parte. Por el contrario, existe un retroceso con relación a campañas como la del PAN del 97 o la Fox del 2000.
Las campañas televisivas del Estado de México y las precampañas nacionales se encuentran atrapadas en el posicionamiento de la imagen de los candidatos en base a sus virtudes físicas. Explotan ilimitadamente la aparición del candidato frente a las cámaras. Sobredimensionan hasta el absurdo la importancia del lema, con frases muy desgastadas y sin sentido. Están plagadas de plagios y lugares comunes. La descalificación prevalece sobre las propuestas. Lo más grave de todo es que esto se traducirá, seguramente, en una importante abstención.
5. El triunfo local no asegura el presidencial. La tesis de los estrategas nacionales del PRI rumbo al 2006 consiste en sumar los triunfos locales como un pronóstico de lo que sucederá en la elección presidencial.
Aun cuando el PRI gane la elección del Edomex, está por verse que ésta sea la antesala del regreso a Los Pinos en el 2006. Para el PRI el reto es romper el estigma de ganar las elecciones locales y perder la presidencial, como sucedió en el 2000.
Para el PAN, la derrota en el Estado de México y Nayarit confirmará su pobre desempeño en las elecciones locales después del 2000. La gran paradoja del PAN es haber ganado la elección presidencial, y, sin embargo, perder la mayoría de las elecciones locales.
Este domingo, el PRD puede dar la sorpresa en el Edomex y Nayarit al desplazar al PAN en el segundo lugar de los resultados electorales. El ascenso electoral del PRD en el 2005 se explica por el factor López Obrador. Sin embargo, la elección del Edomex ha demostrado, también, que la popularidad nacional de Jefe de Gobierno del DF no es transferible al grado de garantizar el triunfo de sus candidatos. El PRD podría ganar la elección presidencial sin haber ganado la mayoría de elecciones estatales, ni contar con una base de movilización territorial como la que puede tener el PRI y el PAN, tal como sucedió con Fox en el 2000.
Con toda seguridad, la elección del Estado de México se decidirá en los tribunales, quienes tendrán que resolver la controversia en torno a los gastos de campaña.
Nos acercamos al 2006 no sólo en medio de la crisis de los partidos, sino también ante el agotamiento de las formas tradicionales de hacer política y con muchos vacíos jurídicos en materia de control de gastos y financiamiento de campañas y precampañas. El reto para el 2006 es evitar que las campañas se desarrollen ante el hastío e indiferencia generalizada de los electores, y que los ataques prevalezcan sobre las propuestas: la elección debe resolverse en las urnas, no en los tribunales.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 03-07-05)
Sería demasiado aventurado concluir que el resultado de una elección local es un indicador de lo que será el desenlace de la elección presidencial: el probable triunfo del PRI en el Edomex no es un adelanto del regreso del PRI a Los Pinos en el 2006.
Me parece que los aspectos más destacables de la elección mexiquense en relación a la elección presidencial del 2006 son los siguientes:
1. Crisis de los partidos. En el Estado de México, el PRI arrancó su proceso de elección de candidato con la participación de aspirantes de mucho peso, como Carlos Hank Rhon e Isidro Pastor, y algunos no tan conocidos, como Enrique Peña. En el proceso interno se tradujo en un enfrentamiento entre las corrientes políticas locales, y entre la dirigencia nacional del PRI y el grupo político del Gobernador. El proceso generó tal fractura que se tuvo que abortar para dar cauce a un candidato de unidad. Como consecuencia, Isidro Pastor renunció al PRI.
El PAN, por su parte, celebró una elección interna en la que resultó triunfador el ex Alcalde de Tlalnepantla, Rubén Mendoza, pero ésta fue inmediatamente impugnada por su contrincante, el ex candidato a Gobernador por este partido en 1999, José Luis Durán, alegando que se había cometido fraude. A pesar de los intentos de reponer la elección, finalmente la dirigencia nacional del PAN decidió apoyar a Mendoza, pero con el repliegue de la corriente perdedora.
El PRD no celebró elecciones internas. La designación de una candidata apartidista, la ex dirigente nacional de la Canacintra, Yeidckol Polenvsky, surgió con el deseo de generar una alianza ciudadana a favor del PRD.
Los partidos políticos siguen detentando en México el monopolio de las candidaturas, pero llegan a la elección del 2006 con una asignatura pendiente: la democracia interna.
2. ¿Quién regula las precampañas? Las precampañas en el Estado de México se llevaron a cabo en medio de un vacío legal que impidió el control en cuanto a los tiempos y gastos. Lo mismo sucede a nivel nacional. Salvo excepciones muy contadas en algunos estados del País, las precampañas suelen extenderse indefinidamente ante el hastío de buena parte de la población.
3. ¿Quién respeta los topes de campaña? El tope de los gastos de campaña en el Estado de México es de 216 millones de pesos por cada candidato a Gobernador.
El problema de los topes de campaña es que el sistema de fiscalización se hace de acuerdo a reportes que se presentan una vez concluida la elección. Esto alienta a los candidatos a rebasar los topes bajo el argumento de que "es mejor defender la elección con el triunfo en la mano, que impugnarla como candidato perdedor".
Como el sistema de fiscalización es el mismo a nivel nacional, nada nos asegura que en el 2006 no se vuelvan a repetir las controversias en torno los amigos de Fox y el llamado Pemexgate.
4. Crisis de la video-política. Lo que más me ha sorprendido de la elección del Edomex y de las precampañas presidenciales actualmente en curso es la pobreza de los mensajes televisivos. La video-política en México es relativamente reciente, pero lo que estamos presenciando hoy en día es algo muy lamentable. No veo innovación por ninguna parte. Por el contrario, existe un retroceso con relación a campañas como la del PAN del 97 o la Fox del 2000.
Las campañas televisivas del Estado de México y las precampañas nacionales se encuentran atrapadas en el posicionamiento de la imagen de los candidatos en base a sus virtudes físicas. Explotan ilimitadamente la aparición del candidato frente a las cámaras. Sobredimensionan hasta el absurdo la importancia del lema, con frases muy desgastadas y sin sentido. Están plagadas de plagios y lugares comunes. La descalificación prevalece sobre las propuestas. Lo más grave de todo es que esto se traducirá, seguramente, en una importante abstención.
5. El triunfo local no asegura el presidencial. La tesis de los estrategas nacionales del PRI rumbo al 2006 consiste en sumar los triunfos locales como un pronóstico de lo que sucederá en la elección presidencial.
Aun cuando el PRI gane la elección del Edomex, está por verse que ésta sea la antesala del regreso a Los Pinos en el 2006. Para el PRI el reto es romper el estigma de ganar las elecciones locales y perder la presidencial, como sucedió en el 2000.
Para el PAN, la derrota en el Estado de México y Nayarit confirmará su pobre desempeño en las elecciones locales después del 2000. La gran paradoja del PAN es haber ganado la elección presidencial, y, sin embargo, perder la mayoría de las elecciones locales.
Este domingo, el PRD puede dar la sorpresa en el Edomex y Nayarit al desplazar al PAN en el segundo lugar de los resultados electorales. El ascenso electoral del PRD en el 2005 se explica por el factor López Obrador. Sin embargo, la elección del Edomex ha demostrado, también, que la popularidad nacional de Jefe de Gobierno del DF no es transferible al grado de garantizar el triunfo de sus candidatos. El PRD podría ganar la elección presidencial sin haber ganado la mayoría de elecciones estatales, ni contar con una base de movilización territorial como la que puede tener el PRI y el PAN, tal como sucedió con Fox en el 2000.
Con toda seguridad, la elección del Estado de México se decidirá en los tribunales, quienes tendrán que resolver la controversia en torno a los gastos de campaña.
Nos acercamos al 2006 no sólo en medio de la crisis de los partidos, sino también ante el agotamiento de las formas tradicionales de hacer política y con muchos vacíos jurídicos en materia de control de gastos y financiamiento de campañas y precampañas. El reto para el 2006 es evitar que las campañas se desarrollen ante el hastío e indiferencia generalizada de los electores, y que los ataques prevalezcan sobre las propuestas: la elección debe resolverse en las urnas, no en los tribunales.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 03-07-05)
sábado, 2 de abril de 2005
Legalidad vs. democracia
“Aplicar el estado de derecho" se ha convertido en el principal argumento del gobierno de Fox y de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para desaforar a López Obrador. La "legalidad" está siendo utilizada para impedir que el principal representante de la izquierda -desde la elección de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88- participe en la elección presidencial del 2006.
¿Es correcto inhabilitar a un adversario político so pretexto de la aplicación de la ley? La respuesta es afirmativa cuando estamos en presencia de una situación clara, un hecho grave, o una violación sistemática de la ley. No se justifica cuando a partir de un hecho aislado, el poder público convierte la aplicación del derecho en una táctica para lograr objetivos electorales, y, menos aún, cuando los efectos son contraproducentes para la consolidación de nuestra incipiente democracia.
Las consecuencias de este tipo de maximalismo político son de diversos tipos: se provoca una ruptura en el proceso de transición a la democracia que en el 2000 permitió la alternancia en el poder a nivel presidencial; se genera un retroceso en la modernización democrática en México y se pone en riesgo la elección presidencial del 2006.
Una ruptura con la transición
Fox llegó al poder con la promesa de poner en marcha un proceso de transición democrática convocando al "Pacto de Chapultepec". Como en la mayoría de los procesos de transición, el pacto incluía negociar con la izquierda. Cinco años después, el pacto ha caído en el olvido. De la promesa de transición democrática hemos pasado a la ruptura con la transición.
Los estudiosos de los procesos de transición democrática coinciden en que una democracia requiere de varias condiciones para funcionar. Una de ellas es la división de poderes que garantice la correcta aplicación de la ley y la vigencia del estado de derecho. Pero, además, y como condiciones previas, se requiere el respeto a las minorías y reglas equitativas que garanticen a todos los candidatos y partidos igualdad de condiciones para participar en la contienda electoral.
Para que haya democracia es indispensable asegurar que las minorías puedan convertirse en mayorías: ¡que la oposición pueda, a su vez, gobernar! Las democracias que impiden la alternancia en el poder no son democracias.
Una contrarreforma política
El desafuero por motivos electorales tendría el efecto de un retroceso político que iría a contracorriente de la dinámica impulsada por la reforma de Jesús Reyes Heroles en 1977, uno de cuyos principales méritos fue la legalización de los partidos de izquierda y su inclusión al juego electoral. Gracias a esta dinámica modernizadora, la izquierda mexicana, después del 68, optó por decirle adiós a las armas para entrarle de lleno a juego electoral.
Basta con echarle un breve vistazo a la política comparada: la Quinta República francesa no se hubiese consolidado sin la alternancia en el gobierno de 1981 que le permitió a Franìois Mitterrand acceder al poder, después de 23 años de oposición. Lo mismo sucedió en España, cuya democracia no se hubiese modernizado sin la llegada al gobierno de Felipe González y el PSOE en 1982. En América Latina, pensemos en los casos de Lula en Brasil, o de Tabaré Vázquez en Uruguay. ¿Qué hubiese sido de estas democracias si se hubiese impedido a los candidatos de izquierda competir por el poder?
El derecho a la alternancia debe valer por igual tanto para la derecha como para la izquierda. La prueba de fuego de nuestra consolidación democrática consiste en permitir que la izquierda participe en las elecciones en igualdad de condiciones que el resto de los partidos.
Un bipartidismo excluyente
La elección presidencial del 2000 sirvió para consolidar a nivel nacional un sistema tripartidista más o menos equilibrado, conformado por el PRI, el PAN y el PRD. El desafuero de López Obrador tendría como efecto transformar el sistema de partidos en uno bipartidista en donde sólo participarían el PRI y el PAN, puesto que lo más seguro es que, sin López Obrador como candidato, el PRD tome la decisión de retirarse de la contienda del 2006.
La democracia mexicana sufriría un brutal retroceso hacia un modelo decimonónico de bipartidismo excluyente, como fue el caso de Colombia hace algunos años, o el caso de muchas otras democracias bipartidistas latinoamericanas, en donde la izquierda no participa en el juego electoral.
¿Qué motivación tendrían los electores para acudir a las urnas si en la elección del 2006 se presentasen tan sólo los candidatos del PRI y del PAN después de haber votado a favor de la eliminación del que va en primer lugar en las encuestas? La elección presidencial del 2006 podría convertirse en un juego sin interés, en donde predomine el abstencionismo.
Más que inhabilitarlo para impedir que participe en las elecciones, los adversarios de López Obrador deberían buscar la forma de ganarle en las urnas, por ejemplo, sometiendo a juicio de los electores la eficiencia de las políticas públicas aplicadas en el DF. ¡Esa es la esencia del juego democrático moderno!
El estado de derecho se construye a partir de una democracia electoral incluyente, en donde todos los actores políticos participan en igualdad de condiciones. En donde se respeta la voluntad de los electores para que las minorías lleguen al poder. Aplicar la legalidad como una táctica para eliminar al adversario atenta contra el estado de derecho en su sentido más amplio.
No hay que olvidar que la reina de las libertades es la libertad política: la que nos permite elegir a nuestros gobernantes mediante el sufragio libre, universal y secreto. Limitar el pluralismo político so pretexto de aplicar el estado de derecho nos llevaría a una nueva modalidad de autoritarismo que no estaba inscrito en el proyecto por el que la mayoría de los mexicanos votó el 2 de julio del 2000.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 02-04-05)
¿Es correcto inhabilitar a un adversario político so pretexto de la aplicación de la ley? La respuesta es afirmativa cuando estamos en presencia de una situación clara, un hecho grave, o una violación sistemática de la ley. No se justifica cuando a partir de un hecho aislado, el poder público convierte la aplicación del derecho en una táctica para lograr objetivos electorales, y, menos aún, cuando los efectos son contraproducentes para la consolidación de nuestra incipiente democracia.
Las consecuencias de este tipo de maximalismo político son de diversos tipos: se provoca una ruptura en el proceso de transición a la democracia que en el 2000 permitió la alternancia en el poder a nivel presidencial; se genera un retroceso en la modernización democrática en México y se pone en riesgo la elección presidencial del 2006.
Una ruptura con la transición
Fox llegó al poder con la promesa de poner en marcha un proceso de transición democrática convocando al "Pacto de Chapultepec". Como en la mayoría de los procesos de transición, el pacto incluía negociar con la izquierda. Cinco años después, el pacto ha caído en el olvido. De la promesa de transición democrática hemos pasado a la ruptura con la transición.
Los estudiosos de los procesos de transición democrática coinciden en que una democracia requiere de varias condiciones para funcionar. Una de ellas es la división de poderes que garantice la correcta aplicación de la ley y la vigencia del estado de derecho. Pero, además, y como condiciones previas, se requiere el respeto a las minorías y reglas equitativas que garanticen a todos los candidatos y partidos igualdad de condiciones para participar en la contienda electoral.
Para que haya democracia es indispensable asegurar que las minorías puedan convertirse en mayorías: ¡que la oposición pueda, a su vez, gobernar! Las democracias que impiden la alternancia en el poder no son democracias.
Una contrarreforma política
El desafuero por motivos electorales tendría el efecto de un retroceso político que iría a contracorriente de la dinámica impulsada por la reforma de Jesús Reyes Heroles en 1977, uno de cuyos principales méritos fue la legalización de los partidos de izquierda y su inclusión al juego electoral. Gracias a esta dinámica modernizadora, la izquierda mexicana, después del 68, optó por decirle adiós a las armas para entrarle de lleno a juego electoral.
Basta con echarle un breve vistazo a la política comparada: la Quinta República francesa no se hubiese consolidado sin la alternancia en el gobierno de 1981 que le permitió a Franìois Mitterrand acceder al poder, después de 23 años de oposición. Lo mismo sucedió en España, cuya democracia no se hubiese modernizado sin la llegada al gobierno de Felipe González y el PSOE en 1982. En América Latina, pensemos en los casos de Lula en Brasil, o de Tabaré Vázquez en Uruguay. ¿Qué hubiese sido de estas democracias si se hubiese impedido a los candidatos de izquierda competir por el poder?
El derecho a la alternancia debe valer por igual tanto para la derecha como para la izquierda. La prueba de fuego de nuestra consolidación democrática consiste en permitir que la izquierda participe en las elecciones en igualdad de condiciones que el resto de los partidos.
Un bipartidismo excluyente
La elección presidencial del 2000 sirvió para consolidar a nivel nacional un sistema tripartidista más o menos equilibrado, conformado por el PRI, el PAN y el PRD. El desafuero de López Obrador tendría como efecto transformar el sistema de partidos en uno bipartidista en donde sólo participarían el PRI y el PAN, puesto que lo más seguro es que, sin López Obrador como candidato, el PRD tome la decisión de retirarse de la contienda del 2006.
La democracia mexicana sufriría un brutal retroceso hacia un modelo decimonónico de bipartidismo excluyente, como fue el caso de Colombia hace algunos años, o el caso de muchas otras democracias bipartidistas latinoamericanas, en donde la izquierda no participa en el juego electoral.
¿Qué motivación tendrían los electores para acudir a las urnas si en la elección del 2006 se presentasen tan sólo los candidatos del PRI y del PAN después de haber votado a favor de la eliminación del que va en primer lugar en las encuestas? La elección presidencial del 2006 podría convertirse en un juego sin interés, en donde predomine el abstencionismo.
Más que inhabilitarlo para impedir que participe en las elecciones, los adversarios de López Obrador deberían buscar la forma de ganarle en las urnas, por ejemplo, sometiendo a juicio de los electores la eficiencia de las políticas públicas aplicadas en el DF. ¡Esa es la esencia del juego democrático moderno!
El estado de derecho se construye a partir de una democracia electoral incluyente, en donde todos los actores políticos participan en igualdad de condiciones. En donde se respeta la voluntad de los electores para que las minorías lleguen al poder. Aplicar la legalidad como una táctica para eliminar al adversario atenta contra el estado de derecho en su sentido más amplio.
No hay que olvidar que la reina de las libertades es la libertad política: la que nos permite elegir a nuestros gobernantes mediante el sufragio libre, universal y secreto. Limitar el pluralismo político so pretexto de aplicar el estado de derecho nos llevaría a una nueva modalidad de autoritarismo que no estaba inscrito en el proyecto por el que la mayoría de los mexicanos votó el 2 de julio del 2000.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 02-04-05)
domingo, 6 de junio de 2004
Precampañas: ¿Libres o reguladas?
¿Tiene razón Vicente Fox en reprender a su Secretario de Energía, Felipe Calderón, por acudir a un acto de proselitismo con miras a la elección presidencial del 2006? ¿Es válido que Felipe Calderón renuncie a su puesto, bajo el pretexto de "lo exagerado del regaño presidencial", o bien, debió haber renunciado por violación a la ética republicana que impide que un funcionario de gobierno sea, a la vez, precandidato a la Presidencia de la República?
¿Deben los partidos hacer precampañas con tanto tiempo de anticipación sin más límite que el interés de sus estrategias políticas para preservar el poder, como fue el caso del PAN en Nuevo León que, de febrero a noviembre del 2002, organizó la precampaña a la gubernatura más larga que se haya conocido en la historia del estado, o del PRI, a nivel nacional, que organizó sus elecciones primarias para candidato a la Presidencia de la República de septiembre a noviembre de 1999?
Esta es sólo una pequeña muestra de la necesidad que tenemos de acotar los tiempos electorales. Los mexicanos no podemos vivir bajo un sistema de deliberación constante. Hemos pasado, en unos pocos años, de la "campaña permanente", en la que los gobiernos se veían en la imperiosa necesidad de comunicar sus logros, a los tiempos de la "elección permanente" en la que los partidos y actores políticos dedican la mayor parte de su agenda a prepararse para triunfar en la pasarela del sufragio universal.
¿Puede una democracia subsistir cultivando la forma sin trabajar el fondo, privilegiando los medios y no los fines, las reglas y no los resultados?
La elección permanente altera el "equilibrio democrático" que presupone que hay un tiempo para elegir, y otro muy distinto para gobernar. Contrario a lo que sucede en los regímenes totalitarios, en las democracias representativas los ciudadanos no pueden vivir bajo el acoso de la eterna movilización política, sino -por paradójico que esto pueda parecer-, bajo la seguridad de que su participación política está acotada a los tiempos electorales.
En la mayoría de los países democráticos los periodos de campañas no suelen sobrepasar los seis meses, incluyendo la precampaña y la campaña constitucional. En la elección para Gobernador de Nuevo León en la que Natividad González Parás resultó triunfador, los periodos de precampaña y campaña constitucional se prolongaron por 18 meses -de enero del 2002 a julio del 2003-, el triple que en las democracias desarrolladas.
El riesgo es que estamos transitando de un "sistema autoritario" con participación política limitada, a uno democrático con "elecciones permanentes". La euforia de la transición democrática que se ha apoderado de nuestra clase política nos ha llevado a privilegiar la cantidad, mas no la calidad. Una cosa es comunicar logros de gobierno -la "campaña permanente"-, y otra muy distinta es cultivar las expectativas ciudadanas en base al ideal utópico de la sociedad que se puede alcanzar -"la elección permanente-".
Debemos preguntarnos: ¿el hecho de tener campañas electorales con el triple de duración que la mayoría de las democracias contemporáneas nos hace más democráticos?
Bajo el autoritarismo presidencialista no había necesidad de reglamentar las precampañas, ni limitar las aspiraciones de los funcionarios deseosos de ocupar un puesto de elección popular, pues se vivía bajo la regla no escrita, que resumió a la perfección Fidel Velázquez: "el que se mueve no sale en la foto". En el presidencialismo priista los actores políticos mantenían una férrea disciplina, pues la regla era que el Presidente saliente eligiera por "dedazo" a su sucesor.
Vicente Fox rompió esta regla para emprender, desde la oposición, una larga precampaña con dos años de anticipación. Ahora el principio que prevalece es el inverso: "para salir en la foto hay que moverse", imponiendo a nuestra clase política un activismo electoral que distorsiona el funcionamiento normal de la democracia. Al hacerlo se substituyó un sistema cuya premisa era la disciplina, por otro en el cual el principio es la ausencia de reglas.
Con un agravante adicional: heredamos del viejo régimen la larga duración de las campañas electorales, olvidando que bajo el presidencialismo priista las campañas políticas no estaban diseñadas para escenificar una auténtica contienda electoral, sino para plebiscitar al candidato oficial a través de sus recorridos a lo largo y ancho del país.
El diagnóstico es claro. Tenemos que rediseñar y reinventar los tiempos electorales. Al país no le conviene que los procesos electorales se prolonguen indefinidamente, o que pasemos más tiempo deliberando, que resolviendo los problemas que le aquejan.
Los mecanismos para avanzar hacia la normalidad democrática son dos: primero, limitar los tiempos electorales a no más de seis meses incluyendo la precampaña y la campaña constitucional. Y, segundo, impedir que tanto los partidos políticos como los servidores públicos hagan proselitismo fuera de los periodos electorales.
El principio que debe regir la relación entre los partidos políticos y gobierno es el de la estricta separación entre campañas electorales y gobierno. Si algún servidor público, como es el caso de Felipe Calderón, o de muchos otros más, aspira a ser candidato a un puesto de elección popular, debe renunciar a su cargo para evitar alterar la neutralidad política del gobierno.
Por encima de todos estos argumentos, existe una razón de índole práctica para dejar atrás el sistema de elección permanente: las campañas son muy costosas, y México no puede permitirse mantener una democracia onerosa: "pueblo pobre, democracia rica".
Tenemos que pasar de la euforia de la elección permanente, a la normalidad de los gobiernos eficientes. No podemos darnos el lujo de invertir cantidades estratosféricas en los procesos electorales, para que el resultado sea gobiernos mediocres con un desempeño por debajo de las expectativas suscitadas en la campaña electoral.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 06-06-04)
¿Deben los partidos hacer precampañas con tanto tiempo de anticipación sin más límite que el interés de sus estrategias políticas para preservar el poder, como fue el caso del PAN en Nuevo León que, de febrero a noviembre del 2002, organizó la precampaña a la gubernatura más larga que se haya conocido en la historia del estado, o del PRI, a nivel nacional, que organizó sus elecciones primarias para candidato a la Presidencia de la República de septiembre a noviembre de 1999?
Esta es sólo una pequeña muestra de la necesidad que tenemos de acotar los tiempos electorales. Los mexicanos no podemos vivir bajo un sistema de deliberación constante. Hemos pasado, en unos pocos años, de la "campaña permanente", en la que los gobiernos se veían en la imperiosa necesidad de comunicar sus logros, a los tiempos de la "elección permanente" en la que los partidos y actores políticos dedican la mayor parte de su agenda a prepararse para triunfar en la pasarela del sufragio universal.
¿Puede una democracia subsistir cultivando la forma sin trabajar el fondo, privilegiando los medios y no los fines, las reglas y no los resultados?
La elección permanente altera el "equilibrio democrático" que presupone que hay un tiempo para elegir, y otro muy distinto para gobernar. Contrario a lo que sucede en los regímenes totalitarios, en las democracias representativas los ciudadanos no pueden vivir bajo el acoso de la eterna movilización política, sino -por paradójico que esto pueda parecer-, bajo la seguridad de que su participación política está acotada a los tiempos electorales.
En la mayoría de los países democráticos los periodos de campañas no suelen sobrepasar los seis meses, incluyendo la precampaña y la campaña constitucional. En la elección para Gobernador de Nuevo León en la que Natividad González Parás resultó triunfador, los periodos de precampaña y campaña constitucional se prolongaron por 18 meses -de enero del 2002 a julio del 2003-, el triple que en las democracias desarrolladas.
El riesgo es que estamos transitando de un "sistema autoritario" con participación política limitada, a uno democrático con "elecciones permanentes". La euforia de la transición democrática que se ha apoderado de nuestra clase política nos ha llevado a privilegiar la cantidad, mas no la calidad. Una cosa es comunicar logros de gobierno -la "campaña permanente"-, y otra muy distinta es cultivar las expectativas ciudadanas en base al ideal utópico de la sociedad que se puede alcanzar -"la elección permanente-".
Debemos preguntarnos: ¿el hecho de tener campañas electorales con el triple de duración que la mayoría de las democracias contemporáneas nos hace más democráticos?
Bajo el autoritarismo presidencialista no había necesidad de reglamentar las precampañas, ni limitar las aspiraciones de los funcionarios deseosos de ocupar un puesto de elección popular, pues se vivía bajo la regla no escrita, que resumió a la perfección Fidel Velázquez: "el que se mueve no sale en la foto". En el presidencialismo priista los actores políticos mantenían una férrea disciplina, pues la regla era que el Presidente saliente eligiera por "dedazo" a su sucesor.
Vicente Fox rompió esta regla para emprender, desde la oposición, una larga precampaña con dos años de anticipación. Ahora el principio que prevalece es el inverso: "para salir en la foto hay que moverse", imponiendo a nuestra clase política un activismo electoral que distorsiona el funcionamiento normal de la democracia. Al hacerlo se substituyó un sistema cuya premisa era la disciplina, por otro en el cual el principio es la ausencia de reglas.
Con un agravante adicional: heredamos del viejo régimen la larga duración de las campañas electorales, olvidando que bajo el presidencialismo priista las campañas políticas no estaban diseñadas para escenificar una auténtica contienda electoral, sino para plebiscitar al candidato oficial a través de sus recorridos a lo largo y ancho del país.
El diagnóstico es claro. Tenemos que rediseñar y reinventar los tiempos electorales. Al país no le conviene que los procesos electorales se prolonguen indefinidamente, o que pasemos más tiempo deliberando, que resolviendo los problemas que le aquejan.
Los mecanismos para avanzar hacia la normalidad democrática son dos: primero, limitar los tiempos electorales a no más de seis meses incluyendo la precampaña y la campaña constitucional. Y, segundo, impedir que tanto los partidos políticos como los servidores públicos hagan proselitismo fuera de los periodos electorales.
El principio que debe regir la relación entre los partidos políticos y gobierno es el de la estricta separación entre campañas electorales y gobierno. Si algún servidor público, como es el caso de Felipe Calderón, o de muchos otros más, aspira a ser candidato a un puesto de elección popular, debe renunciar a su cargo para evitar alterar la neutralidad política del gobierno.
Por encima de todos estos argumentos, existe una razón de índole práctica para dejar atrás el sistema de elección permanente: las campañas son muy costosas, y México no puede permitirse mantener una democracia onerosa: "pueblo pobre, democracia rica".
Tenemos que pasar de la euforia de la elección permanente, a la normalidad de los gobiernos eficientes. No podemos darnos el lujo de invertir cantidades estratosféricas en los procesos electorales, para que el resultado sea gobiernos mediocres con un desempeño por debajo de las expectativas suscitadas en la campaña electoral.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 06-06-04)
viernes, 19 de diciembre de 2003
It's Democracy, Stupid!
El 2002 será recordado como el año en que el PAN perdió la enorme ventaja electoral que mantenía sobre el PRI.
¿Qué fue lo que sucedió para que se invirtieran las tendencias electorales, y para que el PAN pasará de estar veinte puntos arriba del PRI, en diciembre del 2001, a veinte puntos abajo, casi un año después?
Algunos analistas han querido encontrar la respuesta en factores externos a los partidos políticos, como el deterioro de la situación económica en el Estado, los errores del gobierno de Canales, que en este año no pasó, hay que decirlo, por su mejor momento, las ejecuciones con motivo del narcotráfico, el, para algunos, “elevado gasto de las precampañas del PRI”, la pérdida de popularidad de Fox, la desilusión por el “cambio”, y el llamado “efecto convención”, entre otros.
Sin embargo, yo quisiera llamar la atención sobre un elemento de explicación, interno a los partidos políticos, hasta ahora, poco destacado: mientras que el PAN diseñó una estrategia de precampaña equivocada, y cometió errores que lo han llevado a su nivel más bajo de popularidad en los últimos años, la ausencia de una estrategia definida de precampaña, en el caso del PRI, permitió que se diera la contienda interna más competida de toda su historia.
El error de origen del PAN, fue haber subestimado la capacidad de recuperación de un PRI que, hace un año, se encontraba desarticulado, en su piso más bajo en la intención del voto, sin recursos, y sin muchas perspectivas para ganar la elección de Gobernador del 2003.
En base a lo anterior se diseñó una estrategia para “ganar en el arranque” y mantener su superioridad organizando la precampaña electoral más larga en la historia de Nuevo León, con una duración de diez meses, más extensa, aún, que la campaña constitucional para Gobernador, que tiene una duración de cuatro meses y medio.
La estrategia de “ganar en el arranque” no es mala en sí misma. Le funcionó a Fox, quien comenzó su precampaña presidencial dos años antes de la elección, y le ha funcionado a muchos otros candidatos. Pero en este caso, la estrategia se vio nulificada por unas “reglas del juego” -el reglamento de precampaña -, que se convirtieron en una “camisa de fuerza” para los precandidatos panistas.
Para comenzar, se fijó un tope de gastos de precampaña muy bajo para las dimensiones de un esfuerzo de esta magnitud. Esto dio como resultado que ninguno de sus precandidatos utilizara los medios electrónicos de comunicación para hacer proselitismo, sino hasta un par de meses antes del diez de noviembre.
Enseguida, les hizo firmar un “pacto de unidad” que les impedía atacarse entre ellos mismos, y criticar a los gobiernos de Canales y Fox. Esto dio como resultado que la precampaña adquiriera un perfil de “baja competitividad”, y que ofreciera a los electores un espectáculo de poca relevancia por sus propuestas, y por su nivel de reconocimiento a los problemas de la población.
Otro factor que influyó en la naturaleza de la elección panista, es su colegio electoral, conformado por alrededor de 8 mil electores, lo que obligó a sus precandidatos a diseñar estrategias enfocadas a un electorado cautivo, y desatender, con ello, al resto de la población no militante.
Mientras esto sucedía en el PAN, Natividad Gonzlález Parás, en solitario, organizó un desayuno en febrero para anunciar “su deseo de participar” en la “contienda interna del PRI”, en esos momentos todavía “inexistente”. Y a partir de marzo, abril y mayo, dio inicio a una campaña televisiva informando a la población sobre sus logros como Senador. En un acto de “guerrilla marketing”, Natividad irrumpió en la fiesta panista.
El PRI no presentó su reglamento de precampaña sino hasta agosto, para fijar las bases de una elección primaria, abierta a todos los ciudadanos, que se llevaría a cabo durante dos meses. La diferencia con el PAN, es que la precampaña del PRI se organizó sin que existiera un objetivo claro, ni profundas investigaciones de por medio. El resultado sorprendió a muchos, comenzando por los propios priístas, ya que la precampaña alcanzó un nivel de “competitividad” nunca antes conocido en Nuevo León.
Con esto quiero apuntar que el éxito de la precampaña del PRI se debió, en gran parte, y por más paradójico que esto pudiera parecer, a la ausencia de una estrategia clara, a reglas del juego definidas tardíamente y negociadas sobre la marcha, lo que motivó que la acción circunstancial de todos los precandidatos creara un efecto de “sinergia” que puso a funcionar a las diferentes piezas del rompecabezas priísta . En la contienda interna del PRI funcionó lo que G. Sartori llama “la autonomía de los subsistemas”, factor indispensable para que opere una Democracia.
Esto me lleva a proponer que la ventaja que ahora mantiene el PRI sobre el PAN, se debe, en gran parte, a que al PAN, como partido en el gobierno, le afectó , en los hechos, el modelo de estructura centralizado, cerrado a los ciudadanos no militantes, poco inclinado a aceptar las críticas a su desempeño, y renuente a permitir los debates realmente abiertos entre sus precandidatos.
La elección para candidato a gobernador del PRI, por el contrario, fue, por primera vez, descentralizada en su organización, con autonomía de sus actores, ligera en estructura, crítica de los errores del gobierno en turno, y cercana a los problema de la población. El conjunto de todos estos factores dio como resultado que el PRI convocara a las urnas a 350 mil ciudadanos, y viviera, el 17 de noviembre, la experiencia de su “primavera democrática”.
¡Los papeles se invirtieron!. Y esto obliga a que en el diseño de sus estrategias rumbo al 6 de julio del 2003, así como de futuras elecciones, tanto el PAN como el PRI, estén obligados a revisar con detenimiento lo acontecido en el 2002.
¿Qué fue lo que sucedió para que se invirtieran las tendencias electorales, y para que el PAN pasará de estar veinte puntos arriba del PRI, en diciembre del 2001, a veinte puntos abajo, casi un año después?
Algunos analistas han querido encontrar la respuesta en factores externos a los partidos políticos, como el deterioro de la situación económica en el Estado, los errores del gobierno de Canales, que en este año no pasó, hay que decirlo, por su mejor momento, las ejecuciones con motivo del narcotráfico, el, para algunos, “elevado gasto de las precampañas del PRI”, la pérdida de popularidad de Fox, la desilusión por el “cambio”, y el llamado “efecto convención”, entre otros.
Sin embargo, yo quisiera llamar la atención sobre un elemento de explicación, interno a los partidos políticos, hasta ahora, poco destacado: mientras que el PAN diseñó una estrategia de precampaña equivocada, y cometió errores que lo han llevado a su nivel más bajo de popularidad en los últimos años, la ausencia de una estrategia definida de precampaña, en el caso del PRI, permitió que se diera la contienda interna más competida de toda su historia.
El error de origen del PAN, fue haber subestimado la capacidad de recuperación de un PRI que, hace un año, se encontraba desarticulado, en su piso más bajo en la intención del voto, sin recursos, y sin muchas perspectivas para ganar la elección de Gobernador del 2003.
En base a lo anterior se diseñó una estrategia para “ganar en el arranque” y mantener su superioridad organizando la precampaña electoral más larga en la historia de Nuevo León, con una duración de diez meses, más extensa, aún, que la campaña constitucional para Gobernador, que tiene una duración de cuatro meses y medio.
La estrategia de “ganar en el arranque” no es mala en sí misma. Le funcionó a Fox, quien comenzó su precampaña presidencial dos años antes de la elección, y le ha funcionado a muchos otros candidatos. Pero en este caso, la estrategia se vio nulificada por unas “reglas del juego” -el reglamento de precampaña -, que se convirtieron en una “camisa de fuerza” para los precandidatos panistas.
Para comenzar, se fijó un tope de gastos de precampaña muy bajo para las dimensiones de un esfuerzo de esta magnitud. Esto dio como resultado que ninguno de sus precandidatos utilizara los medios electrónicos de comunicación para hacer proselitismo, sino hasta un par de meses antes del diez de noviembre.
Enseguida, les hizo firmar un “pacto de unidad” que les impedía atacarse entre ellos mismos, y criticar a los gobiernos de Canales y Fox. Esto dio como resultado que la precampaña adquiriera un perfil de “baja competitividad”, y que ofreciera a los electores un espectáculo de poca relevancia por sus propuestas, y por su nivel de reconocimiento a los problemas de la población.
Otro factor que influyó en la naturaleza de la elección panista, es su colegio electoral, conformado por alrededor de 8 mil electores, lo que obligó a sus precandidatos a diseñar estrategias enfocadas a un electorado cautivo, y desatender, con ello, al resto de la población no militante.
Mientras esto sucedía en el PAN, Natividad Gonzlález Parás, en solitario, organizó un desayuno en febrero para anunciar “su deseo de participar” en la “contienda interna del PRI”, en esos momentos todavía “inexistente”. Y a partir de marzo, abril y mayo, dio inicio a una campaña televisiva informando a la población sobre sus logros como Senador. En un acto de “guerrilla marketing”, Natividad irrumpió en la fiesta panista.
El PRI no presentó su reglamento de precampaña sino hasta agosto, para fijar las bases de una elección primaria, abierta a todos los ciudadanos, que se llevaría a cabo durante dos meses. La diferencia con el PAN, es que la precampaña del PRI se organizó sin que existiera un objetivo claro, ni profundas investigaciones de por medio. El resultado sorprendió a muchos, comenzando por los propios priístas, ya que la precampaña alcanzó un nivel de “competitividad” nunca antes conocido en Nuevo León.
Con esto quiero apuntar que el éxito de la precampaña del PRI se debió, en gran parte, y por más paradójico que esto pudiera parecer, a la ausencia de una estrategia clara, a reglas del juego definidas tardíamente y negociadas sobre la marcha, lo que motivó que la acción circunstancial de todos los precandidatos creara un efecto de “sinergia” que puso a funcionar a las diferentes piezas del rompecabezas priísta . En la contienda interna del PRI funcionó lo que G. Sartori llama “la autonomía de los subsistemas”, factor indispensable para que opere una Democracia.
Esto me lleva a proponer que la ventaja que ahora mantiene el PRI sobre el PAN, se debe, en gran parte, a que al PAN, como partido en el gobierno, le afectó , en los hechos, el modelo de estructura centralizado, cerrado a los ciudadanos no militantes, poco inclinado a aceptar las críticas a su desempeño, y renuente a permitir los debates realmente abiertos entre sus precandidatos.
La elección para candidato a gobernador del PRI, por el contrario, fue, por primera vez, descentralizada en su organización, con autonomía de sus actores, ligera en estructura, crítica de los errores del gobierno en turno, y cercana a los problema de la población. El conjunto de todos estos factores dio como resultado que el PRI convocara a las urnas a 350 mil ciudadanos, y viviera, el 17 de noviembre, la experiencia de su “primavera democrática”.
¡Los papeles se invirtieron!. Y esto obliga a que en el diseño de sus estrategias rumbo al 6 de julio del 2003, así como de futuras elecciones, tanto el PAN como el PRI, estén obligados a revisar con detenimiento lo acontecido en el 2002.
domingo, 12 de octubre de 2003
Nuevo gabinete: ¿El ganador se lleva todo?
El gabinete de Natividad González Parás está integrado por políticos con una larga trayectoria en el PRI, técnicos especialistas en sus áreas y ciudadanos no militantes en los partidos políticos.
En el primer círculo, el de políticos con experiencia, tenemos a figuras como Abel Guerra, Eloy Cantú, Romeo Flores Caballero, Napoleón Cantú, Rogelio Cerda, Ildelfonso Guajardo, Mario Guerrero, Lombardo Guajardo y María Elena Chapa, entre otros.
En el círculo de los funcionarios técnicos podemos ubicar a personalidades como el Secretario de Finanzas, Rubén Martínez Dondé, que es un financiero con trayectoria en los grupos empresariales de Monterrey; la Secretaria de Educación, Yolanda Blanco, una maestra normalista de toda la vida; el Secretario de Seguridad, Gral. Domingo Rodríguez Garrido, un militar de carrera; el Secretario de Salud, Dr. Gilberto Montiel, un médico cardiólogo, y la Contralora del Gobierno, Nora Livas, una funcionaria de carrera.
En la integración del círculo de los ciudadanos, el Gobernador utilizó la figura de los organismos descentralizados para incorporar a la estructura de gobierno a reconocidas personalidades de la comunidad académica, empresarial o deportiva, como Alejandra Rangel, Othón Ruiz, Guillermo Zambrano Lozano, Carlos Maldonado Quiroga, Melody Falcó, Alicia Guajardo y Alfonso Rangel Guerra, entre otros.
El gabinete no incluye, por lo menos en la primera línea, a figuras militantes del PAN, o a otras figuras de la Oposición.
¿Pluralidad o eficiencia?
Sin embargo, las críticas expresadas en torno a la falta de pluralidad del equipo del Gobernador de Nuevo León no tienen mucho sentido.
Recordemos que el triunfo de Natividad sobre Mauricio Fernández fue por una abrumadora mayoría (57 por ciento vs. 34 por ciento), lo cual deja al Gobernador en entera libertad de nombrar a un gabinete sin recurrir a los compromisos partidistas con la Oposición.
Natividad fue candidato de una "Alianza Ciudadana", y en ese sentido su compromiso está de lado de los ciudadanos y de los partidos que conformaron la coalición que lo llevó al poder.
En los sistemas presidenciales, a diferencia de los parlamentarios, el Ejecutivo no está obligado a conformar gabinetes de coalición, aun a pesar de que su triunfo haya sido por mayoría relativa, como fue el caso de Vicente Fox, quien llegó a la Presidencia de la República con el 42 por ciento de los votos, y no convocó a las fuerzas opositoras a participar en un gobierno de coalición.
En los sistemas presidenciales y de mayoría funciona el principio -querámoslo o no- "el que gana se lo lleva todo", y esto deja al gobernante en libertad de elegir a su equipo de trabajo. El espacio concebido para reflejar la pluralidad social y partidista es en el seno del Poder Legislativo, y no al interior del gabinete del Ejecutivo.
Además, para los electores el debate no está tanto en discutir la "pluralidad" o la "homogeneidad" de un equipo de gobierno, sino, ante todo, sus resultados.
De nada sirve que un gobierno sea plural si su trabajo no se ve reflejado en beneficios tangibles para la población. Esta es, de hecho, una de las razones por la que los electores castigaron al gobierno de Vicente Fox en las pasadas elecciones legislativas.
Una encuesta de Consulta Mitofski, levantada en septiembre de este año, muestra que entre las causas que provocaron la decepción frente al gobierno de Fox, está la "inexperiencia" y la "incapacidad para gobernar". Los mismos argumentos estuvieron presentes en la evaluación de la administración panista de Nuevo León en las pasadas elecciones para Gobernador, que fue juzgada por su ausencia de resultados, su inexperiencia, incapacidad e insensibilidad hacia los grupos más desprotegidos.
A diferencia de 1997, cuando se eligió a Canales como Gobernador, en el 2003, el perfil empresarial dejó de ser paradigma de capacidad gerencial en el Gobierno. Por el contrario, éste se convirtió en sinónimo de alejamiento, voracidad recaudatoria y falta de capacidad para manejar los asuntos públicos.
El reto: combinar la eficiencia con la honestidad
Gran parte del éxito de la campaña de Natividad para Gobernador fue el haber contrastado su perfil político y su cercanía con los grupos vulnerables de la población, frente al perfil empresarial y la lejanía mostrados por Mauricio Fernández.
Las recuperación electoral del PRI en las pasadas elecciones marca el regreso de los políticos al poder, pero eso conlleva también, ante los ojos de la opinión pública, el riesgo inherente de la restauración del viejo régimen, con las prácticas y los vicios que los electores reprobaron hace seis años.
El reto que enfrentan el nuevo Gobernador de Nuevo León y su equipo de trabajo está en combinar la experiencia en la conducción de la gestión de los asuntos públicos que le da su círculo político de colaboradores, con la eficiencia y la participación social que le aseguran sus círculos de colaboradores técnicos y ciudadanos.
El reto es conformar un gobierno de resultados, que combine la experiencia y la eficiencia administrativa con la cercanía y la honestidad.
La combinación de los círculos políticos, técnicos y ciudadanos en un mismo equipo, es un experimento interesante, que puede marcar una nueva vía hacia modelos de gestión pública más eficientes, sin que por ello se descuide la sensibilidad social y la honestidad.
¡El reto está en construir un nuevo modelo de gestión hacia el futuro, no en regresar al pasado!
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 12-10-03)
sábado, 23 de agosto de 2003
Nati y el reto de la sintonía ciudadana
Ya como Gobernador, el reto de Nati es que la estrategia del nuevo gobierno cumpla con las expectativas de los electores que le dieron el triunfo.
Por no haberse detenido a analizar los factores clave de su victoria en 1997, Canales perdió la conexión emocional con los electores que hicieron el "swing" a favor del cambio, y que, grosso modo, eran electores de la clase media baja con expectativas de mejorar sus empleos, residentes de las colonias populares de Guadalupe, Monterrey y los municipios de la zona citrícola.
La estrategia de gobierno de Canales estuvo más enfocada a satisfacer la doctrina y valores de los electores duros del PAN, que las necesidades materiales de sus electores volátiles.
Un voto a favor de lo social
Es claro que en el voto a favor de la Alianza Ciudadana hay una dosis de voto de castigo en contra del desempeño del Gobierno de Canales. Una encuesta telefónica de EL NORTE del 11 de julio, muestra que, en el voto a favor de la Alianza Ciudadana, "la decepción por el PAN" (69 por ciento) fue más importante que "la confianza en el PRI" (23 por ciento). Sin embargo, este dato oculta, en realidad, las verdaderas razones que movieron a los electores a votar por Nati.
Una encuesta levantada por BCG en abril, muestra que en la lógica de voto el tema social prevaleció por encima del tema moral. Por primera vez desde 1997, los encuestados no identificaron al PAN con el "cambio" (38 vs. 57 por ciento), ni lo consideraron "cercano a la gente" (38 vs. 55 por ciento). Al PRI, por el contrario, lo relacionaron con un "gobierno con sentido social" (62 Vs. 29 por ciento).
En cuanto a la lógica de voto a favor de Nati, el 51 por ciento de los encuestados respondió que lo harían por "su plan de desarrollo social para ayudar a los grupos vulnerables"; 15 por ciento por "su experiencia y capacidad para gobernar"; 14 por ciento por "su visión para combatir los principales problemas del Estado"; y 12 por ciento porque "es amable, sencillo, y cercano a al gente".
En el caso de Mauricio, el 26 por ciento de los encuestados no mencionó razón alguna para votar por él; el 22 por ciento lo haría "porque su éxito como empresario garantizaría que sería un buen Gobernador"; otro 22 por ciento "porque tendría el apoyo de Fox"; 14 por ciento "porque tiene carácter, por lo cual no se dejaría manejar"; y 12 por ciento porque "representa un cambio", 28 por ciento de los que no votarían por Mauricio invocó su "carácter prepotente".
Estos datos nos arrojan las siguientes conclusiones:
1. En el 2003, el PAN pierde su posicionamiento en el tema representado por el binomio cambio/economía.
2. El PRI (Alianza Ciudadana), por su parte, recupera su ventaja en el tema de la "sensibilidad social".
3. Los electores que votaron por Nati, lo hicieron motivados por una lógica muy clara de voto: sus propuestas a favor de los grupos vulnerables.
4. Mauricio no logró comunicar a los electores las razones para votar por él. Su campaña, a diferencia de la de Nati, fue más de imagen que de propuestas, más táctica que estratégica.
5. En la elección del 2003 prevalecieron los temas social y cercanía, frente a cambio y empleo, que dominaron en 1997.
La inseguridad como telón de fondo
Una vez establecida la lógica de voto que prevaleció el 6 de julio, es necesario comentar un hecho a todas luces paradójico. La totalidad de las encuestas preelectorales marcaban a la "inseguridad" como la principal preocupación de los ciudadanos. Y, sin embargo, el mensaje de Nati se orientó hacia al tema social.
Este dato curioso -que demuestra que el diseño de la estrategia no se hizo "by the book"- merece dos comentarios:
1. Si bien el tema de la inseguridad no se manejó como elemento integral del mensaje de campaña, sí formó parte de la estrategia de referéndum al desempeño del gobierno de Canales: ¡La inseguridad no le dio el triunfo a Nati, pero sí le quitó votos al PAN!
2. El siguiente aspecto es la congruencia entre el diseño del mensaje y los atributos del candidato. El mensaje de Nati a favor de las propuestas sociales fue totalmente congruente con sus fortalezas de cercanía y sensibilidad social. Mauricio, por su parte, cayó en contradicción al querer subsanar su más clara debilidad -la lejanía- con un mensaje de cercanía que no corresponde a sus atributos más visibles. De ahí que su lema "Mauricio está con la gente" careciera de la credibilidad suficiente para ganar.
Lo anterior nos sugiere que otro de los objetivos prioritarios en la estrategia de gobierno de Nati es el tema del combate a la inseguridad. Si bien esta preocupación no se incorporó explícitamente al mensaje de campaña, sí estuvo presente como una especie de telón de fondo del tema social.
El mandato que se desprende de las elecciones es que el nuevo gobierno debe focalizar su atención en dos objetivos prioritarios: la propuesta social y el combate a la inseguridad, todo esto enmarcado en un estilo de gobierno cercano y con sensibilidad social. En la campaña permanente por mantener la sintonía ciudadana, el reto de Nati consiste en diseñar una estrategia de gobierno enfocada en dar respuesta a las expectativas expresadas por los electores el pasado 6 de julio.
La clave del éxito del próximo gobierno es mantener la sintonía emocional con los electores que lo llevaron al triunfo. Como señaló en una entrevista reciente Dick Morris, en el objetivo de permanecer sintonizado con los electores "la campaña nunca termina y el gobierno nunca empieza. Un político que se posiciona y no sigue en campaña, corre muy rápido el riesgo de perder el poder".
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 23-08-03)
Por no haberse detenido a analizar los factores clave de su victoria en 1997, Canales perdió la conexión emocional con los electores que hicieron el "swing" a favor del cambio, y que, grosso modo, eran electores de la clase media baja con expectativas de mejorar sus empleos, residentes de las colonias populares de Guadalupe, Monterrey y los municipios de la zona citrícola.
La estrategia de gobierno de Canales estuvo más enfocada a satisfacer la doctrina y valores de los electores duros del PAN, que las necesidades materiales de sus electores volátiles.
Un voto a favor de lo social
Es claro que en el voto a favor de la Alianza Ciudadana hay una dosis de voto de castigo en contra del desempeño del Gobierno de Canales. Una encuesta telefónica de EL NORTE del 11 de julio, muestra que, en el voto a favor de la Alianza Ciudadana, "la decepción por el PAN" (69 por ciento) fue más importante que "la confianza en el PRI" (23 por ciento). Sin embargo, este dato oculta, en realidad, las verdaderas razones que movieron a los electores a votar por Nati.
Una encuesta levantada por BCG en abril, muestra que en la lógica de voto el tema social prevaleció por encima del tema moral. Por primera vez desde 1997, los encuestados no identificaron al PAN con el "cambio" (38 vs. 57 por ciento), ni lo consideraron "cercano a la gente" (38 vs. 55 por ciento). Al PRI, por el contrario, lo relacionaron con un "gobierno con sentido social" (62 Vs. 29 por ciento).
En cuanto a la lógica de voto a favor de Nati, el 51 por ciento de los encuestados respondió que lo harían por "su plan de desarrollo social para ayudar a los grupos vulnerables"; 15 por ciento por "su experiencia y capacidad para gobernar"; 14 por ciento por "su visión para combatir los principales problemas del Estado"; y 12 por ciento porque "es amable, sencillo, y cercano a al gente".
En el caso de Mauricio, el 26 por ciento de los encuestados no mencionó razón alguna para votar por él; el 22 por ciento lo haría "porque su éxito como empresario garantizaría que sería un buen Gobernador"; otro 22 por ciento "porque tendría el apoyo de Fox"; 14 por ciento "porque tiene carácter, por lo cual no se dejaría manejar"; y 12 por ciento porque "representa un cambio", 28 por ciento de los que no votarían por Mauricio invocó su "carácter prepotente".
Estos datos nos arrojan las siguientes conclusiones:
1. En el 2003, el PAN pierde su posicionamiento en el tema representado por el binomio cambio/economía.
2. El PRI (Alianza Ciudadana), por su parte, recupera su ventaja en el tema de la "sensibilidad social".
3. Los electores que votaron por Nati, lo hicieron motivados por una lógica muy clara de voto: sus propuestas a favor de los grupos vulnerables.
4. Mauricio no logró comunicar a los electores las razones para votar por él. Su campaña, a diferencia de la de Nati, fue más de imagen que de propuestas, más táctica que estratégica.
5. En la elección del 2003 prevalecieron los temas social y cercanía, frente a cambio y empleo, que dominaron en 1997.
La inseguridad como telón de fondo
Una vez establecida la lógica de voto que prevaleció el 6 de julio, es necesario comentar un hecho a todas luces paradójico. La totalidad de las encuestas preelectorales marcaban a la "inseguridad" como la principal preocupación de los ciudadanos. Y, sin embargo, el mensaje de Nati se orientó hacia al tema social.
Este dato curioso -que demuestra que el diseño de la estrategia no se hizo "by the book"- merece dos comentarios:
1. Si bien el tema de la inseguridad no se manejó como elemento integral del mensaje de campaña, sí formó parte de la estrategia de referéndum al desempeño del gobierno de Canales: ¡La inseguridad no le dio el triunfo a Nati, pero sí le quitó votos al PAN!
2. El siguiente aspecto es la congruencia entre el diseño del mensaje y los atributos del candidato. El mensaje de Nati a favor de las propuestas sociales fue totalmente congruente con sus fortalezas de cercanía y sensibilidad social. Mauricio, por su parte, cayó en contradicción al querer subsanar su más clara debilidad -la lejanía- con un mensaje de cercanía que no corresponde a sus atributos más visibles. De ahí que su lema "Mauricio está con la gente" careciera de la credibilidad suficiente para ganar.
Lo anterior nos sugiere que otro de los objetivos prioritarios en la estrategia de gobierno de Nati es el tema del combate a la inseguridad. Si bien esta preocupación no se incorporó explícitamente al mensaje de campaña, sí estuvo presente como una especie de telón de fondo del tema social.
El mandato que se desprende de las elecciones es que el nuevo gobierno debe focalizar su atención en dos objetivos prioritarios: la propuesta social y el combate a la inseguridad, todo esto enmarcado en un estilo de gobierno cercano y con sensibilidad social. En la campaña permanente por mantener la sintonía ciudadana, el reto de Nati consiste en diseñar una estrategia de gobierno enfocada en dar respuesta a las expectativas expresadas por los electores el pasado 6 de julio.
La clave del éxito del próximo gobierno es mantener la sintonía emocional con los electores que lo llevaron al triunfo. Como señaló en una entrevista reciente Dick Morris, en el objetivo de permanecer sintonizado con los electores "la campaña nunca termina y el gobierno nunca empieza. Un político que se posiciona y no sigue en campaña, corre muy rápido el riesgo de perder el poder".
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 23-08-03)
sábado, 19 de julio de 2003
La derrota de Mauricio
De todas las explicaciones mencionadas en la derrota del PAN del 6 de julio, la que más retiene la atención de los panistas es el método de elección de candidato puesto en marcha en el 2002. Haber optado por una elección cerrada, que se desarrolló entre 8 mil militantes, frente a la elección abierta del PRI, que convocó a 350 mil electores, parece ser un argumento suficiente para explicar su derrota.
Sin embargo, a pesar de lo atractivo del argumento, hay que tomar en cuenta que si el factor "elecciones primarias" fuese determinante en el resultado de la elección, Labastida (elección abierta) no hubiese perdido frente a Fox (elección cerrada) en las elecciones del 2000.
Propongo ampliar la perspectiva y ubicar el análisis de la elección del 2003 dentro de las secuelas de la crisis económica de 1995, determinante también en el resultado de las elecciones de 1997 y del 2000.
¡Sigue siendo la economía!
En las elecciones intermedias de 1997, el gobierno de Zedillo y el PRI fueron duramente castigados a causa de los estragos de la crisis económica. En tres años de gobierno de Zedillo, el PRI perdió cinco y medio millones de electores, su peor debacle electoral y antesala de la derrota presidencial del 2000.
Ese mismo año, Canales llegó a la Gubernatura de Nuevo León con 655 mil votos y la promesa de generar un "cambio". El mensaje de Canales fue "crear más y mejores empleos". Su perfil empresarial motivó a los electores a considerar que "si creó empleos como empresario, los crearía también como gobernador".
Los mexicanos que votaron por el "cambio" en el 2000 lo hicieron bajo los efectos de la crisis en sus economías familiares y con la expectativa de que "sacar al PRI de Los Pinos" era una condición para que el País ingresara de lleno al Siglo 21 y creciera al 7 por ciento anual, como lo prometió Fox.
Tres años después, la caída de Fox en las elecciones intermedias es más estrepitosa que la de Zedillo en el 97, ya que con 7 millones 800 mil votos, el PAN perdió a la mitad de sus electores.
Una encuesta de Mitofsky levantada en Nuevo León en septiembre del 2002 ponía de manifiesto que el 60.8 por ciento de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey estaba en desacuerdo con la forma de gobernar de Fox. El 58.9 por ciento consideró que su situación económica estaba "peor o igual" que un año atrás, frente al 38.8 por ciento que afirmó que su situación era "mejor o igual de bien".
La encuesta reveló que, a diferencia del 97, cuando funcionó el "efecto Canales", los electores ya no consideran el origen empresarial de los candidatos como sinónimo de buen desempeño gubernamental. Al preguntárseles sobre los atributos que debería tener el próximo gobernador, el 85.8 por ciento respondió: "Alguien con experiencia para gobernar". Tan sólo 10.2 por ciento se inclinó por "alguien con experiencia como empresario".
El efecto Mauricio
La elección interna del PAN no fracasó por el hecho de ser cerrada. Fracasó al postular a un candidato con un liderazgo y un perfil empresariales similares a los de Canales. La imagen que proyectó la precampaña de Mauricio con su lema "reservado para Mauricio", su mensaje de "cien años de panismo me respaldan" y su estilo "excéntrico" -en palabras de los electores- fueron razones para que los votantes juzgaran que la alternativa que les ofrecía el PAN para los próximos seis años era "más de lo mismo".
En la campaña constitucional, Mauricio quiso desmarcarse del "estilo Canales" con el lema "Mauricio está con la gente". Sin embargo, la ausencia de un verdadero contenido social en su propuesta evitó que su mensaje de cercanía rompiese con el estereotipo de la insensibilidad social.
Mauricio fue incapaz de restablecer la conexión emocional que el gobierno del PAN perdió con los electores. No tuvo una propuesta económica coherente; no supo deslindarse de los "agravios económicos" del gobierno en turno, como los sobrecobros en Agua y Drenaje, las obras faraónicas sin contenido social (el Puente Atirantado), o la intolerancia frente a los comerciantes ambulantes; no marcó una distancia -salvo al final en un spot de mea culpa- frente al alza de las tarifas eléctricas, tampoco dijo nada acerca del intento foxista de gravar con el 15 por ciento de IVA a los alimentos y medicinas.
El efecto Nati
Hay otros factores políticos que explican la debacle de Mauricio, como la ausencia de candidatos de peso en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey; una estrategia de campaña zigzagueante que arrancó con un tema (la cercanía con la gente) y terminó con otro (la "dureza" de su carácter); sus declaraciones en torno a la legalización de la droga y al aumento de las cuotas en la UANL; la "guerra sucia"; y el colapso de su estructura de movilización electoral.
Pero todos estos factores no hicieron sino magnificar el factor decisivo: el fracaso de los gobiernos panistas para cumplir con las expectativas de cambio económico que en el 97 y en el 2000 los llevaron al poder.
La victoria de Nati tiene también un factor decisivo: el mensaje a favor de la recuperación de la economía familiar y un estilo de liderazgo opuesto al de Canales (el factor "Nati", o el "anti-Canales").
La lección que nos queda es que si los gobiernos y los candidatos quieren restablecer la conexión emocional con los ciudadanos, deben construir una alternativa de gobierno que atienda el deterioro de la economía doméstica.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 19-07-03)
Sin embargo, a pesar de lo atractivo del argumento, hay que tomar en cuenta que si el factor "elecciones primarias" fuese determinante en el resultado de la elección, Labastida (elección abierta) no hubiese perdido frente a Fox (elección cerrada) en las elecciones del 2000.
Propongo ampliar la perspectiva y ubicar el análisis de la elección del 2003 dentro de las secuelas de la crisis económica de 1995, determinante también en el resultado de las elecciones de 1997 y del 2000.
¡Sigue siendo la economía!
En las elecciones intermedias de 1997, el gobierno de Zedillo y el PRI fueron duramente castigados a causa de los estragos de la crisis económica. En tres años de gobierno de Zedillo, el PRI perdió cinco y medio millones de electores, su peor debacle electoral y antesala de la derrota presidencial del 2000.
Ese mismo año, Canales llegó a la Gubernatura de Nuevo León con 655 mil votos y la promesa de generar un "cambio". El mensaje de Canales fue "crear más y mejores empleos". Su perfil empresarial motivó a los electores a considerar que "si creó empleos como empresario, los crearía también como gobernador".
Los mexicanos que votaron por el "cambio" en el 2000 lo hicieron bajo los efectos de la crisis en sus economías familiares y con la expectativa de que "sacar al PRI de Los Pinos" era una condición para que el País ingresara de lleno al Siglo 21 y creciera al 7 por ciento anual, como lo prometió Fox.
Tres años después, la caída de Fox en las elecciones intermedias es más estrepitosa que la de Zedillo en el 97, ya que con 7 millones 800 mil votos, el PAN perdió a la mitad de sus electores.
Una encuesta de Mitofsky levantada en Nuevo León en septiembre del 2002 ponía de manifiesto que el 60.8 por ciento de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey estaba en desacuerdo con la forma de gobernar de Fox. El 58.9 por ciento consideró que su situación económica estaba "peor o igual" que un año atrás, frente al 38.8 por ciento que afirmó que su situación era "mejor o igual de bien".
La encuesta reveló que, a diferencia del 97, cuando funcionó el "efecto Canales", los electores ya no consideran el origen empresarial de los candidatos como sinónimo de buen desempeño gubernamental. Al preguntárseles sobre los atributos que debería tener el próximo gobernador, el 85.8 por ciento respondió: "Alguien con experiencia para gobernar". Tan sólo 10.2 por ciento se inclinó por "alguien con experiencia como empresario".
El efecto Mauricio
La elección interna del PAN no fracasó por el hecho de ser cerrada. Fracasó al postular a un candidato con un liderazgo y un perfil empresariales similares a los de Canales. La imagen que proyectó la precampaña de Mauricio con su lema "reservado para Mauricio", su mensaje de "cien años de panismo me respaldan" y su estilo "excéntrico" -en palabras de los electores- fueron razones para que los votantes juzgaran que la alternativa que les ofrecía el PAN para los próximos seis años era "más de lo mismo".
En la campaña constitucional, Mauricio quiso desmarcarse del "estilo Canales" con el lema "Mauricio está con la gente". Sin embargo, la ausencia de un verdadero contenido social en su propuesta evitó que su mensaje de cercanía rompiese con el estereotipo de la insensibilidad social.
Mauricio fue incapaz de restablecer la conexión emocional que el gobierno del PAN perdió con los electores. No tuvo una propuesta económica coherente; no supo deslindarse de los "agravios económicos" del gobierno en turno, como los sobrecobros en Agua y Drenaje, las obras faraónicas sin contenido social (el Puente Atirantado), o la intolerancia frente a los comerciantes ambulantes; no marcó una distancia -salvo al final en un spot de mea culpa- frente al alza de las tarifas eléctricas, tampoco dijo nada acerca del intento foxista de gravar con el 15 por ciento de IVA a los alimentos y medicinas.
El efecto Nati
Hay otros factores políticos que explican la debacle de Mauricio, como la ausencia de candidatos de peso en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey; una estrategia de campaña zigzagueante que arrancó con un tema (la cercanía con la gente) y terminó con otro (la "dureza" de su carácter); sus declaraciones en torno a la legalización de la droga y al aumento de las cuotas en la UANL; la "guerra sucia"; y el colapso de su estructura de movilización electoral.
Pero todos estos factores no hicieron sino magnificar el factor decisivo: el fracaso de los gobiernos panistas para cumplir con las expectativas de cambio económico que en el 97 y en el 2000 los llevaron al poder.
La victoria de Nati tiene también un factor decisivo: el mensaje a favor de la recuperación de la economía familiar y un estilo de liderazgo opuesto al de Canales (el factor "Nati", o el "anti-Canales").
La lección que nos queda es que si los gobiernos y los candidatos quieren restablecer la conexión emocional con los ciudadanos, deben construir una alternativa de gobierno que atienda el deterioro de la economía doméstica.
(Este artículo se publicó en el periódico El Norte el 19-07-03)
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